Aunque la Fiscalía General de la República ha calificado la condena de 373 cabecillas de la Mara Salvatrucha a penas de entre 4 y 74 años de cárcel por diferentes delitos como un fallo “inédito, a nivel nacional y mundial”, el juez especializado de sentencia, Godofredo Salazar, recriminó el jueves a la institución por no haber ejercido acciones penales contra varios políticos que hicieron acuerdos y entregaron dinero a la agrupación criminal, por lo que sugirió que los fiscales habrían incurrido en el delito de omisión de investigación.
Los encuentros entre los jefes de la mara Salvatrucha y los funcionarios habrían ocurrido previo a los comicios presidenciales de 2014 y legislativos y municipales de 2015.
Entre las pruebas que llevaron al juez a emitir un fallo condenatorio en el caso Operación Cuscatlán está la declaración del testigo “Noé”, quien recibió beneficios penales a cambio de declarar contra sus excompinches. También intervenciones de llamadas telefónicas y vídeos donde se ve a funcionarios y exfuncionarios de los partidos FMLN y ARENA reunidos con pandilleros.
Quienes salen con los mareros son el exministro de Gobernación en la administración de Salvador Sánchez Cerén, Arístides Valencia; el diputado de ARENA, Norman Quijano, el exdiputado tricolor, Ernesto Angulo, y el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
Otros nombres mencionados en las llamadas son los del exministro de Defensa, David Munguía Payés; “Benito”, “Howard, jefe de los azules”, “Araujo”, “Wilson” y “Obispo”.
Los entonces alcaldes de Ilopango, Soyapango, San Martín, Apopa, Santa Tecla, Mejicanos y Usulután también habrían hecho ofrecimiento de dinero o trabajo a pandilleros.
Salazar explicó que las pruebas que analizó revelaron indicios suficientes de que hubo pactos entre pandilleros y funcionarios, por lo que estos últimos, según el juzgador, habrían incurrido en los delitos de agrupaciones ilícitas, fraude procesal, fraude electoral, peculado (malversación de fondos públicos) e incluso, lavado de dinero.
Por ello, advirtió a los fiscales que no debe haber diferencias de las personas que delinquen y afirmó que en el país hay “gánsteres pandilleros” y “ gánsteres políticos”.
El caso Operación Cuscatlán, para el juez, fue de gran relevancia por la cantidad de personas enjuiciadas (425, de las cuales 52 fueron absueltas) y porque es el segundo proceso judicial que en el que hubo un abordaje “residual y no principal” del tema “político- electoral”.
“La Fiscalía tiene la obligación de tener ese proyecto ya en un tribunal, como proyecto principal de investigación, promoviendo la acción penal correspondiente”, aseveró Salazar en la lectura del fallo.
Aunque él dejó entrever que es la Fiscalía quien tiene el monopolio de dirigir la investigación y ejercer la acción penal, sostuvo que cuando el caso se presenta ante un tribunal el juez lo valora en forma integral.
“Un juez no puede callar ni asolapar circunstancias que eventualmente han ocurrido en una investigación”, razonó Salazar.
El juez increpó al Ministerio Público por no haber investigado a los funcionarios, pese a que las pruebas las tenía desde 2016.
Un fiscal respondió que los momentos y estrategias para iniciar una acción penal le competen a la institución y debido a que las investigaciones tienen grados de confidencialidad no se pueden revelar las diferentes etapas para no alertar a posibles partícipes de delitos.
“Hay total disposición de la Fiscalía (para) que estos casos salgan a la luz, porque sean llevados a un estrado judicial. La línea que tenemos es el cumplimiento de la ley. Que no quepa duda de que si el complemento de las investigaciones hay elementos de existencia de delito o de participación de personas, pues la Fiscalía no hará distinciones”, apuntó el delegado fiscal.
Fiscalía debe “reivindicarse”
Aunque la declaración de “Noé” no fue la única prueba contra los 425 pandilleros fue de las principales, porque reveló información sobre cómo operaba la pandillas para cometer homicidios, extorsiones y traficar armas y drogas. Pero el juez cuestionó a los fiscales por no haber profundizado en el interrogatorio y haber permitido que quedaran varias preguntas sin responder.
Exministros mencionados
El funcionario explicó que el audio de una intervención telefónica que se hizo a dos cabecillas de la MS se les escucha hablar de la existencia de un video en el que el cabecilla de la MS, Rubén Antonio Rosa, (a) “Chivo de centrales” aparece reunido con el exministro Munguía Payés.
Esa grabación, según los delincuentes, habría sido mostrada en una reunión con Sánchez Cerén.
“‘El Chivo de centrales’ ha estado expuesto a múltiples persecuciones, basta y sobra (con) que Fiscalía desentierre esas evidencias de donde las posee y se va a encontrar sorpresas: no solo Munguía Payés, sino otros actores políticos pueden estar involucrados. Fiscalía, hoy es la oportunidad de reivindicar esas circunstancias o de lo contrario puede estar incurriendo en omisión de investigación o en su caso las administraciones anteriores no quisieron desenterrarlas”, advirtió el juez.
Otras interrogantes que no se aclararon en el juicio es cuál es el polígono de tiro a donde los pandilleros hacían prácticas y por qué hay imágenes donde se observa a un policía junto con una delincuente cuando hace las prácticas y quién autorizó al agente a estar ahí.
Fiscal filtraba información
En el video donde se ve al exministro Arístides Valencia con mareros él les dice que llega en “carácter personal”, pero que va con la intención de “reiniciar el proceso”. “¿A qué proceso se refiere?”, se preguntó el juez.
Cuando los delincuentes le increpan sobre la tardanza para involucrarlos en un proyecto como voluntarios, para el cual el gobierno, según él, creó el Departamento Principios y Valores, les respondió: “Un fiscal llamó al secretario y le dijo que había un video en el que aparecía yo, la diputada que también le había entregado dinero…”.
El juez expresó que la Fiscalía no profundizó la investigación porque no se conoció a qué “secretario” se refería Valencia. También se desconoce quién es el fiscal que puso en sobre aviso a ese funcionario.
“¿A cuál secretario? ¿Fue el fiscal general (quien filtró la información) o un delegado fiscal? Es un asunto muy grave que pone en riesgo la institucionalidad del país”.
Sobre el ofrecimiento de Quijano a dos cabecillas de dar $100 millones a las alcaldías para proyectos orientados a las maras e instalaciones militares para rehabilitarse, el juez advirtió que la reunión no era “fortuita” y le parece inaudito que un “líder político” se reúna con pandilleros.
Sobre el video donde se ve al alcalde Muyshondt con pandilleros a quienes les entrega varios paquetes de billetes, el juez dijo: “Es suficiente indicio de incriminación. Esta persona debió haber estado sentada aquí junto con los pandilleros porque tiene igual categoría”.
Quijano ha rechazado los señalamientos, mientras que Muyshondt admitió los encuentros con los pandilleros pero, según él, fueron con la venia de su partido para pedirles que dejaran a la ciudadanía salir a votar (ver nota parte).