En menos de un año y arropados por la emergencia sanitaria que facilitó tramites y aceleró las compras directas -sin licitaciones-, son varios los negocios con el gobierno en los que se han visto salpicados funcionarios, ex funcionarios del gabinete de Nayib Bukele, o familiares de estos, y también hay un caso de un exdiputado de ARENA.
El primero en saltar a la palestra de estos negocios ilegales, ha sido el expresidente de FONAES, Jorge Aguilar, cuya empresa vendió $250,000 en protectores acrílicos al ministerio de Salud.
Luego de eso se ha sabido de diversos casos, como los 26,000 pares de botas de hule que Salud, bajo la sombra de la emergencia compró a la empresa Autodo, cuya presidenta es Celina Quiñonez, tía política del ministro Francisco Alabí.
En el marco de la pandemia del coronavirus, tambíen se han adjudicado por parte del MOP contratos con una empresa de comunicaciones, pero “por servicios de transporte” y se han adquiridos millonarias sumas, 12 millones para ser precisos, por insumos a empresas dedicadas a la venta de repuestos… en España. Este es el caso de Javi Performance Parts SL, o JR Parts, a la que Salud le compró gabachones médicos no estériles y caretas no estériles. La Fiscalía ha dicho que hay varios casos bajo investigación y estarían también bajó la lupa del Tribunal de Ética Gubernamental.
Lo que había detrás de las máscaras de Koky Aguilar
Este fue el primer caso de presunta corrupción en el que un funcionario del gabinete estaba haciendo negocios con el Estado aprovechando las ventajas de las contrataciones directas.
En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 la empresa INSEMA, propiedad de la familia de Jorge Aguilar es a la que el Ministerio de Salud le compró $250,000 en caretas protectoras.
Así consta en el informe presentado por dicho ministerio ante la Asamblea Legislativa el pasado 28 de abril. Lo cual está prohibido en la Ley de Ética Gubernamental y en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP).
La negociación fue a todas luces algo ilegal porque la ley prohíbe que funcionarios entablen negocios con el Estado. Pero según los registros, Aguilar Zarco – quien luego fue destituido por el presidente Nayib Bukele- no solo vendió $250,000 en protectores faciales en un claro irrespeto a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) y a la Ley de Ética Gubernamental, sino que las vendió con sobreprecio.
Cada una de las 100,000 máscaras adquiridas le costó al Ministerio de Salud (Minsal) $2.50, cuando en el mercado estas máscaras pueden costar entre $1.13 y $1.80 cada una.
Pero Aguilar Zarco no solo le vendió a Salud los miles de máscaras protectoras, sino que se dio el lujo de hacer campaña ya que estaba indicado como el candidato para competir por la alcaldía de Santa Tecla por el partido Nuevas Ideas. De lo que también quedó separado. Koky Aguilar se paseó por diversas instituciones del gobierno como el mismo ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los Bomberos, al Instituto Nacional de los Deportes y Comandos de Salvamento, entre otros, a donde llevó “donaciones” de mascaras protectoras.
Según las investigaciones, el plástico que se habría utilizado para esos protectores fue parte de lo recolectado por el mismo gobierno en una campaña posterior a la crisis de agua en San Salvador que llevó a repartir agua embotellada.
Salud compró 800,000 mascarillas a negocio vinculado a diputado de ARENA
Otro de los casos de las negociaciones en el marco de la pandemia y con la compra de mascarillas, es el del diputado René Gustavo Escalante. Según investigaciones periodísticas el Ministerio de Salud compró 800,000 mascarillas quirúrgicas por 344,000 dólares a la firma Grupo GME Inversiones.
Los socios de esa empresa son el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y un hermano suyo, Manuel José. Escalante renunció en junio al partido ARENA y en los últimos meses se ha mostrado afín al proyecto Bukele.
Según los archivos periodísticos, el 20 de marzo de este año, una semana después que se decretara la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud le compró 800,000 mascarillas quirúrgicas plisadas al Grupo GME Inversiones, vinculada al legislador Escalante Zelaya. Estas compras fueron hechas cuando el ministerio de Salud estaba en manos de Ana Orellana Bandek.
