El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) informó ayer que abrirá expediente a la ministra de vivienda, Michelle Sol, por difundir información de una ciudadana, luego de que esta cuestionara el “abandono de Gobierno” en la cárcava de la colonia Santa Lucía en Ilopango.
El IAIP inició “procedimiento administrativo sancionatorio” en contra de Sol, luego de admitir la denuncia contra la funcionaria por una posible infracción a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La decisión IAIP va en relación de que la funcionaria pudo haber cometido una infracción muy grave, según la letra “b” del Art. 76 de la LAIP, consistente en “entregar o difundir información reservada o confidencial”.
La denuncia contra la ministra fue interpuesta por el director del organismo de la sociedad civil “Acción Ciudadana”, Eduardo Escobar, el 29 de noviembre, bajo el argumento de que la funcionaria publicó en la red social de Twitter una serie de tweets en los que se apreciaba fotocopias del Documento Único de Identidad (DUI) y Tarjeta de Identificación Tributaria, de una persona que, se alega, participó en una manifestación en contra del gobierno.
Luego de que la ciudadana participó en dicha manifestación, la ministra Sol publicó un hilo en Twitter en el que difundió las fotografías de diversos documentos y datos personales de la ciudadana que hizo la denuncia del abandono por parte del Gobierno.
La funcionaria borró el hilo de Tweets pero existen capturas de pantalla, plasma la denuncia.
“Es preciso señalar que estos documentos contienen datos personales catalogados como confidenciales de acuerdo al Art. 24 de la LAIP. En caso de comprobarse su responsabilidad de conformidad con el Art. 77 letra “a” de la LAIP, podría imponérsele una multa de 20 a 40 salarios mínimos mensuales para el sector comercio y servicios, la cual deberá ser pagada con fondos propios y no de la administración pública”, establece el IAIP en la admisión de la denuncia contra Sol.
El IAIP tramitará el procedimiento conforme a las fases establecidas en la LAIP y en la LPA, con una audiencia de la funcionaria denunciada y emitirá una resolución definitiva de acuerdo a los plazos correspondientes.
Eduardo Escobar al interponer la denuncia cuestionó cómo la funcionaria había tenido acceso a dicha información.
¿Cómo tuvo acceso la ministra a las copias de dichos documentos de identidad? ¿Quién le confirió acceso a estos datos?, preguntó Escobar.
“Es evidente que la publicación de la copia del DUI y NIT significó difundir información confidencial sin consentimiento o autorización expresa del titular para su divulgación. Sin duda, el acto de borrar las publicaciones muestra que la ministra no contaba con la autorización de la titular de la información para difundir dichos documentos”, dijo Escobar el pasado 29 de noviembre al presentar la denuncia.
Ayer luego de conocer la admisión de la denuncia, Escobar mencionó que hay suficientes evidencias de que se cometió una infracción por parte de la ministra.
“Esperaríamos que el Instituto falle en ese sentido, tenemos que esperar cuáles son los argumentos de descargo de la ministra, para evitar la responsabilidad que acarrea el acto que ella realizó”, dijo Escobar, de Acción Ciudadana.