Ante las evasivas del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, a las preguntas de los diputados de quién le dio la orden de ingresar al Salón Azul con el Ejército, abogados como Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, advierten que es “inverosímil” que el funcionario niegue su participación en la “militarización” del Congreso el 9 de febrero.
“Es un poco inverosímil creer que ese dispositivo no tuvo de ninguna manera alguna opinión de parte del Ministro (Merino Monroy), obviamente esa es la estrategia, llegar a plantear que todo ocurrió dentro de los cauces normales, que fue una decisión difusa, porque no hay responsable, parece que nadie tuvo responsabilidad y que la decisión se tomó por sí sola”, manifestó Escobar.
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Y es que Merino Monroy ha llegado a decir a la Asamblea que su presencia en el Salón Azul el 9 de febrero solo fue para “verificar” que todo lo que estaba pasando en la Asamblea estaba dentro de lo normal, que no se trató de un “operativo militar”, sino de “procedimientos de operativos normales”.
“Es lamentable que no esté contestando como se le pregunta, él tendría la oportunidad de desvanecer cualquier señalamiento que pueda tener. Llama la atención que, pese a que el ministro de la Defensa, acepte que tiene el control sobre el aparato militar, diga que no ha participado de ninguna decisión y que no ha tenido intervención en esa fecha”, manifestó Escobar.
El director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, expresó que “a pesar de las evasivas y faltas de respuesta, fue clarísimo lo que pasó el 9F, la militarización quedó en evidencia no solo a nivel nacional sino que también internacional, y es alejado de la realidad señalar que la presencia militar se debió a brindar algún tipo de seguridad”.
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Escobar señala que el resultado de la interpelación tal vez no traiga consecuencias más allá de una recomendación del Órgano Legislativo al presidente Nayib Bukele de destituir al ministro de la Defensa y de la falta de confianza que su actitud generará en las fracciones partidarias de oposición; sin embargo, observa que en su interpelación reveló una posición que podría constituirse en un riesgo para El Salvador.
“Lo dijo ahora, que toda decisión del presidente (Bukele) es legal porque tiene el respaldo de la población que lo eligió con su voto, es preocupante porque el Ministro está basando la legalidad de las decisiones que recibe del presidente no porque estén amparadas en la ley, sino bajo el criterio que el Presidente fue electo por la mayoría y por eso son legales, eso lleva a que el Ministro acate cualquier orden, aunque sea ilegal”, aseveró Escobar.