Dos semanas de persistentes denuncias de los ciudadanos a través de El Diario de Hoy y otros medios de comunicación llevaron al Juzgado Ambiental de San Salvador a abrir un proceso formal por la pestilencia percibida en el agua distribuida por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
El tribunal le dio un plazo de cinco días hábiles al presidente de la ANDA, Frederick Benítez, y a la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, para que aclaren la situación del mal olor, sabor y color del agua y las posibles consecuencias en la salud de 1.2 millones de salvadoreños que la consumen en el Gran San Salvador.
El juez requiere además los planos del sistema de tratamiento y purificación del agua procesada en la planta potabilizadora “Las Pavas”. Asimismo, los registros de los caudales, los insumos, las dosis utilizadas y las bitácoras de mantenimiento en dicha planta.
Benítez deberá aclarar si ANDA posee un plan de contingencia aprobado. En caso de que exista, ANDA deberá adjuntar las bitácoras del momento en que el personal técnico de la planta “Las Pavas” se percató de que el agua potable tenía mal olor, sabor y color.
En una conferencia de prensa el pasado 21 de enero, el presidente Nayib Bukele explicó que el inconveniente con el agua potable en el Gran San Salvador se debe a la proliferación de algas en los alrededores de la planta “Las Pavas”, por lo que el tratamiento para acabar con la turbidez en el agua sería el sulfato de cobre.
“Gracias al apoyo de técnicos de otros países encontramos que el sulfato de cobre es la solución. Nos recomendaron usar 4 miligramos por litro, pero descubrimos que usando solo uno se destruyen por completo (las algas). Ahora ya no debe tener mal olor ni sabor”, dijo Bukele al hablar sobre la crisis hídrica que tiene el Gran San Salvador.
A raíz del tratamiento utilizado por ANDA para limpiar el agua, el juez le ordenó a esta entidad entregar el estudio científico y técnico en el que se basó para usar sulfato de cobre. La resolución ordena que Benítez deberá “detallar la concentración, el tiempo y las proporciones, y en qué parte del proceso del tratamiento del agua se está aplicando el sulfato de cobre”.
El juez requiere, además, que ANDA aclare si cuenta o no con un sistema permanente de monitoreo de la calidad del agua. Si lo tiene, deberá presentar los resultados del monitoreo de los últimos 30 días.
MINSAL y el MARN también deberán responder ante el juez
El proceso incluye no solo a la ANDA sino también al Ministerio de Salud (MINSAL) y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
El juzgado ambiental solicita al MINSAL, de “carácter urgente”, un informe detallado sobre el momento en que el Ministerio detectó el fenómeno denunciado y las acciones para enfrentarlo. Asimismo deberá aclarar si las causas de la pestilencia en el agua (antes y después del tratamiento con sulfato de cobre) generan problemas en la salud. Estas posiciones deberán sustentarlas con estudios científicos.
Mientras que el MARN tendrá que presentar el permiso ambiental en “Las Pavas” junto con las auditorías ambientales, así como un uniforme sobre la calidad del agua en el río Lempa antes de la bocatoma de la ANDA y, si existen, los estudios deberán indicar la razón de la proliferación de algas y los métodos de eliminación.