Sindicatos serán escuchados en Ley de Función Pública

El Equipo Impulsor de la ley, el Ministerio de Trabajo y los diputados coincidieron en involucrar a este sector

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La ley de la Función Pública permitiría la estabilidad laboral de los empleados públicos ante cambios de funcionarios por nuevo Gobierno

/ Foto Por elsalv

Por Enrique Miranda

2019-09-05 4:09:21

“Los sindicatos plantean que este seno debe propiciar la construcción de una especie de taller donde lleve la participación fuerte de cada uno de ellos”, les expuso el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a los diputados de la Comisión ad hoc para la Ley de Función Pública.

Ese fue el principal llamado que hizo el representante del gobierno a la Asamblea, quien ha sido miembro de grupos sindicales municipales.

La petición tuvo eco entre la comisión y el Equipo Impulsor de la referida ley.

“Es difícil construir un anteproyecto de esta naturaleza dándole 15 minutos a los sindicatos y federaciones para discutir un tema tan delicado como este. Se han incorporado 8 sindicatos al debate y en esa hoja de ruta vamos a recibir sindicatos”, le externó el presidente de la comisión, el arenero René Portillo Cuadra.

Lo secundó el efemelenista Daniel Reyes: “Hay consenso de todos los participantes (de la comisión) que debe haber una amplia consulta, con diferentes sectores de organización laboral”.

Claudia Umaña, representante de DTJ dentro del Equipo Impulsor, también consideró necesario incluirlos.

“Tenemos que buscar un equilibrio entre el legado que ustedes van a dejar al país, porque los ciudadanos del siglo XXI quieren servicios de calidad, pero con las preocupaciones que puedan tener los sindicatos”, les dijo a los diputados.

Modernizar

El Equipo Impulsor urgió a los diputados la aprobación de esta ley pues a su juicio es urgente modernizar leyes que datan de más de 50 años y que impiden un buen desempeño de la función pública.

“Los diagnósticos han demostrado que la selección de los ascensos y la desvinculación de los servidores públicos han ocurrido con altísimos graves de discrecionalidad”, indicó José Marinero, de DTJ y ejemplificó que según un reciente estudio de 2,600 nuevas contrataciones en el Estado en 2018 apenas menos de un cuarto de estas se hicieron con un concurso previo.

“Estos datos deben invitar a la reforma del marco jurídico de la función publica. Significaría estabilidad y la oportunidad de desarrollo profesional que nunca han tenido (los empleados públicos)”, resumió.

Por su parte Sofía de la O, también de DTJ, se mostró a favor de la creación de “una verdadera carrera administrativa”, a través de esta nueva ley.

También explicó que se requiere la creación de un ente rector de esta ley que tenga la capacidad de velar por su cumplimiento pero que no genere muchos gastos.