De “peligroso” califican abogados consultados por El Diario de Hoy la conducta mostrada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, en la interpelación que la Asamblea le hizo el viernes pasado.
A juicio de los especialistas, el funcionario reveló en sus declaraciones que cualquier orden que reciba del presidente Nayib Bukele, aunque sea “ilegítima”, el funcionario la toma como “constitucional” porque tiene el respaldo del voto popular que recibió el mandatario para llegar a la presidencia.
> Ministro de Defensa se rehúsó revelar quién le ordenó militarizar la Asamblea el 9 de febrero
“Las órdenes que da el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada son igualmente legales porque él ha sido electo por la gran mayoría de los ciudadanos y de acuerdo a la ley y a la Constitución. El juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las órdenes que me da son en ese sentido”, explicó Merino Monroy en su interpelación.
“Es inverosímil” que nadie haya dado orden de irrumpir con soldados en la Asamblea, dicen abogados
“Se supone que el presidente actúa con base a la legalidad, pero si la orden es ilegal está obligado a decirle al presidente que no la cumple, porque antes de la lealtad al presidente está la lealtad a la Constitución. Eso (que dice Merino Monroy) se le llama la obediencia debida, que se usó como excusa para matar gente en otra época, eso ya no se acepta”, explicó el abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo.
Al respecto, René Portillo Cuadra, de ARENA, debido a la postura de Merino Monroy en la interpelación, le increpó que si el presidente Bukele le ordenaba supervisar una masacre él también lo haría, así como supervisó la toma de la Asamblea el 9 de febrero, pero el ministro le respondió que no podía contestar sobre un caso hipotético.
“Aquí viene el tema de la negligencia que un ministro diga que aceptará una orden, independientemente de que es legal o no, es casi una confesión de sedición”, expresó el diputado tricolor.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, explica que, si bien el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas, no existe una “obligación de obedecer órdenes ilegales; un militar se puede negar a cumplir órdenes que sean claramente ilegales y sobre todo a no cumplir órdenes que afecten los derechos fundamentales”.
En opinión de Anaya, la estrategia que usó el ministro de la Defensa en su interpelación fue decir que cumplió con una orden constitucional para evitar incurrir en la “confesión de un acto ilegal”.