La existencia de una “caja chica” en el Gobierno para usar dinero a discreción y sin mayor control siempre ha sido un punto polémico y cuestionado en las diferentes gestiones presidenciales y aunque en los últimos años se tuvo más información sobre la llamada “partida secreta”, ahora hemos vuelto al principio: en teoría no existe pero hay mecanismos no transparentados que funcionan como tal.
La “partida secreta” se incluía en los presupuestos anuales bajo el concepto de “gastos reservados” bajo el número 54315 y desde 2012 que diferentes investigadores han logrado rastrearla, cada año fue disminuyendo su asignación desde los 38 millones hasta los 80 millones anuales (ver gráfica). De esta partida, según declaraciones del expresidente Antonio Saca durante su juicio, se financiaba el Organismo de Inteligencia de Estado (OIE).
VER: El fin de la partida 54315 que contenía los gastos reservados de Presidencia
Pero cuando el presidente Bukele asumió en junio de 2019 eliminó del Presupuesto de 2020, el primero que mandó a la Asamblea, la partida 54315 de Gastos reservados.
“Sobre la PARTIDA SECRETA: por supuesto que la VAMOS A ELIMINAR. Fue una promesa y la VAMOS A CUMPLIR.”, tuiteó el mandatario en 2019.
Al menos nominalmente Bukele la eliminó, porque de acuerdo a expertos en transparencia, los gastos a discreción han continuado con otro nombre: apuntan al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, un mecanismo creado en 2005 para una bolsa de donde sacar dinero cuando hubiera emergencia y que por ese motivo puede saltarse la fiscalización de la Ley de contrataciones y adquisiciones (Lacap) y además a la partida del OIE.
Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) explicó que en rigor fiscal el FOPROMID no funciona como antes los gastos reservados, aunque políticamente su uso se parezca a la extinta partida secreta.
“El FOPROMID es un fondo extrapresupuestario, ya como una ley de acceso a la información el gobierno debería dar esta información, el problema es que no la quieren dar”, aclaró.
Por ley, el FOPROMID cuenta con una asignación anual de $4 millones pero desde enero de 2020 en los inicios de la pandemia de COVID los traslados presupuestarios a ese fondo han sido enormes: solo el año pasado dispuso de $660 millones y entre enero y junio de este año, el FOPROMID pasó de los $4 millones a los $259 millones, de acuerdo a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, quien pidió al Gobierno transparentar el uso de esos fondos para ayudar a la lucha contra la corrupción.
A juicio de Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) no puede compararse los gastos reservados desde 1989 a 2019 con lo erogado por la actual gestión desde que inició la pandemia, pues corresponden a mecanismos diferentes, en lo que coincide con Rodríguez.
Lo que es evidente es que el uso discrecional de los recursos públicos ha ido mutando.
“Si uno mira la asignación al FOPROMID son cantidades exorbitantes”, dice Castaneda.
Con estos mecanismos, en palabras de Castaneda, “existe el escenario ideal para que haya corrupción”. El economista explicó que la corrupción no solo es “robo de dinero”, sino también “robo de oportunidades”; pues el dinero mal utilizado en actos de corrupción podría haberse utilizado en construcción de escuelas o en proporcionar tratamientos médicos que podrían haber salvado vidas.
En esto coincide precisamente Jessica Estrada de FUNDE, quien exactamente pone el dedo sobre la discrecionalidad de este fondo.
“Esa misma figura se esta ocupando hoy con el gasto de emergencia. Se están haciendo gastos amparados en la emergencia. Hay unos que no aplican como gastos destinados para esto. Es grave porque se usa una figura especifica que no ampara estos gastos”, explicó.
De los más de $860 millones de los que ha dispuesto el FOPROMID desde que inició la pandemia, muchos de ello financiado con préstamos, emisión de Letes y algunas donaciones de países como Japón, han sido distribuidos a diferentes ministerios como el de Agricultura, Salud u Obras Públicas, carteras que han sido cuestionadas por la Corte de Cuentas por diferentes contratos poco transparentes como los paquetes solidarios, la reparación de la red de hospitales y compra de insumos médicos durante la pandemia.
De hecho, los titulares de Salud, Francisco Alabí, y Obras Públicas, Romeo Rodríguez, irán a juicio de cuentas junto a otra decena de funcionarios por diferentes hallazgos de irregularidades en el manejo de los fondos de la pandemia, como obras inacabadas o inexistentes en hospitales públicos, compra de aires acondicionados que no fueron utilizados en área de pandemia y que algunos equipos no coinciden con las especificaciones que fueron ofertadas.
Precisamente Estrada se refiere a estos casos como los ejemplos de que la administración Bukele está abusando de estos mecanismos discrecionales amparados en la ley del FOPROMID.
“Muchas de las observaciones de la corte son porque se han erogado fondos que no aplican para la emergencia: antes de pintar la fachada del hospital debo ver qué medicinas hacen falta, ahí están las similitudes con los gastos reservados que han abusado de esta figura con este fondo. Amparados en la ley del FOPROMID que permite saltarse los controles de leyes como la LACAP”, manifestó Estrada.
Para la experta, un gobierno sí puede tener partidas para gastos imprevistos o confidenciales, tal como los usados en el ministerio de Defensa o el Órgano Judicial por la confidencialidad que se requiera, pero en otros países con democracias sólidas esos gastos son auditables aunque se mantengan en la confidencialidad.
“El problema es la opacidad: no pueden estar exentos de fiscalización. La Corte de Cuentas debe tener acceso a esos datos aun cuando los informes se van a manejar con la misma reserva. Por otro lado, esos fondos no pueden ser ilimitados, eso es un absurdo. Acá se ha abusado de eso con esas partidas de gastos reservados en esos ministerios.
El problema ha sido el abuso y el exceso de fondos canalizados con esta figura de gastos reservados”, concluyó.
FUNDE, quien en un estudio de mayo de este año puso su mirada sobre los nuevos mecanismos para el uso discrecional de fondos, también pone en la mira de la sospechas las erogaciones de la OIE.
“Existe el riesgo que este dinero que los ciudadanos aportan con sus impuestos se termine utilizando para otros fines -personales, familiares, amigos, del partido político en el poder--, tal como pasó con el presidente Elías Antonio Saca, que ahora está en la cárcel. Es importante saber que el presidente Saca no usó todo el dinero del presupuesto para sus fines personales, sino especialmente uno que estuvo disponible para la unidad Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), oficina adscrita a casa presidencial, y que era financiada por la partida de gastos reservados”, consideró la Fundación.