Juez condena a 373 pandilleros de la MS e insta a Fiscalía a procesar a políticos

Cabecillas de la mara purgarán penas de entre 4 y 74 años de cárcel por homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas y otros delitos. Videos e intervenciones telefónicas mostradas como prueba vinculan a los convictos en negociaciones con funcionarios y exfuncionarios

Las condenas impuestas fueron de entre cuatro y 74 años de prisión. Además, 52 personas fueron absueltas. Foto EDH

Por Diana Escalante

Dic 13, 2019- 06:10

En un hecho sin precedentes en El Salvador, 373 cabecillas de la llamada ranfla histórica y colaboradores de la Mara Salvatrucha enjuiciados en el caso “Operación Cuscatlán” fueron condenados este jueves a penas de entre 4 y 74 años de cárcel tras comprobarse que cometieron los delitos de homicidio, proposición y conspiración y agrupaciones ilícitas.

El Juzgado Especializado de Sentencia “A” además absolvió a otras 52 personas. Cuatro de los ocho acusados que enfrentaban el proceso en libertad fueron condenados; dos no acudieron a escuchar fallo, por lo que el juez Godofredo Salazar los declaró rebeldes y ordenó capturarlos.

Entre los condenados a las penas mayores de prisión están los cabecillas de la MS: Borromeo Hernríquez Solórzano, quien purgará 39 años por coautoría en el delito de homicidio. Saúl Antonio Turcios y Élmer Canales Rivera fueron declarados culpables de dos casos de asesinato y se les impuso 60 años de cárcel a cada uno. Dionisio Arístides Umanzor Osorio fue condenado a 14 años.

Este caso ha tenido gran trascendencia porque “Noé”, un pandillero que recibió beneficios penales a cambio de declarar contra sus excompañeros, reveló en el juicio que varios exfuncionarios y funcionarios de ARENA y el FMLN entregaron dinero a la agrupación previo a las presidenciales de 2014.

En su fallo, el juez señaló que con la prueba presentada por la Fiscalía General pudo comprobar que varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno de FMLN negociaron con pandilleros a cambio de votos para las elecciones presidenciales de 2014. Lo mismo hicieron funcionarios de ARENA.

En la audiencia, Salazar ordenó que se proyectaran unos vídeos donde se observa al exministro de Gobernación en la administración de Salvador Sánchez Cerén, al diputado Norman Quijano y al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reunidos con pandilleros. A este último se le ve haciendo entrega de varios paquetes de dinero.

Foto EDH/ Lissette Monterrosa

El juez manifestó que en la grabación Quijano le ofreció a los delincuentes instalaciones militares para rehabilitarse y destinar $100 millones a las alcaldías para que se invirtieran en recuperación de territorios.

En su momento, tras ser mencionado, Quijano negó los señalamientos hechos por “Noé”. Mientras que Muyshondt admitió que se reunió con mareros para pedirles que permitieran a la ciudadanía salir a votar con la venia de su partido.

Los audios de intervenciones telefónicas que se le hicieron a pandilleros revelaron que cabecillas de la MS tenían comunicación con funcionarios como el exministro de Defensa, David Munguía Payés; el exministro de Seguridad, Benito Lara, “Howard”, el “jefe de los azules”. Ante esto, el juez dijo a Fiscalía que investigue quién es Howard.

El FMLN ha negado haber negociado con delincuentes.

En las conversaciones entre los delincuentes con algunos de estos exfuncionarios, según el juez, se negociaba la reducción de muertes violentas a cambio de beneficios, pero en los audios se escucha decir a los pandilleros: “Vamos a jugar con la onda de los homicidios”.

El juez recriminó al Ministerio Público por no procesar a los políticos mencionados pese a que hay indicios de que habrían cometido delitos como peculado, fraude procesal, fraude electoral e incluso lavado de dinero. Salazar advirtió que la Fiscalía podría haber cometido omisión de investigación.

Uno de los fiscales dijo que hay disposición de la institución de que los hechos salgan a la luz y no descartó que se inicien acciones penales contra los señalados.

El Fiscal General Raúl Melara ha dicho que los señalados en el juicio y que aparecen en vídeos están bajo investigación.

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