Tres años después de su asesinato, a la cuenta en Facebook del investigador policial David Orlando Jerónimo, quien era conocido en el ámbito policial como Monroy, le siguieron llegando mensajes de felicitaciones por su cumpleaños, cada 3 de octubre. “Son de personas que no sabían que él fue asesinado”, dice un familiar cercano del detective.
Monroy era un avezado investigador policial que ayudó a encarcelar varias bandas de secuestradores y rescató a varias víctimas de ese crimen que en la segunda mitad de la década de los 90 y principios de la década anterior, causó estragos en muchas familias salvadoreñas con poder económico como para pagar rescate por uno de los suyos.
Uno de sus últimos trabajos en los que se embarcó fue en desenmarañar el asesinato de un narcotraficante salvadoreño supuestamente vinculado a la banda de Los Perrones. Lo que halló fue una vinculación de elementos policiales que habían sido presuntamente reclutados por el crimen organizado, según informes presentados a la cúpula policial en el año 2010 y firmados por él.
Ese informe y otros en los que Monroy señalaba la corrupción de jefes policiales derivaron en su traslado de la División Elite contra Crimen Organizado (DECO) a realizar tareas administrativas en el Cuartel General de la Policía Nacional Civil (PNC).
Pero el investigador no quitó el dedo del renglón, señalando la supuesta vinculación de oficiales y agentes policiales en el asesinato de El Porras, en el asesinato de un niño de dos años en Nueva Concepción, Chalatenango, entre otros casos, según consta en copias de informes y denuncias presentados por Monroy ante el entonces subdirector general, el comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, ante la Inspectoría General de la PNC y ante la Procuraduría de Derechos Humanos.
“Un caso similar al de Carla Ayala”
Familiares de Monroy dicen estar conscientes de que por su trabajo, él tenía muchos enemigos y había sufrido varios atentados contra su vida.
Sin embargo, la forma en cómo sucedieron algunos hechos antes y después de su muerte, los hacen pensar que es un caso similar al de la agente policial Carla Mayari Ayala, en cuanto a la desaparición del cadáver y el supuesto involucramiento de elementos policiales en el homicidio.
“Para nosotros, el caso de Monroy y el de Carla Ayala tienen semejanza. Lo principal es el encubrimiento por parte de las autoridades. Cuando pasó el caso de Carla Ayala, se quiso bloquear la investigación en un principio. La ventaja fue que muchas organizaciones, feministas sobre todo, salieron a exigir justicia y lo hicieron mediático, en cambio a nosotros no nos permitieron divulgarlo en los medios porque nos decían que si lo tenían secuestrado, lo podían matar”, afirmó un familiar.
De acuerdo con los parientes de Monroy, él fue asesinado porque sabía demasiado de la corrupción dentro de la policía, en la que había altos mandos, algunos de los cuales hoy están en puestos clave. “Algunos estuvieron involucrados (en el homicidio del detective), tal vez no directamente pero sí en encubrir a los hechores”.
Monroy fue torturado y ejecutado con un disparo en la cabeza y como si alguien tuviera interés en que el cadáver no fuera reconocido por nadie, según parientes, fue enterrado en una fosa común al siguiente día de haber sido levantado del lugar donde los asesinos lo lanzaron.
Fuentes del Instituto de Medicina Legal afirman que cuando se levanta un cadáver como desconocido, lo normal es que lo tengan varios días en la morgue, en espera de que alguien lo llegue a reconocer y que no saben por qué o quién ordenó que ese cadáver levantado el 28 de noviembre de 2015, fuera sepultado en una fosa común dos días después.
Cuatro años de impunidad
A los familiares del detective también les sorprende ese hecho y otros tantas situaciones que tuvieron que vivir desde que pusieron la denuncia de desaparición hasta que lograron autorización legal de exhumar los restos de la fosa común para sepultarlo en el cementerio Los Ilustres, de San Salvador.
Por ejemplo, explican, que si se hubiera tenido voluntad de investigar el asesinato, habrían hecho experticias al número de teléfono que el policía portaba o hubiesen revisado las cámaras instaladas en calles de Santa Tecla y del bulevar Los Próceres, que posiblemente fue la ruta por donde lo sacaron del área de Santa Tecla. “La última conexión telefónica de la que nosotros sabemos fue en el Paseo El Carmen”, afirmó una fuente.
