Más de $2.3 millones del presupuesto ordinario de la Policía Nacional Civil (PNC) es destinado para el pago de salarios de 389 agentes supernumerarios que dan seguridad a los 84 diputados de la Asamblea Legislativa, según un informe de la Oficina de Acceso a la Información de la corporación policial.
El informe detalla que cada agente supernumerario o de Protección a Personalidades Importantes (PPI) recibe un salario mensual de $413 más bono alimenticio de $90. Eso le representa a la Policía un gasto de $160,657 al mes, lo que se traduce en $1 millón 927 mil anuales.
Pero ese costo se le incrementa a la corporación policial porque tiene que erogar $35,010 al mes en el pago de la alimentación de los miembros de la seguridad de los parlamentarios, lo que representa en términos económicos $420, 120 anuales.
Al sumar salarios más bonos alimenticios resulta en una erogación de $2,348,004 anuales para mantener la seguridad de los diputados.
Al personal supernumerario que cuida a los diputados, la Policía le suma un cabo, nueve agentes de la Policía graduados de carrera y cinco motoristas. Fuentes legislativas explicaron que algunos diputados contratan con plaza de supernumerario a personas de su confianza o conocidos, pero que no ejercen esa función de guardia de su seguridad, sino que realizan diligencias propias del diputado.
El diputado por el partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrhan Bonilla, aseguró que él por ley tiene derecho a que le asignen cuatro agentes del PPI pero que él ha desistido de ese beneficio porque considera que no siente ninguna amenaza ni que su vida corre riesgo.
“Tengo asignados cuatro PPI, pero yo no los utilizo. No veo porqué andar con seguridad, si yo estoy obligado a legislar por el bien de la sociedad”, dijo Beltrhan Bonilla.
Consideró que si los diputados están al servicio de la población, no deben temer ni andar con seguridad.
Recientemente, la diputada por ARENA, Marcela Villatoro, aseguró que hay diputados que contratan personas con plazas de supernumerarios, pero no desempeñan funciones de seguridad ni legislativas.
Villatoro denunció en una entrevista televisiva que un diputado de otro partido, contrató a un entrenador para que le enseñara a jugar fútbol a su hijo, pero con plaza de supernumerario. “¿Por qué no decirlo? Hay diputados que tienen personas que ocupan plazas que no desempeñan funciones legislativas. Eso es corrupción”, declaró.
“¿Qué tiene que estar haciendo ahí un entrenador de fútbol? Totalmente, eso es corrupción, y esas son las cosas que tenemos que cambiar”, dijo Villatoro.
Fuentes policiales aseguran que se contrata a personas no idóneas
Fuentes de la Policía explicaron que hay diputados que han solicitado a la División de Protección de Personalidades Importantes la contratación de personas como supernumerarios pero que no tienen ninguna preparación en seguridad personal.
Entre esas solicitudes recordaron la de un parlamentario que pidió contratar entrenadores deportivos con plazas de supernumerarios, pero que supuestamente no ejercen como tal.
En este contexto, ha habido casos en que fracciones legislativas contratan a estos supernumerarios como empleados de la Asamblea Legislativa con jugosos salarios, pero con la plaza de colaboradores administrativos. Esto ocurrió con los hermanos Óscar Remberto Delgado Martínez y Samuel Elías Delgado Navas.
Los hermanos son acusados de haber asesinado al dirigente departamental del PCN, Ramón Orlando Kury. Actualmente se encuentran en prisión provisional.
Fuentes policiales aseguran que policías de carrera dan seguridad a algunos diputados cuando estos deberían estar patrullando y dándole seguridad a los ciudadanos.
Seguridad a los diputados está establecida legalmente
El subdirector de la Policía, comisionado César Flores Murillo, explicó que los diputados tienen derecho a seguridad personal porque así lo contempla la ley. “Ellos proponen personas de su confianza en algunos casos, se contrata previa evaluación y revisión de la documentación como la solvencia de antecedentes delictivos, matrícula de arma de fuego y si no pasan la evaluación, no se contratan”, dice el jefe policial.
Estos agentes asignados a funcionarios públicos serán remunerados con base en contrato, según el artículo 7 de la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial.
La contratación de este personal por parte de la corporación policial obliga a los agentes contratados a sujetarse a las leyes y reglamentos que rigen a la Policía, a la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego y Explosivos, así como los reglamentos que rigen al personal supernumerario por parte de la Policía.