La quema de un microbús de la Ruta 140, registrada la madrugada del lunes en la jurisdicción de Apopa, al norte de San Salvador, ha generado incertidumbre en el gremio de transporte público. Los empresarios temen que este hecho desencadene más atentados de estructuras criminales contra dueños de las unidades, empleados o pasajeros.
Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte Inversiones y Negocios (Fecoatrans), declaró a El Diario de Hoy que este es el primer ataque de este tipo registrado en el año.
Esto les provoca zozobra porque aún desconocen las razones por las que varios hombres obligaron al motorista del microbús y a los pasajeros a bajarse de la unidad para luego llevársela al cantón Guadalupe, de Apopa, donde la incendiaron.
A las 4:45 a.m., los delincuentes abordaron la unidad y cuando circulaba por la plaza Schafik Hándal, entre la calle al Volcán y calle La Gloria, en Mejicanos, obligaron a los ocupantes a bajarse y luego llevaron el microbús hasta la calle que lleva a la planta de generación de energía Nejapa Power.
La Ruta 140 hace su recorrido entre el municipio de San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán, y el municipio de Apopa.
“Esto siembra incertidumbre porque teníamos todo el año sin registrar estos atentados… Nos pone en alerta a todos; esto es peligroso porque un atentado contra el transporte colectivo causa tanto impacto. Ahora esperamos ver cuál va a ser la respuesta de las autoridades”, expresó Miranda.
Plan de desestabilización o presión para cobrar extorsiones
La hipótesis de los empresarios es que integrantes de grupos criminales quemaron la unidad de transporte para desestabilizar al gobierno de Nayib Bukele en venganza por la implementación del plan de Control Territorial. De ser así, dijo Miranda, los delincuentes, en su intento de desafiar a las autoridades, se llevan de encuentro al gremio y a los usuarios del transporte.
En las dos administraciones del FMLN, las pandillas asesinaron a decenas de motoristas y cobradores; quemaron unidades y paralizaron las labores del gremio con el objetivo de retar a las autoridades para conseguir beneficios.
En septiembre de 2010, miles de salvadoreños se vieron afectados por un paro nacional del servicio de transporte ordenado por los pandilleros. La medida, que duró 72 horas, fue para presionar a Mauricio Funes para que vetara la Ley de Proscripción de Pandillas que días antes había sido aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa.
En julio de 2015, en el mandato de Salvador Sánchez Cerén, los grupos delictivos volvieron a amenazar a los transportistas, quienes se vieron obligados a cesar sus labores por varios días y eso volvió a afectar a millones de usuarios. La pretensión de las maras era negociar una tregua similar a la pactada en la gestión de Funes, en la que recibieron beneficios a cambio de reducir los homicidios en el país.
El gremio de transportistas sospecha que otra posibilidad es que los criminales hayan quemado ayer el microbús de la Ruta 140 por rencillas que puedan tener con algunos empresarios o empleados. Tampoco descartan que con ese hecho los pandilleros intenten generar temor y presionar a los empres arios para que paguen las extorsiones.