Escenario 1: La Presidencia de la República y la Asamblea se ponen de acuerdo y elaboran nuevos protocolos para la reapertura económica o retoman, con apego a los parámetros de la Sala de lo Constitucional, los ya emitidos, antes del 23 de agosto.
Escenario 2: Antes del 23 de agosto, la Sala resuelve la controversia promovida por el presidente Bukele y declara constitucional el decreto legislativo 661, que contiene el plan de reactivación elaborado por la Asamblea.
Escenario 3: No se ponen de acuerdo, la Sala no resuelve la controversia y la economía queda libre, por lo cual los empresarios, los industriales, el comercio y otros sectores arman sus propios protocolos. La prevención queda en manos de la ciudadanía.
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Esto, a juicio de abogados conocedores de la materia, es lo que puede pasar en los próximos días a partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que invalida el Decreto Ejecutivo 32, el cual contiene los protocolos para una progresiva reapertura económica, pero con el vicio de inconstitucionalidad de restringir derechos fundamentales de los salvadoreños por exclusiva decisión del Poder Ejecutivo.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional dicho decreto presidencial porque vulnera derechos de las personas, al suspender el transporte público, las operaciones del comercio y la industria y otros sectores, cuando la Constitución establece que estas libertades solo pueden restringirse con el aval de la Asamblea Legislativa.
El máximo tribunal dejó establecido que el presidente Bukele o sus funcionarios no pueden, por sí y ante sí, vía decretos ejecutivos, limitar los derechos constitucionales de los salvadoreños ni decidir sobre las fases de la reapertura económica, sino que, para cualquier efecto en ese sentido, necesitan de la aprobación de la Asamblea Legislativa y sujetarse a la Constitución.
La Sala mantiene vigente el decreto presidencial hasta el 23 de agosto, dando margen para que el Ejecutivo y la Asamblea se pongan de acuerdo y “la Asamblea emita una nueva ley y sea sancionada por el presidente Bukele”, explicó a EL DIARIO DE HOY el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien ve este escenario “políticamente difícil”.
El otro escenario, que la Sala de lo Constitucional resuelva la controversia sobre el decreto legislativo 661, que contiene la reapertura preparada por la Asamblea, “es jurídicamente factible, pero improbable”, porque, a juicio de Anaya, la Sala no resolverá antes del 23 de agosto, esperando que la Asamblea y la Presidencia se pongan de acuerdo.
“La Sala atribuye vigencia al decreto 32 hasta el 23 de agosto, porque de esa forma, queda a la espera que la Asamblea y Casa Presidencial lleguen a un acuerdo y, de esa forma, ella evita pronunciarse o, en todo caso, emite otra sentencia meramente simbólica…”, explica.
“Por eso, si no hay nueva ley, cabe esperar que la Sala no se pronunciará sobre el decreto legislativo 661 hasta después del 23 de agosto”, enfatizó.
Bukele, por su parte, ya adelantó lo que podría pasar: “nos obligan a reabrir todo de golpe el 23 de agosto, sin protocolos…”.
Sin embargo, Anaya ve posible que no se emita una ley y que la Presidencia, con algunos cambios, disponga nuevos decretos ejecutivos, a pesar de que la Sala le ha advertido que serían inválidos y “porque CAPRES ya sabe que la Sala tarda meses en resolver lo que debería hacerse en unos 3 a 5 días”.
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“Que no exista nueva ley ni decisión de la Sala: posible, pero de escasa expectativa, pues supondría que al no existir norma específica, la lucha contra la pandemia dependerá de la responsabilidad ciudadana”, dice Anaya.
Por su parte, la abogada Ruth Eleonora López considera que el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa deberían llegar a un acuerdo. Esa podría ser una salida.Otro camino es que la Sala resuelva sobre el proceso de controversia promovido por Bukele contra el decreto legislativo 661 y, a juicio de la abogada, es muy probable que esto pase.
La profesional, que ha cuestionado e incluso presentado demandas contra este tipo decretos en la Sala, advirtió que el presidente ya no puede emitir más decretos como el 32 porque no tendrán validez.“El Ejecutivo tiene que acatar la sentencia”, dijo la abogada.
Pese a que la Sala advirtió que si se emitía un nuevo decreto presidencial similar o igual al invalidado no tendría ningún efecto, el Ministerio de Salud emitió ayer el decreto ejecutivo 33, con el cual pretende decidir que la fase 1 de la reapertura no concluir el 20 de agosto, sino el 23.
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Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, el Movimiento Libertad y otras organizaciones cívicas advirtieron ayer mismo que este decreto “es nulo” por intentar seguir decidiendo sobre la reapertura mediante un decreto declarado inconstitucional. Al mismo tiempo, piden a la Fiscalía que promueva acciones ilegales “contra estas conductas antijurídicas”.
¿POR QUÉ ES INCONSTITUCIONAL EL DECRETO EJECUTIVO 32?
Porque restringe derechos de los salvadoreños(libertad económica, de movimiento, transporte) por la sola decisión del Poder Ejecutivo, cuando esto debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Es decir, una decisión de estas no puede quedar en manos de una sola persona o grupo de personas, sino partir de un consenso político y social responsable.
20 DE AGOSTO: Inicio de la segunda fase de la reapertura económica según el Decreto Ejecutivo 32. Esta fase se ha pospuesto ya una vez.
23 DE AGOSTO: Concluye la vigencia del Decreto Ejecutivo 32.
24 DE AGOSTO: Si no se establecen nuevos protocolos por acuerdo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, la economía se libera y queda bajo responsabilidad de los ciudadanos, empresas, industria y otros sectores la prevención sanitaria en sus áreas.