A los diputados no se les olvida la exigencia del presidente de la República Nayib Bukele, de que “aprieten el botón” de sus curules para aprobar más recursos para seguridad y ayer se lo reiteraron legisladores de ARENA, FMLN, PCN y PDC, al autorizarle al Gobierno usar $42.6 millones de excedentes del Fondo General del Estado para destinarlos al pago de salarios de personal que trabaja en Centros Penales y alimentación de reos; a la compra de medicamentos y al pago de docentes, entre otros rubros.
“Bajo ningún punto de vista van a callar esta voz diciéndome que apriete un botón, diciéndome que si no lo hago estoy en contra de la población, sígalo diciendo (a Bukele), pero yo voy a hacer acá conforme a la política nacional y al pensar y sentir de la fracción legislativa, el apoyo correspondiente con mi conciencia”, afirmó el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas.
El diputado tricolor hizo un voto concurrente aclarando lo siguiente: “Nadie absolutamente nadie quiere que al Gobierno le vaya mal, nadie como buen salvadoreño puede pensar que nuestro mejor deseo es que se fracase, pero tampoco acepto bajo ningún punto de vista que se me quiera extorsionar, que se me quiera intimidar o se me quiera amenazar para cumplir a ciegas cualquier trámite venga de donde venga”, alegó Vargas.
Según el decreto $21.6 millones van para complementar aumento de salarios de docentes y de personal administrativo de Educación; $9.3 millones son para la Dirección de Centros Penales, de los cuales $4.1 millones son para cancelar “salarios, gastos colaterales, y sus respectivos aguinaldos a 1,063 plazas contratadas para atender la operatividad” de las granjas penitenciarias de Izalco (Sonsonate), Santa Ana, Zacatecoluca (La Paz), y el centro temporal de Mariona; y otros $5.2 millones para alimentación de reos a nivel nacional.
Para Salud se destinan $10.2 millones para la compra de medicamentos, de los cuales $9 millones son para la atención en unidades comunitarias de salud familiar y $1.2 millones para mejorar la asistencia en salud los fines de semana.
Por esas prioridades es que los diputados argumentan que dieron sus votos, no por la exigencia del presidente Bukele.
Algunos como el presidente de la Asamblea, Norman Quijano, de ARENA, trajeron a cuenta que desde que Bukele asumió el Ejecutivo, los dictámenes que han aprobado para beneficio de otros segmentos de la población han regresado a la Asamblea vetados u observados por la Presidencia (Ver más en página 12).
Anteriormente, el presidente Bukele envió cuatro vetos a decretos legislativos por “inconvenientes”, entre ellos, a iniciativas que buscan mejoras para el proceso de ascensos de policías y al pago de retiro voluntario a maestros.
“Hace ocho días aprobamos reformas a la Ley del Fosalud, que está siguiendo el proceso de Ley y que yo esperaría no venga vetado. Es bien difícil oponerse a una necesidad tan latente como lo plantearon los ministros en la reunión de la Comisión de Hacienda (sobre reorientación de $42 millones)”, reflexionó Quijano.
Por su parte, Anabel Belloso, del FMLN dijo que decidieron acompañar con sus votos la petición porque “identificamos en esta solicitud prioridades y que nosotros hubiésemos querido en todo caso ir primero por un dictamen parcial para dar salida a esas prioridades. Esperamos que realmente se traduzca en la compra de medicinas”, apuntó.
Rodolfo Parker, del PDC, exhortó a Bukele a ponerse a trabajar porque ya cuenta con los recursos suficientes. “Le estamos asignando más que suficientes recursos para que empiece a trabajar (el presidente de la República). Son $42 millones adicionales que le estamos entregando como Asamblea”, explicó Parker.
Cada fracción legislativa externó los motivos que los llevaron a votar por la reorientación. Todos coincidieron en que no es por la exigencia de Bukele, sino por los compromisos que como diputados tienen con la población.
“El PCN va a dar su respaldo a este dictamen, porque este fue un compromiso que asumimos en 2018 con los maestros del país y el cual nosotros estamos honrando, ratificar nuestro compromiso con el magisterio nacional y el personal técnico del Ministerio de Educación”, manifestó Mario Ponce, diputado pecenista.