Tras el incendio de la fábrica de Baterías de El Salvador, la noche del domingo, está claro es que la planta estaba bajo la responsabilidad y custodia del Estado y que el siniestro fue provocado.
La fábrica, situada en San Juan Opico, La Libertad, fue cerrada y confiscada de un plumazo por el Estado en 2007, es decir, hace 13 años, por autoridades de Salud, pero sin aval judicial tras denuncias de contaminación en la zona.
MIRÁ TAMBIÉN: Vecinos de la exfábrica de baterías incendiada: “El panorama era aterrador”
“Hemos hecho una evaluación y creemos que prácticamente alguien está involucrado para poder darle fuego”, declaró el director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría.
El abogado de los antiguos dueños de la fábrica, Arturo Muyshondt, tiene una hipótesis al respecto: el incendio se habría originado en la extracción clandestina de plomo que aún se conserva en la escoria abandonada. De allí que para lograrlo los hechores necesitaran hacerlo con fuego, agregó.
Entrevistado por El Diario de Hoy, Muyshondt explicó que durante este tiempo ha presentado a la Fiscalía numerosos avisos de que desconocidos estaban saqueando el laboratorio y mobiliario de la planta, sin que se hayan tomado medidas para frenarlo.
CONTINÚA LEYENDO: La zona afectada por incendio es el área de oficinas de la exfábrica de baterías
La hipótesis de Muyshondt cobra fuerza con las declaraciones del director de Bomberos, quien fue franco para exponer la falta de protección y la vulneración de las instalaciones.
“Por el momento no hemos encontrado a nadie en el lugar, pero por las circunstancias y la estructura que estamos viendo perimetralmente, hay demasiados agujeros, roturas, es probable que alguien ingresa a esos lugares y por ahí inició el fuego”, dijo Chavarría.
Un cortocircuito está definitivamente descartado porque no hay energía eléctrica en el lugar.
A juicio de Muyshondt, las instalaciones tendrían que haber estado resguardadas por la Policía por ser un inmueble que está intervenido por el Estado, pero no había custodia.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, se limitó a decir ayer que “hay sospechosos del hecho”, pero no explicó por qué no había custodia policial en la planta.
Tampoco los ministros de Gobernación, Mario Durán; de Salud Pública, Francisco Alabí, y de Defensa, Francis Merino Monroy, dieron alguna explicación sobre la falta de la custodia. Los tres llegaron la noche del domingo al lugar del incendio.
Intervenida por el Estado desde hace 13 años
El 24 de septiembre de 2007, la entonces Directora de la Unidad de Salud del Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad, ordenó el cierre y la confiscación de la exfábrica de baterías. La planta pasó entonces a poder del Estado y los propietarios no pudieron volver.
Muyshondt no duda en calificar de ilegal la confiscación de la fábrica porque la Directora de la Unidad de Salud no tenía la competencia ni la capacidad legal para hacerlo, así como porque la Constitución prohíbe las confiscaciones que no sean ordenadas por las autoridades judiciales.
El abogado asegura haber denunciado el saqueo de maquinaria, plomo y otros bienes de la exfábrica a los últimos tres fiscales generales, pero hasta la fecha no hay detenidos, a pesar de que les ha proporcionado fotografías del plomo robado.
En una carta fechada el 18 de marzo de 2019, Muyshondt denuncia al Fiscal General, Raúl Melara, que personas que habitan en los alrededores de la planta retiraban el plomo que estaba almacenado en las instalaciones para venderlo.
Según otras fuentes, en el lugar quedaron 800 toneladas de plomo y miles de toneladas de plomo en escoria y en lingotes y pailas donde se fundían las partes.
Muyshondt aseguró que le adjuntó fotografías con las que comprueba que funden el plomo para ser vendido a las ferreterías. Además señalo que la persona que les compraba el plomo para fundirlo, hasta esa fecha, era un residente de Apopa.
Recordó que desde que las instalaciones fueron “confiscadas ilegalmente”, estas pasaron a custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por estar en resguardo del Estado.
“El desmantelamiento de la planta, así como el saqueo del plomo, que por medio de la presente hago de su conocimiento, son un evidente caso de los delitos de hurto , realizado con la complicidad de la PNC, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes”, señala Muyshondt en la misiva enviada al fiscal Melara y a cuya copia tuvo acceso El Diario de Hoy.
Tras más de un año de haberle notificado al fiscal Melara, Muyshondt se lamenta que no haya capturas.
El robo del plomo de la planta fue confirmado por inspecciones técnicas del Ministerio de Medio Ambiente en las instalaciones, entre el 21 y 22 de mayo de 2013.
El 7 de junio de ese mismo año, el entonces ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, le informó a través de una carta a Muyshondt que las inspecciones técnicas establecieron que se habían sustraído unas 49 toneladas métricas de baterías de ácido plomo usadas, y otros materiales de la referidas instalaciones.
El apoderado de la empresa Baterías de El Salvador aseguró que los antiguos propietarios gestionaron ante una empresa peruana que los desechos (escoria y ceniza) fueran retirados de la planta y exportados, para lo cual no iban a cobrar ningún centavo.
La empresa hizo los trámites ante el Juzgado Ambiental de San Salvador, pero este tribunal declaró que no tenía competencia para autorizar la exportación de los desechos y remitió la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente, que desechó el interés de la empresa peruana, según Muyshondt.
Sin embargo, la Sala de lo Constitucional le ordenó al Ministerio de Medio Ambiente a que incluyera $30 millones en su presupuesto para el desalojo de esos desechos de plomo.
El exviceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, sostuvo que la sentencia señalaba que era el Estado y no los propietarios de la fábrica, quien debería de asumir los “costos de la remediación”. Aseguró que en cinco años no encontraron país o donante privado que aportara los fondos, porque argumentaban que el lucro era privado.
Empresa busca recuperar instalaciones
La empresa Baterías de El Salvador demandó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a las autoridades de Salud Pública de ese entonces, porque según su apoderado legal, se extralimitaron en las atribuciones que les da la ley. La decisión del cierre de la fábrica por parte de la Directora de la Unidad de Salud fue ratificada por la Dirección General de Salud Pública, el Ministerio de Salud Púbica y el Consejo Superior de Salud Pública.
La empresa se abocó a interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Corte, pero más de una década después no hay respuesta.