Los fondos que el gobierno transfiera para la emergencia por el COVID-19 y que estaban asignados para proyectos de inversión pública que han sido suspendidos, tal como ya adelantó el Ministerio de Hacienda que lo hará, deberán pasar por la autorización de la Asamblea Legislativa.
Así lo indica la Ley orgánica de la Administración Financiera del Estado (AFI) y también el decreto 593 que establece el Estado de Emergencia aprobado por el órgano Legislativo.
El artículo 45 de la ley AFI en el apartado sobre modificaciones presupuestarias establece que “las transferencias entre asignaciones de distintos ramos u organismos administrativos de la administración pública, excepto las que se declaren intransferibles, serán objetos de Decreto Legislativo a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Hacienda”.
También el decreto legislativo 593 en su artículo 12, inciso 3, indica lo siguiente: “Las transferencias de asignaciones presupuestarias entre distintas instituciones del sector público no financiero, con el propósito de atender oportunamente las necesidades generadas por el estado de emergencia nacional serán conocidas con carácter de urgencia por la Asamblea Legislativa”.
Según datos de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), de los $836.5 millones previstos inicialmente para proyectos de inversión pública que el gobierno les informó en febrero se destinarían $173.5 millones para proyectos de Fovial, por lo que para el resto de obras de inversión pública quedarían $663 millones para 2020.
El director ejecutivo de Casalco, José Antonio Velásquez, explicó que de acuerdo a esas proyecciones, en los primeros tres meses del año se tendrían que haber invertido $166 millones, por lo que estima que actualmente son entre $490 y $500 millones, cuya inversión queda suspendida a partir de la decisión del gobierno.
En ese caso, es la cantidad que Hacienda estaría reorientando a la emergencia por COVID-19.
En la nota con fecha 10 de abril que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, envió a todas las instituciones del Estado, indica que los fondos que estaban destinados para proyectos de inversión pública serán destinados a la emergencia. “(…) Este despacho ministerial realizará el trámite respectivo para reorientarlos hacia la atención de necesidades y prioridades derivadas de la emergencia y otras necesidades presupuestarias de orden estratégico definidas por la Presidencia de la República; igual tratamiento recibirán los recursos de FGEN (Fondo General) asignados a programas en ejecución, que no estén comprometidos a la fecha (…)”, dice la nota.
El diputado del FMLN, Víctor Hugo Suazo, confirmó que de momento no les ha llegado a la Comisión de Hacienda ninguna solicitud de transferencia de fondos de estos proyectos que quedarán suspendidos para reorientarlos a la emergencia.
Explicó que Hacienda tiene la facultad, mediante la ley AFI, de poder hacer movimientos dentro del presupuesto y que si bien no existe la obligación de trasladar la totalidad de los montos presupuestados a cada institución, “el problema es que existen compromisos y las distintas instituciones hacen planificación en vista de los presupuestos que le han sido aprobados en la ley”.
Suazo indicó que los que les preocupa es “que se vulnere la autonomía de órganos del Estado, algunos incluso con autonomía que les de la Constitución; distinto es el caso del Ejecutivo porque ellos tienen la dirección de las finanzas y ellos pueden tener una planificación de todos los ministerios, pero las autónomas tienen lógica distinta…”.