Pese a que la Sala de lo Constitucional advirtió que si se emitía un nuevo decreto presidencial similar o igual al invalidado Decreto Ejecutivo 32 no tendría ningún efecto, el Ministerio de Salud emitió ayer el decreto ejecutivo 33, con el cual pretende decidir que la fase 1 de la reapertura no concluya el 20 de agosto, sino el 23.
De inmediato, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos, el Movimiento Libertad y otras organizaciones cívicas advirtieron que este decreto “es nulo” por intentar seguir decidiendo sobre la reapertura mediante un decreto, el 32, declarado inconstitucional.
La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, que contiene el programa y protocolos para la reapertura progresiva de la economía, pero ordenó que siguiera vigente hasta el 23 de agosto, dando margen a la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República para preparar otra normativa apegada a la Constitución.
El vicio de inconstitucionalidad del decreto 32 es que restringe derechos de los ciudadanos y, por tanto, debió ser emitido por la Asamblea Legislativa y no por el Poder Ejecutivo.
La Sala de lo Constitucional ha dicho que, de acuerdo con la Constitución, las normativas que impliquen suspender o limitar derechos de los ciudadanos sólo pueden ser emitidas por el Poder Legislativo, porque supone amplio consenso político y social, y no por una sola persona o grupo.
La misma Sala dijo en su sentencia que las autoridades quedaban “inhabilitadas” para repetir o reproducir decretos iguales o similares al que fue invalidado.
“El Decreto 33 del Ejecutivo en el Ramo de Salud es nulo pues repite los vicios de inconstitucionalidad ya señalados por la máxima autoridad judicial del país”, advierten las organizaciones cívicas.
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En lo sucesivo y hasta el 23 de agosto, la única normativa que regula la situación de la pandemia es el Decreto Ejecutivo 32, explicaron.
Solo si los órganos Legislativo y Ejecutivo se ponen de acuerdo emitiendo una ley como la Constitución manda se podrán regular más allá de esa fecha las suspensiones y limitaciones de derechos de los ciudadanos, agregaron.
Al mismo tiempo, piden a la Fiscalía que promueva acciones ilegales “contra estas conductas antijurídicas” de estar emitiendo decretos que la Sala ha dicho que no tendrán efecto.
El comunicado está firmado por otras organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).