Decenas de estudios se han desarrollado en los últimos 10 años con el objetivo de proponer ciudades más ordenadas y un transporte urbano eficiente y sostenible en América Latina y El Salvador no es la excepción. Sin embargo el avance ha sido lento.
El congestionamiento ocasionado no solo por el incremento vehicular, sino por el desorden del transporte público además de la fuerte contaminación por los buses y microbuses en mal estado es uno de los grandes retos que tiene el país.
Según datos estadísticos del Viceministerio de Transporte el parque vehicular a julio de 2019 era de 1 millón 237 mil 323 vehículos, con una tendencia de crecimiento mensual de 1.2 %, que representa un incremento de 8,000 vehículos al mes.
En agosto recién pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo entregó al Ministerio de Obras Públicas el estudio de Movilidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El estudio fue financiado por el BID y estuvo a cargo de dos empresas especializadas: Telefónica Móviles El Salvador S.A de C.V, con su brazo técnico LUCA, que se encargan de análisis de BIG-DATA, lo que ha permitido contar con las matrices de origen-destino de la ciudad, y la empresa Steer Davies Gleave, expertos en el desarrollo de modelos y planificación de transporte.
El estudio revela información de los puntos más críticos de tráfico, horarios, rutas, cantidad de viajes, cantidad de personas que se mueven tanto en transporte particular como en transporte público de pasajeros y diferentes temas relacionados a la movilidad en el AMSS.
Para el sector privado es indudable la relación directa entre infraestructura y desarrollo. A manera de ejemplo, Bélgica ha sabido aprovechar su ubicación en el centro del continente europeo en beneficio de su población desarrollando una amplia y eficiente red de carreteras y conexiones, convirtiéndose en un centro logístico y comercial, principalmente para la Europa industrial: Alemania, Francia, norte de Italia y Suiza.
Bélgica es un país similar a El Salvador en términos de su tamaño y de su población. Sin embargo, esta nación cuenta con una red vial de 117,000 kilómetros pavimentados, equivalentes a una densidad territorial de 3,833 Km/1,000 Km2, mientras que El Salvador sólo cuenta con una red vial de 4,000 kilómetros pavimentados, equivalentes a una densidad territorial de 0,2 km/1,000 km2, información útil que nos indica que existe un amplio margen de mejora.
Propuestas de la Empresa Privada
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó la semana pasada, en su Encuentro Nacional (Enade 2019), propuestas de infraestructura vial y logística para mejorar la movilidad en el país.
En su documento: “Empleo y desarrollo, infraestructura sostenible e innovación”, la ANEP cree que es necesario un mínimum vitae en infraestructura vial, principalmente enfocado en los territorios con más situación de pobreza así como asignar recursos para financiar la meta básica de la Iniciativa El Salvador 2024: “100% de cabeceras municipales con accesos por vías pavimentadas”. Según datos disponibles a 2018, hace falta construir 148 kilómetros, que tienen un costo de $103 millones.
Los niveles de conectividad vial que se lograrían impulsando esta propuesta, implica al menos dos tipos de beneficios: Al construir caminos rurales sostenibles se benefician aquellos que en la actualidad se encuentran lejos de una carretera, convirtiéndose en un mecanismo para disminuir la pobreza extrema y aumentar la productividad.
La mayor disponibilidad de infraestructura vial, tanto de la red de carreteras como de caminos rurales sostenibles, incentivará inversiones privadas de mayor valor agregado en agroindustria e industria, turismo y logística, entre otras.
En segundo lugar, las carreteras Panamericana y Litoral se encuentran saturadas para el tráfico entre la región oriental y la región metropolitana, mientras que una eventual puesta en operaciones del Puerto de La Unión requerirá de una conexión expedita a lo largo de los 200 kilómetros que lo separan de San Salvador.
En ese sentido la ANEP considera que será necesario planear la ampliación de ambas carreteras a cuatro carriles, bajo el esquema de concesiones o asocios público privados.
En tercer lugar, las necesidades de infraestructura vial también deben considerar las conexiones de alta capacidad y velocidad entre el Puerto de La Unión y los puertos en el norte de Centroamérica: Cortés, Barrios y Santo Tomás de Castilla.
En cuarto lugar, dado que Guatemala es el socio regional más importante para el país, se debe mejorar y ampliar completamente los tramos que corresponden a El Salvador en los cuatro accesos fronterizos con este país. “Todas estas carreteras deberán construirse de cuatro carriles”, sugiere el documento presentado por la ANEP.
En quinto lugar, a efecto de mejorar la eficiencia de la circulación vial de pasajeros y mercancías, será conveniente que la infraestructura vial a construir sea con “carreteras de doble calzada”, similar a la autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador, que tiene un arriate central. Este derecho de vía central podrá ser utilizado en el futuro para proyectos como instalación de una vía férrea, ductos para transportar gas y otro tipo de materiales, o cualquier otro uso.
Para la ANEP “cualquier plan para el desarrollo de la infraestructura vial del país requeriría de cuantiosas inversiones, las cuales serían incosteables de ser financiadas con fondos públicos del Presupuesto General de la Nación”.
Por ello recomienda que para financiar cualquier plan para el desarrollo de la infraestructura vial del país utilice el esquema de concesión o asocio público privado para su construcción, operación y mantenimiento.
La inversión y los gastos corrientes que realizará el concesionario se recuperarán a través del cobro de un peaje directo a los usuarios. Eventualmente, el peaje podría tener un menor costo, siempre y cuando el inversionista privado reciba una compensación.