El Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, elevó ayer a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra los cargos que enfrenta un grupo de militares retirados por la masacre de unos 1.000 campesinos en 1981 en El Mozote, durante la guerra.
“Estoy poniendo en conocimiento de los imputados que estos delitos comunes también tienen la connotación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo el juez.
El juzgador señaló durante una audiencia que dicha decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018, en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y de lesa humanidad.
De acuerdo con el abogado de los sobrevivientes y director de Litigio Estratégico de la organización de derechos humanos Cristosal, David Morales, este es un hecho inédito en la historia reciente de El Salvador.
Morales, también exprocurador de Derechos Humanos, explicó a EFE que es el primer caso del que tiene información en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
A la referida audiencia se presentaron 12 imputados, entre ellos el exministro de la Defensa ,Guillermo García, mientras que cuatro se ausentaron por razones de salud y uno falleció recientemente.
Entre la docena de militares que llegó al a sede del referido tribunal se encontraba el exjefe de operaciones de la Fuerza Armada, Gabriel Contreras, quien fue incluido al proceso en la audiencia.
La misma sirvió para imputar a los exjefes castrenses los cargos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.
De acuerdo con Guzmán, las violaciones sexuales registradas durante el operativo denominado “Rescate” y que derivó en la masacre se pueden considerar como tortura por jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esta ampliación de los delitos no es caprichosa, no es antojadiza y deviene de las declaraciones de los testigos”, acotó el juzgador.
En la audiencia, el general Rafael Bustillo, uno de los procesados, aseguró que el proceso es “parcial” y que las víctimas colaboraban con la exguerrilla.