180 migrantes salvadoreños deportados fueron asesinados por pandillas

El dato proporcionado por Human Rigths Watch establece que los asesinatos ocurrieron en menos de un año después de que los deportados volviesen de Estados Unidos.

Los homicidios en el país han caído a 2.28 por día en Marzo. Foto EDH/archivo

Por EFE

Feb 05, 2020- 12:36

Al menos 138 personas deportadas a El Salvador desde Estados Unidos en los últimos años fueron asesinadas a su regreso, dijo Human Rights Watch en un reporte publicado el miércoles, mientras el gobierno de Donald Trump dificulta que los centroamericanos busquen refugio en el paí­s.

La mayorí­a de los decesos documentados por HRW en el informe ocurrieron menos de un año después de que los deportados volviesen a El Salvador, y algunos incluso en cuestión de dí­as. La organización de derechos humanos confirmó también al menos 70 casos de agresión sexual u otro tipo de violencia.

La violencia subraya el riesgo que enfrenta la gente forzada a regresar por una ley estadounidense que obliga a deportar a las personas sin ciudadaní­a condenas por una serie de delitos, y las polí­ticas del gobierno de Trump que desaniman a los solicitantes de asilo, señaló Alison Leal Parker, directora gerente del grupo en Estados Unidos.

Nuestra preocupación es que muchas de estas personas se enfrentan a una sentencia de muerte, señaló Leal Parker.

Entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a alrededor de 111.000 salvadoreños a su paí­s, que durante mucho tiempo estuvo dominado por la violencia de las maras.

Naciones Unidas reportó el año pasado que los asesinatos en El Salvador, en su mayorí­a ligados al conflicto de las pandillas, descendieron desde su apogeo de más de 6.000 en 2015. Pero el paí­s sigue teniendo una de las tasas de homicidios más alta del mundo.

Cientos de migrantes centroamericanos cruzan el río Suchíate que divide México y Guatemala este lunes, desde la ciudad de Tecún Umán (Guatemala). Foto EFE

Mientras, el número de salvadoreños que solicitaron asilo en Estados Unidos creció cerca de un 1.000% entre 2012 y 2017, y muchos de ellos alegaron amenazas de bandas como motivo. Solo alrededor del 18% recibió protección.

Human Rights Watch confirmó las 138 muertes durante ese periodo a través de los registros oficiales, entrevistas con familias y reportes en prensa, pero cree que la cifra real es mucho más alta, en parte porque algunas no se notifican por el estigma de la deportación. El número de agresiones es probablemente bajo también por la falta de denuncias.

César Rí­os, director ejecutivo de la organización civil Instituto Salvadoreño del Migrante, dijo que en el paí­s no se controlan los decesos de deportados, pero apuntó que el dato parece creí­ble y refleja la realidad de muchos de los que regresas a comunidades controladas por las pandillas.

Trump ha hecho del control migratorio uno de los pilares de su gobierno. Esto incluye la polí­tica de obligar a los solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la resolución de sus peticiones, y la deportación a sus paí­ses de origen si es rechazada.

Antes, muchos de los que reclaman protección habrí­an podido quedar en libertad condicional en Estados Unidos ante una decisión que podí­a demorarse un año o más. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que está intentando hacer que el proceso sea más eficiente y acabar con las solicitudes fraudulentas.

Pero Leal Parker y otros crí­ticos apuntan que este reporte, y los esfuerzos previos para documentar la violencia contra los salvadoreños que esperan la resolución de sus casos en la frontera mexicana, muestran los riesgos de la polí­tica migratoria estadounidense.

Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Trump para aniquilar literalmente el derecho a buscar asilo en Estados Unidos, agregó.

HRW instó a la Casa Blanca a retirar la polí­tica que hace que los solicitantes de asilo tengan que esperar en México, además de los acuerdos que permiten que guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sean reubicados en otros paí­ses de Centroamérica se resuelven sus casos. También pidió al secretario de Justicia que revoque las restricciones que complicaron la petición de asilo en el paí­s a causa de las amenazas de las maras o la violencia de género.

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