En momentos en que el tema de lucha contra la corrupción en El Salvador pareciera que ha dado pasos sobre terreno movedizo y que en redes sociales, algunos ciudadanos defienden a su corrupto pero atacan al corrupto contrario, el nuevo presidente del Centro de Estudios Jurídicos es directo al referirse a ese lastre de las sociedades.
El abogado José Miguel Arévalo Rengifo advierte que “la corrupción mata, la corrupción roba salud, roba seguridad, roba educación, roba progreso, y por lo tanto, es un atentado directo a los derechos humanos”.
Pero Arévalo Rengifo destaca avances en materia del combate a la corrupción en El Salvador, aunque también expresa su preocupación porque “el juicio civil ordenado por la Corte -Suprema de Justicia- vaya a detenerse o vaya a verse entrampado por motivos que no sean justificados de conformidad con las leyes”.
A pesar de esos intentos de querer suprimir el juicio civil, Arévalo cree que han habido avances en el combate a la corrupción, y un claro ejemplo de eso es que hay un expresidente condenado -Elías Antonio Saca- y un expresidente -Mauricio Funes- que es prófugo por estar siendo procesado por el desvío de 351 millones de dólares.
“Mi generación nació y creció sabiendo de que los presidentes nunca iban a la cárcel, la generación de mis hijos, es una generación que ha nacido sabiendo de que los presidentes que cometen actos de corrupción, van a la cárcel y que tienen consecuencias”, dijo Arévalo, quien agregó que “ese es un cambio muy importante, hoy se rompió esa tradición de que hubiese un nivel de impunidad en los altos cargos y eso es muy importante para el país”.
También se refirió al proyecto de Ley de Probidad Pública que se elabora en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa.
La inconstitucionalidad de la referida ley está sustentada en la eliminación del juicio civil por enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios y exfuncionarios públicos.
Arévalo consideró que la intención de los diputados de eliminar el juicio civil “era destruir los mecanismos de combate a la corrupción”.
El artículo 240 de la Constitución establece el juicio civil contra funcionarios y exfuncionarios que se hayan enriquecido ilícitamente con fondos públicos. En este nuevo proyecto de la Corte, tampoco contempla el juicio civil y lo remite a las instancias de extinción de dominio.
“Si la Corte va a presentar por iniciativa este proyecto de ley, ese proyecto tiene que cumplir con los parámetros constitucionales y con la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional que ha sido enfática en señalar que el juicio que está regulado en el Artículo 240 de la Constitución es el juicio civil”.
De ahí que Arévalo Rengifo cree importante que se fortalezca a la Corte de Cuentas para convertir a este ente contralor en una institución confiable e independiente. El expresidente de la Corte de Cuentas, Rafael Hernán Contreras, es procesado por haber favorecer a Antonio Saca con una auditoría en la que se avaló el uso de la partida secreta durante su gestión presidencial, y que luego la Fiscalía General logró un acuerdo en el que Saca aceptó que robó $300 millones del erario.
A juicio del abogado, se debe de considerar una reforma al Código Penal para que el período de prescripción de los delitos de corrupción sea mayor que el actual que son diez años. Cree conveniente que se pueda extender a unos 25 años.
Sobre una posible Cicies
El presidente del Centro de Estudios Jurídicos abordó el tema de la instalación de una comisión internacional que investigue la corrupción que sería conocida como Cicies y que en teoría vendría a fortalecer el trabajo que realiza la Fiscalía General en las investigaciones de los casos de corrupción.
“De crearse este organismo creemos importante que sea para fortalecer la labor de investigación que ya realiza la Fiscalía General contra la corrupción”, afirma Arévalo, para quien es fundamental que, “si se establece la Cicies debería mostrar una total independencia, sobre todo del Órgano Ejecutivo que es quien la está promoviendo, y ese debe ser el compromiso, vigilar que no se transforme en un satélite del Ejecutivo”.
“No puede darse a este ente ad hoc, atribuciones o facultades que por Constitución le corresponden a la Fiscalía General de la República, en ese orden debería de ajustarse al marco constitucional y legal”.