Tras conocerse que el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, no acudió el miércoles a un citatorio de la Fiscalía General de la República para que declarar como testigo en la investigación iniciada sobre el cerco sanitario que fue instalado en el Puerto de La Libertad, el fin de semana anterior, los diputados de la Asamblea Legislativa denunciaron la indiferencia que tienen los funcionarios de Gobierno para rendir información de interés nacional.
“Es preocupante porque no es un cualquier institución la que está llamando al ministro de la Defensa, es el fiscal general, quien tiene la obligación y responsabilidad, según la Constitución, de verificar los posibles delitos que se cometan contra los ciudadanos y contra el Estado”, reprochó Cristina Cornejo, del FMLN.
Agregó que con ello “sin duda” se está atentando contra el estado de derecho y recordó que se hizo lo mismo el 9 de febrero pasado, cuando el Ejército militarizó el Órgano Legislativo horas antes de que el presidente de la República, Nayib Bukele, llegara a una sesión plenaria, supuestamente convocada por el Consejo de Ministros, en la que conminó a los parlamentarios para que autorizaran al Gobierno a suscribir un préstamo de $109 millones para ejecutar la fase III del Plan Control Territorial.
Por este incidente, el Congreso iba a interpelar a Merino Monroy el pasado 21 de marzo, pero la Comisión Política acordó que la diligencia se suspendería y se realizará hasta que terminen la emergencia sanitaria por el COVID-19.
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La parlamentaria del partido de izquierda, Yanci Urbina, también advirtió que las “transgresiones permanentes” contra el orden constitucional han hecho que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, o países cooperantes, como Estados Unidos, han emitido diversas condenas al respecto. Por eso, llamó al titular del Ministerio Público, Raúl Melara, a “actuar” porque “tiene una responsabilidad muy alta dada por Constitución”.
Melara ha insistido que garantizar la salud de la población debe ser prioridad y se deben tomar medidas, pero ha advertido que los funcionarios no tienen más facultades que las que les otorga la ley.
A juicio del diputado de ARENA, Norman Quijano, los cercos sanitarios que se están implementando para combatir el virus “más parecen cercos militares”.
Él criticó que el ministro de Defensa no haya atendido ayer el llamado la la Fiscalía y aseguró que es una práctica recurrente de los funcionarios de Gobierno de Bukele.
“Es un muy usual que funcionarios de este Gobierno desatiendan invitaciones para abordar temas de gran interés. Lo vemos con mucha frecuencia cuando citamos a ministros, los vemos aquí en la Asamblea cuando a ellos les interesa impulsar una reedición de la ley de emergencia, pero cuando nosotros los requerimos información de ellos no vemos una respuesta positiva”, cuestionó Quijano.
El funcionario apuntó que la comunicación y cooperación entre los Órganos de Estado debería ser recíproca, “no unidireccional, de forma autoritaria”. Quijano sostuvo que requieren información de los titulares de las instituciones porque eso les sirve para legislar.
“No encontramos contribución, sí la encuentran ellos de parte nuestra. Esto llega a cansar, a tal grado que hay colegas que quieren que actuemos con más determinación en estas cosas”, dijo el parlamentario.
“Funcionario no puede escudarse en orden de tuit para ilegalidad”
El diputado Francisco Merino, del PCN, afirmó que todos los funcionarios que han acatado órdenes presidenciales que pudieran haber caído en ilegalidades por medio de un tuit, serán responsables de sus actos.
“Aquí pareciera que es un juego, todos sabemos que un tuit no es medio oficial de comunicación, querer escudarse en que el presidente ordenó por tuit no exime de responsabilidad al funcionario que actúa”, manifestó Merino.
Según el parlamentario, el fiscal general debe actuar en cada caso, como en el del cerco sanitario impuesto en el Puerto de La Libertad.
“Si ha habido ilegalidades, el funcionario actuante es responsable, él no puede escudarse en decir que el tuit del presidente Bukele, me dijo que yo lo hiciera, no es excusa, los funcionarios intermedios deben tener la sensatez de saber lo que sí pueden hacer dentro del marco de la ley. Si ha habido privación de libertad, de libre circulación de las personas, eso es muy delicado en el caso de la Fuerza Armada y de la PNC”, añadió Merino.
Los alcaldes de varios municipios también han retomado esta medida, pero basados en los acuerdos tomados como comités de Protección Civil Municipales, todo con el propósito, según los alcaldes, de evitar aglomeraciones ante el riesgo de contagio del COVID-19.