Familiares de Monroy lamentan que a cuatro años del asesinato, tanto la Fiscalía como la Policía no hayan hecho nada por investigar el crimen. Eso solo les lleva a pensar en que sus sospechas de que a Monroy lo mataron elementos policiales, son muy probables.
“Lo que pasa es que como en este caso no hubo presión social hacia las autoridades para que investigaran el caso, eso quedó así”, afirmó un hijo de Monroy.
Así desapareció el detective
En la noche del viernes 27 de noviembre de 2015 fue privado de libertad, luego de comentar a algunos familiares de que visitaría el Paseo El Carmen. Salió de su casa en la residencial Santa Teresa, en Santa Tecla mas no dijo a qué iba o si se reuniría con alguien.
Lo cierto es que desde ese día no supieron más de él.
A la mañana siguiente, las autoridades policiales y fiscales fueron alertadas de que en un predio del cantón El Pedregal, municipio de El Rosario, departamento de La Paz, desde un carro habían lanzado un cadáver.
El cuerpo fue levantado por Medicina Legal de San Vicente como “desconocido”.
El lunes 30, el mismo día que era enterrado como desconocido en una fosa común, la compañera de vida lo echó en falta porque había salido pero no había llevado ropa, como solía hacerlo cuando se ausentaba algunos días por asuntos de trabajo.
De acuerdo con parientes de la víctima, éste les había comentado que debido a la incomodidad que representaba para algunos altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) por sus investigaciones en las que figuraban elementos policiales vinculados al crimen organizado o narcotráfico, fue sacado de la DECO y lo tenían de una oficina a otra sin tareas específicas asignadas.
Esa marginación así como otros problemas de índole familiar habían calado hondo en la salud de Jerónimo a tal punto que necesitaba estar en constante chequeo médico. Un derrame facial había hecho estragos en él.
El lunes 30, los familiares comenzaron a buscarlo y avisaron de su desaparición. Sin embargo, dicen, percibieron que en la División Central de Investigaciones (DCI) no se mostraron interesados. Incluso, le impidieron publicar notas o pegar fotografías en Medicina Legal.
Fue hasta que hallaron el carro de la víctima, en Cojutepeque, Cuscatlán, que aumentaron las esperanzas de hallarlo, aunque fuera muerto. El 15 de diciembre de 2015, en Medicina Legal de San Vicente les mostraron las fotos de un cadáver hallado en el cantón El Pedregal con un disparo de arma de fuego en la cabeza; era él. Sin embargo, fue preciso un examen genético para establecer la verdadera identidad. El 16 de enero de 2016, les notificaron que la prueba genética había dado positiva.
Pero pasaría más de un año para que la familia de Monroy consiguiera sacarlo de la fosa común, en el cementerio de San Vicente. “Fue terrible. Nos pedían un documento, luego que alguno no estaba bien o que le hacía falta esto o lo otro”, dice un familiar.
Por fin, el 28 de marzo de 2017, lograron trasladarlo de la fosa común al cementerio Los Ilustres, de San Salvador. Fue enterrado sin honores, sin presencia de ningún compañero, de ningún superior. Sin honores.
Así cerraba la familia aquella lucha por darle sepultura digna al detective Monroy.
Jerónimo ingresó a la PNC proveniente de la extinta Policía Nacional. Era un investigador de la vieja escuela; sin embargo, siempre estuvo recibiendo cursos de especialización en criminalística.
Cuando el delito de secuestro fue erradicado, Monroy se dedicó a investigar estructuras de narcotráfico.
Documentos a los que El Diario de Hoy tuvo acceso indican que el investigador estaba tras la pista de las operaciones que hacía en El Salvador el cártel hondureño conocido como Los Valle Valle.
Varios jefes del cártel Los Valle Valle o Los Hermanos Valle, han sido apresados y guardan prisión en Estados Unidos después de haber sido extraditados. A esa misma agrupación ha sido vinculado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien a mediados de octubre anterior fue declarado culpable de cargos de narcotráfico por un tribunal de Nueva York.