Una división dentro del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (Sitramsat) ha impedido que la comuna reintegre al movimiento de empleados cerca de $30,000 que les permitirían operar y otorgarle beneficios a más de 400 afiliados.
Eso ha llevado al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, al Ministerio de Trabajo y a los dirigentes del sindicato municipal a pedir la intervención de la Fiscalía General de la República.
El martes, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó en su cuenta de Twitter, que presentó en el Ministerio Público un aviso para que investigue a D’Aubuisson por el supuesto delito de apropiación o retención de cuotas laborales.
El alcalde respondió este miércoles que no se trata de apropiación de cuotas laborales, sino de retención de cuotas sindicales. Agregó que lo que Castro busca es “sorprender en su buena fe” al fiscal general, Raúl Melara, y generar desinformación sobre un tema que, según dijo, el ministro tiene claro: que hay una pugna entre dos directivas del sindicato, por lo que la alcaldía no sabe a cuál de las dos desembolsarle el dinero.
D’Aubuisson señaló que los fondos del Sitramsat están en custodia de la Tesorería Municipal pero no los libera porque está a la espera de que la Fiscalía, un Juzgado o cualquier otra institución competente determine a cuál directiva se le deben entregar.
“El ministro está apoyando a una directiva que impuso la ministra de trabajo anterior; reconociendo a una directiva de facto… algunos (de sus integrantes) ya ni son empleados de la alcaldía y los mismos estatutos del Sindicato dicen que solo empleados de la alcaldía pueden formar parte del Sindicato y de la junta directiva”, sostuvo el alcalde de Santa Tecla.
La directiva “elegida legítimamente”, encabezada por Juan José Barahona, ha cuestionado la legalidad de la otra dirigencia y, en diciembre de 2017, interpuso un amparo en la Corte Suprema de Justicia pero no ha sido resuelto. Por ello, le ha pedido a la municipalidad que aún no traslade el dinero.
“Que lo vea la Fiscalía, porque nosotros no tenemos ninguna cuota laboral retenida. Eso se le ha explicado a la Fiscalía, pero Castro sigue insistiendo para apoyar a una directiva política a favor del FMLN o está respondiendo a otro tipo de intereses”, reprochó D’Aubuisson.
La otra directiva que reclama los fondos, dirigida por Alexis Hernández, llegó ayer a la Fiscalía para pedir una audiencia con Melara. Él y sus compañeros aseguraron que tienen las credenciales en regla y el alcalde debe reintegrarles el dinero.