El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, denunció ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a la ministra de Vivienda Michelle Sol.
Esto ocurrió luego que, el viernes por la mañana, una habitante de la colonia Santa Lucía, donde se ha formado una cárcava, denunció el abandono y la falta de apoyo del Gobierno.
Ante eso, la ministra Sol publicó un hilo en Twitter en el que difundió las fotografías de diversos documentos y datos personales de la ciudadana que hizo la denuncia.
Dentro de lo publicado por Sol se encontraba el Documento Único de Identidad (DUI) completo, el documento del Número de Identificación Tributaria (NIT) completo, así como los recibos de pago con firma y números de DUI de la ciudadana que hizo declaraciones críticas contra la actual gestión.
Luego de que diversos ciudadanos señalaran que dicha acción era ilegal, la ministra borró los tuits, pero minutos después volvió a subir la imagen del recibo en la que se ve el nombre completo, el DUI, la firma y otros datos financieros de la habitante de la colonia Santa Lucía.
Según Escobar “es evidente que la publicación de la copia delDUI y NIT significó difundir información confidencial sin consentimiento o autorización expresa del titular para su divulgación. Sin duda, el acto de borrar las publicaciones muestra que la ministra no contaba con la autorización de la titular de la información para difundir dichos documentos”.
Además, Escobar sostiene que es importante cuestionarse “¿cómo tuvo acceso la ministra a las copias de dichos documentos de identidad? ¿Quién le confirió acceso a estos datos?”. Escobar considera que hay duda de que “también se ha violentado la custodia de la información confidencial que dispone el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública, debiéndose indagar la participación de otros empleados o funcionarios”.
Cuestionado sobre lo anterior por El Diario de Hoy, el director de estudios legales de Fusades, Javier Castro, consideró que “se puede manifestar que son datos personales los que se ha divulgado de una ciudadana, y que los mismos tienen protección legal y no pueden divulgarse de esa manera conforme a la ley”.
Castro finalizó diciendo que “hay sanciones en la LAIP por entregar este tipo de información (…) ya se presentó un escrito al IAIP, quien debe conocer, estudiar el caso y determinar la sanción aplicable. También en la Ley de Delitos Informáticos existen sanciones penales por revelación de datos personales”.
Sonia Hernández, del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, advirtió que “hay que pedir permisos para divulgar esta información”. La abogada agregó: “No sabemos si (la ministra) ha pedido autorización, se vale que se divulgue versión pública, más no poner una publicación donde aparece número de DUI y de NIT”.
Saúl Baños, director de FESPAD, fundación que también se dedica a la promoción de la transparencia, recordó que el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública considera que es infracción muy grave entregar información reservada o confidencial;lo que, según Baños “es el caso de la información personal de esta ciudadana”. Además considera que vale preguntar: “¿Cuál es la intensión de exponer a la ciudadana”.