Varios diputados de ARENA, más las fracciones del FMLN y del PDC han dicho que no darán sus votos para la prórroga de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales, ya que el decreto de emergencia contiene todas las herramientas para que el Ejecutivo tome las decisiones necesarias para atender la crisis por la pandemia.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz, expuso que la posición de su partido siempre ha sido no votar a favor del Régimen de Excepción debido a que con el decreto de Emergencia están cubiertas todas las indicaciones precisas para atender la crisis, entre estas de limitar la circulación, no permitir las concentraciones, además del rol de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para hacer cumplir la cuarentena.
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“Hay otros instrumentos que dan respaldo al decreto de emergencia, nosotros por eso no lo veíamos necesario, ni lo vemos, hacer un régimen de excepción que realmente suspenda y restrinja las garantías constitucionales. Precisamente haber permitido ese decreto de Régimen de Excepción ha dado pie a que se den grandes abusos contra la ciudadanía en todo sentido: maltratos, llevar a la gente a bartolinas, golpear, extralimitación de las autoridades y también tener a más de 4,300 personas varadas cuando no se ha perdido el derecho de entrar al país”, dice Díaz.
La diputada señala que lo que sí se debe cumplir es que las personas respeten la cuarentena, que sigue hasta el 28 de abril, y las medidas establecidas para evitar los contagios, que son indicaciones que le corresponden al Ejecutivo. Además de mejorar los centros de contención, donde las personas tengan un trato digno y haya cuido de la salud mental y física, y desarrollar un plan de repatriación de los salvadoreños.
Ricardo Velásquez Parker, diputado de ARENA, dijo que el partido ha planteado un nuevo decreto de emergencia que busca incorporar algunas órdenes que había dado la Sala de lo Constitucional en el sentido de establecer protocolos para los infractores de la cuarentena sin incurrir en medidas fuera de la ley.
Frente a estas modificaciones, el tricolor no ve la necesidad de que sea aprobado un régimen de excepción y que en su momento se le expuso al presidente de la República que esperaban que no se diera abusos a los derechos humanos.
“La Sala ve necesario regular la convivencia de los ciudadanos bajo la situación de pandemia declarada, pero eso no significa que se le da carta blanca a las autoridades de la PNC y militares para ir a sacar a la gente de su casa, decomisarles el vehículo, golpearlos, dispararles o la cantidad alarmante de denuncias de abuso de la autoridad que existen”, expone el diputado.
Otra de las propuestas del nuevo decreto de emergencia es incorporar de manera paulatina, escalonada y con horarios la vuelta al trabajo de las industrias y el comercio.
Mientras que el diputado Rodolfo Parker, del PDC, dijo en la plenaria del pasado domingo que la Asamblea no le aprobaría la prórroga de la suspensión de garantías constitucionales al Gobierno y felicitó a los diputados que no se sumaron ya que lo considera innecesario y, al igual que legisladores de ARENA y FMLN, sostuvo que la ley de emergencia nacional contiene las herramientas necesarias para atender la emergencia sanitaria.
“Es absolutamente innecesario suspender la Constitución, hacer a un lado la Constitución, para poder hacerle frente a esta pandemia”, expresó el pedecista, quien recordó a la población que debe atender las indicaciones de las autoridades, respetar la cuarentena y contribuir para evitar los contagios.
“El Presidente Bukele tiene todas las herramientas para estrictas medidas de cuarentena con la Ley de Emergencia, pero quiere aún más poderes, para estar por encima de derechos fundamentales de los salvadoreños. Por oponerme a esto, me llama infame”, expuso el diputado en Twitter.
Reunión de comité de crisis
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce, ha convocado al Comité de Crisis a una reunión con funcionarios de Gobierno hoy a las 10:00 a.m., para tratar temas de la emergencia por COVID-19.
Ponce señaló que de haber voluntad política por parte de los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa podría convocar a sesión plenaria para poder aprobar una nueva ley de emergencia nacional.
“Este servidor solicitó 15 días, es más tenía lista la prórroga de ambos decretos, pero vimos que con el decreto 611 (régimen de excepción) no había posibilidad, nada más los votos nuestros, nosotros nos quedamos con la propuesta que al final fue consensuada entre FMLN, ARENA y el PDC, hasta el 16 de abril”, dijo Ponce.
El presidente de la Asamblea se refirió también a los abusos de autoridad por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
“La restricción no significa que alguien le pegue dos o tres pechadas y lo tiren al suelo, ni tampoco significa que un policía se le salió de control, se sacó la pistola y le pegó dos balazos; eso no está en el decreto 611, ni creo que haya sido el mandato del presidente de la República, esos ya son abusos de autoridad”, dijo Ponce.
Añadió que pareciera que las autoridades piensan que el país está dentro de regímenes autoritarios. “Estamos en un régimen democrático, en el cual se debe respetar al ser humano, cuidar su vida y no hacerle un daño personal o físico”, señaló.
Rendición de cuentas
En cuanto a los fondos que se están utilizando para atender la emergencia, Nidia Díaz, del FMLN, dijo que están a la espera de que el Gobierno entregue el informe sobre los movimientos que están realizando, y que su partido está desarrollando un seguimiento a los fondos que entran, se transfieren y utilizan, y esta semana estarán haciendo propuestas de mecanismos de control.
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“Nosotros sabemos que son casi $500 millones que han sido utilizados para dar respuesta a los $300 (apoyo a las familias), lo que ha servido para los albergues y las compras que se han hecho, lo que se le dé a los ministerio y también hemos propuesto que se le dé a la Procuraduría de los Derechos Humanos $200,000 para que funcione en esta emergencia”, manifestó Díaz.
En este tema, Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas, dijo que han solicitado al Gobierno el plan y lineamientos de criterios de selección para la entrega de los $300, y que al encontrar irregularidades harán las observación administrativas correspondientes por el incumplimiento al criterio.