El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha impuesto desde su creación un total de $201,197,64 en multas a funcionarios de varias instituciones estatales por no brindar la información requerida por los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría no han sido pagadas y se ha buscado diferentes formas para no hacerlo.
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), las sanciones que el IAIP emita debe asumirlas el titular de la organización con capacidad de tomar decisiones.
En total son 35 entidades del Estado las que han sido sancionadas por el IAIP por ese monto global, tras procesos administrativo por negar datos e información oficiosa a ciudadanos que se la solicitaron.
De ellas solamente cuatro entidades han cancelado ya multas impuestas ($3,793,14 en total), algunas han ido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un intento de revertir la medida impuesta por el instituto. Otros simplemente no las han cancelado.
Ese es el caso de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), a la que se le impuso una multa de $63,875.70 por negar información a un periodista que solicitó copias de actas de reuniones del comité ejecutivo 2014-2018, y también de contratos de derechos televisivos de la selección mayor con las empresas Media World e Imagina US.
El entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y 13 directivos también fueron multados en septiembre de 2013 con $9,324,00, pero desde esa fecha no han pagado por negar datos sobre los asesores legislativos. El caso está en manos de la Sala de lo Contencioso, según datos proporcionados por el IAIP a este periódico.
“Aquí hay situaciones que considerar. Las entidades han acudido, unas a ampararse ante la Corte Suprema de Justicia y otros, a los juzgados o a la Cámara de lo Contencioso Administrativo, a efecto de evitar pagar la multa o de alguna forma decir que no es legal lo que les ha impuesto el instituto”, manifestó el presidente del IAIP, René Eduardo Cárcamo.
En 2016 a la municipalidad de San Miguel se le impuso una multa de $8,809,50, pero el caso también se fue a la Sala de lo Contencioso.
El ministerio de Economía tiene desde marzo de 2016 una multa por pagar de $8,809,50, pero hasta la fecha no la ha pagado, de acuerdo al documento del IAIP.
En julio de 2013 el IAIP multó al rector de la Universidad de El Salvador, pero también se fue a la Sala de lo Contencioso, en un intento por no pagar la sanción de $8,964,00 al negar información pública.
Para evitar que estas instituciones y sus funcionarios se queden sin cumplir lo resuelto por el IAIP, Cárcamo dijo que se ha creado una unidad que se encarga de verificar que sus fallos sean cumplidos.
“Esta unidad, cuando denota que ha habido incumplimiento de parte del que ha infringido la ley y que tiene esta multa, y que no ha sido cancelada por este sujeto obligado, entonces los casos se están remitiendo a la Fiscalía General de la República, institución a la que por ley le corresponde cobrar”, externó el titular del instituto.
Años de esperar los datos
Pero aparte de eso, con el hecho de ampararse a otras instancias judiciales para evitar cumplir con la sanción, se está afectando el derecho del ciudadano a obtener la información requerida de manera oportuna, como es el espíritu la Ley de Acceso a la Información Pública.
Solo en el caso de la junta directiva de la Asamblea Legislativa se han cumplido 6 años desde que el dato de los asesores fue requerido por un ciudadano y que la solicitud fue rechazada por la junta directiva que entonces era presidida por Sigfrido Reyes, ahora presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador.
Fue hasta que asumió la presidencia del Congreso la también efemelenista Lorena Peña, que se ordenó publicar en el sitio web de la Asamblea, gracias a presiones de las organizaciones de la sociedad civil, el listado de asesores y sus respectivos sueldos, tal y como se había requerido inicialmente.
Sin embargo, en algunos de los otros casos de instituciones que se han amparado en otras instancias, los datos que le fueron requeridos en su momento están con freno, a la espera de una resolución final.
“Cuando se multa, de los aspectos que se contempla es la obligación que se impone de que aunque pague la multa debe entregar la información. Si no estaríamos en el plan de que el ente prefiera no entregar la información y lo multen y con eso cree que ya está dispensada la entrega de la información, lo cual no es así. Por eso se reitera que aún con el pago de la multa tiene que entregar la información que se ha ordenado”, apuntó Cárcamo.
Entre los entes obligados a brindar información oficiosa, pero que no lo han permitido, están varias alcaldías a quienes el IAIP les impuso multas desde 2013 a la fecha, pero que tampoco han cumplido.
La más reciente multa se impuso el 23 de enero de este año al oficial de información del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de $3.041,70, aunque en este caso aparece que ya fue pagada.
Otros que cumplieron con el pago son CEPA, que tenía una multa por $257,14; el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer por $251,70; el director del INFRAMEN que pagó $242,60; y la alcaldía de Santa Rita, Chalatenango con un monto similar ya cancelado.
Los titulares de las restantes instituciones siguen pendientes de cumplir la sanción impuesta por el IAIP. Además, deben garantizarle a los ciudadanos el derecho de acceder a datos e información pública.