Las medidas de seguridad que implementa el gobierno de Nayib Bukele tienen el respaldo del presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), José Miguel Arévalo Rengifo, pero advierte que se tiene que actuar con prudencia para no violentar las leyes e irrespetar los derechos humanos.
Arévalo Rengifo, quien recién fue electo presidente de la referida asociación de abogados, tiene cinco años de ejercer como profesional del Derecho, pero entiende por mucho el problema de la inseguridad y el principio de legalidad. Él es uno de los que dan su respaldo a las acciones que realiza el Gobierno en materia de Seguridad.
Destacó el bloqueo de las señales de telefonía en las cárceles, el aislamiento de los reclusos y el empleo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad; como medidas positivas que contribuirán a mejorar la seguridad ciudadana en el país. Pero cree necesario que Bukele rinda un informe a la Asamblea Legislativa para justificar el uso del Ejército.
Considera importante que la Fiscalía General, la Policía y el Instituto de Medicina Legal; deben de unificar datos sobre la violencia para tener certeza el impacto de las medidas de seguridad que implementa el Gobierno.
¿Cómo ve esta nueva forma de gobernar del presidente Bukele al dar órdenes a través de las redes sociales. Algunas veces ha ordenado medidas que parecería ser que no le corresponde hacerlo?
Las formas en tanto estén apegadas a la Constitución, las leyes, se podrá optar por diferentes estilos y reflejar misma de la personalidad de un presidente. El tema es, como repito, que sean apegadas y conforme a Derecho. En el tema específico de la seguridad, vemos muy positivo el hecho de que se esté haciendo un verdadero control de las señales de las telefónicas en los centros penales. Esto es un mandato que por ley deben de acatar las telefónicas y que nunca habíamos visto que se ejerciera un verdadero control sobre ello, como ahora entendemos que se ha hecho en un cien por ciento. Esto lo vemos muy positivo y aplaudimos esa medida.
¿Qué otras medidas considera que han sido acertadas para mejorar la seguridad?
Hemos visto también medidas en los centros penales, medidas de aislamiento, y nosotros consideramos que toda medida que se tome al interior de los centros penales que sea en pro de la seguridad ciudadana, deben de aceptarse siempre y cuando se respeten los derechos humanos de los reos, porque vivimos en un Estado de Derecho o aspiramos a tener un verdadero Estado de Derecho y debemos de reconocer que ellos también tienen derechos, pero además, nos dimos cuenta que esta medida de aislamiento, también provocó que se cancelaran varias audiencias, por lo mismo que los reos no podían ir a la audiencia, entonces se cancelaban, gracias a algunas reformas que se hicieron en el pasado, ahora se permite la realización de audiencia por medio de cámaras audiovisuales.
No podemos afectar las audiencias, sabemos que esto genera afectaciones y que a veces, gente incluso, sale libre porque no se han celebrado audiencias y pasa el término de la detención provisional.
¿ Qué lectura hace del uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública?
El uso de la Fuerza Armada es otro tema importante. Sabemos que la Constitución lo permite de forma excepcional en labores de seguridad, pero la misma Constitución y el mismo artículo que habilita al Presidente a disponer de manera excepcional de la Fuerza Armada, también establece la obligación de rendir un informe a la Asamblea Legislativa cuando termina el plazo para el cual ha sido designada. La Fuerza Armada empezó apoyar en labores de seguridad en el gobierno de Mauricio Funes y ese es un decreto que ha venido siendo prorrogado y que ahora lo está haciendo también el presidente Bukele.
Nunca se ha rendido el informe que señala la Constitución y que debe de rendirse cuando termine el período para el que inicialmente fue aprobado para que se justifique porqué la medida está siendo prorrogada, cuáles han sido los resultados. Esperaríamos que las nuevas autoridades cumplan con esa obligación de rendir un informe. También tenemos que ponerle mucho ojo al tema de que si bien las condiciones actuales ameritan que la Fuerza Armada acompañen, lo importante es fortalecer a la Policía para que pueda ser esta la que retome el control. No podemos militarizar la seguridad pública.
Aparte de que ningún Presidente ha rendido ese informe, ninguno ha declarado las condiciones excepcionales para justificar el uso de la Fuerza Armada
Por eso nosotros insistimos en el hecho de que la Constitución y las leyes deben de aplicarse no a conveniencia sino en su espíritu, entonces el presidente debe de rendir ese informe ante la Asamblea Legislativa y justificar los motivos por los cuales la Fuerza Armada debe de seguir siendo utilizada en labores de seguridad…Lo cierto es que actualmente la medida excepcional se ha convertido en la regla permanente y entonces con mayor motivo surge la necesidad de que se rinda el informe tal como dice la Constitución.
El gobierno habla de que las medidas que se implementan han disminuido los homicidios. ¿Cree usted que ha mejorado la seguridad, sin conocerse cifras confiables?
Consideramos que debe de haber un verdadero proceso por transparentar cifras… Debe de fortalecerse el trabajo entre la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Medicina Legal; para que exista un trabajo interinstitucional, transparente y que también vengan a brindar cifras confiables. Se habla mucho acerca de las desapariciones. El tema de las desapariciones al final resultan siendo homicidios también. El hecho de que haya una reducción en las cifras reportadas de homicidios, no necesariamente significa que haya una verdadera reducción de los homicidios.
Eso es lo que se debe de transparentar para que la población sepa cuál es el verdadero impacto de las medidas para disminuir este delito. Lo mismo ocurre con las extorsiones. Se ha venido hablando de que año con año las denuncias de extorsiones se han ido reduciendo, pero esto no significa que el delito de la extorsión haya disminuido. Hay muchas encuestas en las que los empresarios, los comerciantes, los micro y pequeños empresarios señalan que cada vez es mayor el temor a denunciar, ya sea por temor a represalias, por falta de confianza en las autoridades y por lo tanto la disminución en la cantidad de denuncias no significa que haya una reducción en la cantidad de las extorsiones.