La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a familias de indocumentados, demandó judicialmente a la Administración del presidente Donald Trump para lograr una compensación económica para los miles de niños migrantes que fueron separados de sus padres en la frontera con México.
“Queremos que estos niños sean compensados y que reciban el tratamiento mental que necesitan tras el trauma sufrido y por todos los problemas que están teniendo como resultado esta política de separación, como la depresión”, dijo Alessandra Soler, directora de ACLU en Arizona.
ACLU, uno de los grupos más importantes de EE.UU. en la defensa de los derechos civiles, presentó el jueves pasado una demanda ante la corte federal en Tucson en la que solicitan lo que podrían ser millones de dólares en favor de estas familias migrantes que fueron separadas durante la implementación de la política de “Cero Tolerancia” de la Administración Trump en 2018.
Los demandantes aseguran que el Gobierno separó aproximadamente 4,000 menores de sus padres después que cruzasen la frontera de manera ilegal, muchos de los cuales son centroamericanos que llegaron a EE.UU. para pedir asilo.
“Ya tuvimos otro caso legal que gananos en junio de 2018 que frenó esta política de separación. Un juez en San Diego (Dana Sabraw) ordenó la reunificación de 2,700 niños con sus familias, pero sabemos que aún hoy en día hay cerca de 900 familias que no han sido reunificadas”, explicó Soler.
Como parte de la demanda se incluye el ejemplo de “Karina”, una menor de 13 años que fue separada de su madre después de cruzar la frontera por Arizona y fue esposada para mantenerla “bajo control”. La joven permaneció alejada de su progenitora 16 meses.
“Estos menores han sufrido traumas psicológicos que llevarán consigo quizás toda sus vidas, por eso deben de recibir una compensación y recibir el tratamiento médico que necesitan”, dijo la directora de ACLU en Arizona. La demanda indica que cuando los menores fueron separados de sus padres muchos de ellos fueron detenidos en instalaciones bajo pésimas condiciones y tuvieron poca o ninguna comunicación con sus padres por semanas o meses.
El negocio detrás de retener a menores
Pero detrás de las detenciones de los menores inmigrantes hay un negocio, según una investigación de la agencia AP y FRONTLINE, la cual indica que el Gobierno de Trump privatiza la detención de los niños migrantes, ya que ha comenzado a dejar parte del cuidado de éstos en manos de contratistas privados con fines de lucro.
En un día reciente en una iglesia remodelada de ladrillo en el Valle de Río Grande, un cuidador intentó calmar a un niño pequeño ofreciéndole un vaso infantil. El adulto no sabía prácticamente nada del niño de tres años, que parecía balbucear unas pocas palabras en portugués. El personal del refugio ha intentado con desesperación encontrar a su familia, llamando al consulado brasileño y buscando en Facebook.
Cerca, varios bebés eran paseados en coche por el edificio, manejados por empleadas con camisas de color azul brillante con las letras “CHS”, siglas de Comprehensive Health Services, Inc., una compañía privada contratada por el gobierno para retener a algunos de los niños inmigrantes más pequeños.
Alojar a niños inmigrantes se ha convertido en un negocio floreciente para el contratista del gobierno, con sede en Florida. Ese día había más de 50 bebés, niños pequeños y adolescentes en este refugio limpio y bien iluminado, rodeado de cercas de alambre.
Por ahora, la única empresa privada que se ocupa de los niños inmigrantes es CHS, propiedad del contratista Caliburn Internacional Corp. En junio, CHS tenía a su cuidado a más del 20% de los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno.
Y aunque el número de menores ha bajado, el financiamiento federal a la compañía por su trabajo ha seguido llegando. Eso se debe en parte a que CHS mantiene un gran centro en Florida con 2,000 trabajadores a pesar de que los últimos niños se fueron en agosto.
Funcionarios del gobierno indican que CHS mantiene el centro de Florida en reserva y que están centrados en la calidad de los cuidados que prestan los contratistas, no en quién obtiene beneficios por ese trabajo.
“No es algo que me parezca un problema a nivel moral”, dijo Jonathan Hayes, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente del Departamento de la Oficina de Salud y Recursos Humanos.