“El nuevo gobierno tiene una oportunidad única e histórica”. Con esas palabras, la relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, se refirió al hecho de que el gobierno del presidente Nayib Bukele tiene la oportunidad de lograr que las víctimas del conflicto armado y sus familiares conozcan la verdad sobre lo que ocurrió en ese período.
Al final de la sesión, el vicepresidente de la CIDH, José Hernández García, reforzó la opinión de Urrejola al advertir: “Los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, son crímenes cuya reparación, cuya justicia va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo… Sí hacemos ese llamado a una acción inmediata y resultados concretos”.
Gloria Evelyn Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, expuso lo que el Estado salvadoreño ha hecho en busca de la justicia restaurativa para las víctimas del conflicto y sus familiares.
“Han pasado demasiados años, las víctimas y sus familiares están muriendo y tiene derecho a la verdad”, subrayó Urrejola. Por eso, considera que, para el gobierno de Bukele, “tiene que ser prioridad” la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto, en referencia a la identificación de los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los comisionados del CIDH dieron estas declaraciones tras escuchar lo expuesto por una delegación de organizaciones no gubernamentales, que solicitaron la audiencia, y la delegación del estado liderada por Gloria Evelyn Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección a Derechos Humanos, de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Martínez explicó ante la CIDH que se había invitado a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, pero ninguna de estas instituciones envió representantes a la audiencia.
La representante del Estado salvadoreño explicó que ya se cuenta con una política de persecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad y que la Fiscalía ha contado con asesoría y capacitaciones de la oficina local del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Ante esta afirmación, Amanda Castro, representante de Las Dignas, agregó que “solo hay cuatro fiscales” para investigar más de 160 casos.
Urrejola agregó que veía con buenos ojos lo que la delegación del Estado salvadoreño informó, pero insistió en que “la búsqueda de la verdad” debe ser algo prioritario: “Las víctimas están viejas y ojalá las madres puedan saber qué pasó con sus familiares (desaparecidos)”.
Por su parte, el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, recomendó seguir el ejemplo de otros países respecto a la recuperación de archivos militares que puedan dar pistas sobre lo ocurrido en el conflicto. Lanza mencionó que una medida es pasar la gestión de los archivos militares a una gestión independiente, que podría ser un Archivo General de la Nación. Otra medida “tiene que ver con ordenar la reconstrucción de los archivos que se han destruidos”.
Finalmente, el vicepresidente de la CIDH recordó que para acompañar los avance en el tema de búsqueda de la verdad y justicia, una delegación de la CIDH visitará el país en diciembre para examinar ese y otros temas, como seguridad ciudadana, derechos de las mujeres, desplazamiento forzado interno y derechos ambientales.
Fiscalía ya judicializó 16 casos
En San Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya judicializó 16 casos y que investiga otros 171. “Actualmente, la FGR implementa la política de persecución penal de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurrida en el contexto del conflicto armado, cuyo objetivo es dar solución y tratamiento eficiente en las investigaciones”, informó. También trabaja en un proyecto de los crímenes de guerra.