Las pandillas tenían la intención, en 2016, de crecer políticamente, presionar con acciones como incrementar la violencia, hasta lograr que organizaciones internacionales como Naciones Unidos (ONU) interviniera y facilitara un diálogo entre el gobierno y las estructuras para buscar beneficios.
Ya con un poder establecido, los pandilleros tenían planeado ganar alcaldías, ocupar ministerios, controlar los territorios y enriquecerse aún más con el dinero del Estado.
Lo anterior queda evidenciado en el audio número 968362.0401759.-1-16-2016, el cual fue escuchado desde un celular cuando fue intervenido por la Fiscalía General de la República durante la investigación contra las estructuras criminales en 2016.
“Pues sí, entonces los países de otro lado, así como la OTAN, ONU, pueden intervenir, cabrón, para frenar el conflicto, ya me entendés; pueden intervenir para hacer que el sistema dialogue con nosotros. Entonces, nosotros ya somos un poder establecido que podemos llegar al poder, así como lo hicieron ellos, porque crees que no lo aplican por lo mismo, porque eso tiene una llave, que a ellos les va a costar votos, les va a costar caro, porque si nosotros nos posesionamos hermano, nosotros sí tenemos poder para ganar alcaldías loco y ganar ministerios y hacerlo rápido, ya me entendés cómo es la doble que trae eso”, dice textualmente el audio del celular intervenido.
En la reciente sentencia emitida por el juez Godofredo Salazar, sobre el caso Operación Cuscatlán, él establece que, de acuerdo con las intervenciones telefónicas, “los pandilleros tenían reuniones con funcionarios del FMLN de alto nivel, como el ministro de Gobernación y el de Seguridad Pública”.
El juzgador establece que esas evidencias y audios reflejan que las pandillas habían alcanzado un nivel alto dentro del gobierno y que tenían conocimiento de estrategias propias del Estado en temas de seguridad.
“El acceso ilimitado que tenían los miembros de la pandilla a información privilegiada de carácter reservado, al grado de conocer de forma anticipada los movimientos o rotaciones eventuales del Gabinete de Gobierno, así como de personas cercanas al entorno presidencial y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, quienes filtraban información de proyectos de ley en estudio, estrategias de seguridad u operativos a desarrollar en los territorios, colocando en grave riesgo la Seguridad Nacional”, establece el juez en la sentencia.
Las pandillas habían controlado al poder político en 2014 y sus acercamientos eran muy de confianza y de simpatía, según las conversaciones intervenidas.
“Las conversaciones grabadas por dispositivos en poder del beneficiado procesal Noé, permiten advertir la existencia de relaciones de confianza y de simpatía entre sus interlocutores, trasluciéndose que las reuniones eran parte de una secuencia de acercamientos cuya data se trasluce, se afincaba momentos antes de las elecciones presidenciales del año 2014, donde los integrantes de los partidos políticos le otorgaban a la pandilla MS una calidad de instrumento o vehículo para asegurarse votos en su favor en los procesos eleccionarios en aquellas circunscripciones territoriales donde la pandilla mantenía su presencia, advirtiéndose que los representantes de la pandilla ofrecían ese caudal de apoyo como mecanismo de obtención de beneficios”, afirma la sentencia que fue emitida por el juzgado hace dos semanas.
Infiltración en la Fuerza Armada para tener el control armado
Para el juez, la infiltración en el poder armado fue otro campo donde los pandilleros lograron penetrar con el conocimiento de altas jefaturas, según las evidencias presentadas en ese proceso judicial.
“Fiscalía debe investigar en forma seria la implicación de oficiales militares como vendedores de armas de fuego a miembros de pandillas, indagando si las armas correspondían al inventario de la institución castrense, quién estaba al cuidado de ese armamento, si al tener conocimiento de faltantes se realizaron las investigaciones correspondientes, procesando a los sujetos que resultaron implicados”, dice la sentencia.
Incluso, dice el juez, se debía investigar si había implicación del ministro de Defensa en esta vinculación con delincuentes. “Si existía involucramiento del alto mando de la Fuerza Armada e incluso del mismo ministro del ramo; o si era una actividad realizada en forma independiente por mandos intermedios o el mismo personal de tropa; en caso de no haber investigado, debe inmediatamente adoptarse las decisiones a cuyo mandato se encontraban supeditados legalmente para deducir las responsabilidades que correspondan”, dice el juez.
El poder económico de las pandillas era alto, ya que de todo el dinero que recibieron de los políticos lo destinaba al financiamiento de actividades delictivas como la compra de armas de fuego, de estupefacientes y que algunos miembros incrementaron injustificadamente su patrimonio.