Analizar a profundidad la conveniencia o no en términos legales de que más soldados se lancen a las calles para brindar seguridad pública junto a la Policía como lo pide el presidente Nayib Bukele, fue la petición que hicieron ayer en la Asamblea Legislativa diputados de ARENA, FMLN y el no partidario, Leonardo Bonilla.
“No estoy en contra de que la Fuerza Armada siga siendo usada, no quiero que me vayan a mal interpretar, pero que si efectivamente estamos ante una militarización de la seguridad pública no cabe la menor duda, a lo mejor alguien dirá: ‘es la carpintería, lo que necesitamos es mayor seguridad y puede importar poco lo otro’, pero cuando los países empiezan a olvidar su institucionalidad, a hacer a un lado su ordenamiento legal es cuando estamos en mayor riesgo de perder la democracia que con tanto sacrificio hemos construido”, reflexionó Norman Quijano, de ARENA.
El presidente Bukele anunció que unos 2 mil soldados se incorporarán a tareas de Plan Territorial. Abogados constitucionalistas aseguran que se corre el riesgo de que se declare inconstitucional el empleo de la Fuerza Armada en el combate del crimen si el presidente no justifica la excepcionalidad de la medida, tal como se lo ordena la Constitución.
La reacción de Quijano viene tras el anuncio de Bukele de reclutar a 3,000 soldados para dar respaldo a la Policía Nacional Civil en el Plan Control Territorial que está en marcha, algo que anticipa que sería permanente y la Carta Magna sólo prevé la intervención del Ejército por excepción y temporalmente.
Esto se debe a que, según los juristas y una sentencia de la Sala de lo Constitucional, así como los acuerdos de paz de 1992, el Ejército y sus efectivos son eminentemente para la defensa nacional y no para tareas de seguridad pública internas.
Bukele explicó ayer que los primeros 1,000 nuevos reclutas de la FAES ingresarán a fines de julio, los otros mil entre octubre y diciembre y 1,000 más en enero de 2020 y que esto tiene el 81% de aceptación de la población, según un sondeo de la firma “Consulta Mitofsky”.
Para Jorge Schafik Hándal, del FMLN, lo que Bukele hace es similar al plan “Mano Dura” que ejecutó el expresidente Francisco Flores.
“¿A quién no le gusta que metan delincuentes al bote? A todos nos gusta, ¿pero de verdad los meten o es parte igual que la ‘Mano Dura’ que solo duraban 72 horas y después nadie les tomaba foto cuando iban para fuera?”, criticó Hándal.
Advirtió del riesgo de un “retroceso” para el país al observar fotos recientes de soldados registrando a un niño de 10 años. “Por ese camino podemos terminar volviendo al pasado, al tiempo de la represión en el campo, con la excusa de la persecución de determinados delitos hicieron corte chaleco con todos, eso es un peligro”, argumentó Hándal.
Mario Ponce, del PCN, explicó que no hay inconstitucionalidad en reclutar a más soldados para apoyar a la Policía en el combate a la delincuencia, ya que los militares no hacen capturas sino acompañamiento en labores de seguridad pública.
El diputado Numan Salgado, de GANA, dice que las acciones de Bukele “obedecen al clamor popular del pueblo, de la gente que necesita seguridad en sus comunidades, en sus departamentos y caseríos”.