El hermano del diputado trabaja en la Alcaldía de San Salvador como gerente de Desarrollo Urbano. Escalante es fundador y administrador junto a miembros de su familia del Grupo GME Inversiones que contrató el Ministerio de Salud.
De acuerdo al medio digital El Faro que expuso este caso, la compra se dio “pese a que esta (empresa) no figura en la base de datos de proveedores de esa cartera de Estado y antes de la emergencia por Covid-19 nunca había vendido insumos médicos” y añade que “la empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal la informática”.
Orellana Bandek fue separada del cargo y fue sustituida por el ministro Francisco Alabí quien se ha desmarcado de estas compras pues ha dicho que se realizaron según los procesos existentes en el ministerio.
El exdiputado de ARENA amenazó con demandar al medio que dio a conocer este caso de presunta corrupción.
25 junio: Gobierno compró $344 mil en mascarillas a empresa del diputado Escalante y su familia
Exviceministro de Hacienda ligado a empresa que vendió protectores
Alejandro Zelaya Villalobo, el actual ministro de Hacienda es socio del propietario de la empresa SYGM Asesores, que vendió protectores faciales sobrevalorados al Ministerio de Salud por un monto de $750,000, aprovechando la emergencia por la pandemia COVID-19.
A pesar de haber sido salpicado por la ola de presuntas negociaciones entre funcionarios o sus socios con el Estado, y de que fue denunciado ante el Tribunal de Etica Gubernamental, Zelaya Villalobo fue promovido por Bukele de viceministro de Ingresos a ministro de Hacienda, tras las salida de Nelson Fuentes, hace un par de semanas.
Los 300,000 protectores faciales vendidos por SYGM S.A. de C.V. al gobierno central a través del Ministerio de Salud, están sobrevalorados, ya que cada unidad fue vendido a $2.50 cuando otra empresa los vende a $1.13 si se le compra por miles.
Según investigaciones de El Diario de Hoy, Zelaya Villalobo no solo es socio del representante de la firma que vendió protectores faciales a Salud y también compartían oficina.
La oficina que compartían -según documentos- es la casa número 7A del final de la calle Arturo Ambrogi de la colonia Escalón, hasta noviembre del año pasado. Ahí funcionaba la empresa SYGM Asesores.
El estado de emergencia derivado de la pandemia por COVID-19 permitió al Gobierno hacer compras directas, una modalidad expedita (sin licitar) que está dentro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El representante legal de SYGM Asesores es Rogelio Cabrera, originario del cantón San Francisco de San Simón, Morazán. Su oficina de trabajo como contador público la tiene en San Miguel, afirman quienes lo conocen.
Como socio de Cabrera en esa misma empresa aparece Jorge Alberto Vásquez Turcios. Y tras conocerse este caso de presunta corrupción, miembros del partido Nuestro Tiempo presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental por considerar un “evidente conflicto de interés”, luego de la investigación de El Diario de Hoy.
Compras de alimentos más caros en el Ministerio de Desarrollo
La ministra María Chichilco firmó un contrato por $973,000, para comprar alimentos a una empresa que enfrenta un proceso de extinción de dominio, DISALI. Esta empresa es parte de los negocios ligado a Adán Salazar, alias Chepe Diablo, procesado por lavado de dinero.
Ese contrato fue firmado pagando más caro por varios productos como arroz, maíz, frijol y azúcar, ya que el 17 de abril de 2020, la Defensoría del Consumidor emitió el Acuerdo número 37 mediante el cual fijó los precios máximos de productos considerados esenciales, como frijoles, arroz, maíz, leche en polvo y huevos.
Se lo mandaba el literal d) del art. 2 del Decreto Legislativo 593, con el cual se declaró el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con investigaciones, este ministerio le pudo ahorrar al Estado $176,000, si se hubiera apegado a esa fijación de precios.
A pesar de esa fijación, el 28 de abril, la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, conocida también por María Chichilco, firmó el contrato No. FISDL/P/013/2020, “Adquisición de productos alimenticios para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador”, por la suma de $973,199.60. Por ejemplo, el gobierno pagó $2 más por cada quintal de maíz blanco. Pagó a $20 el quintal. Y por cada quintal de arroz, el ministerio de Desarrollo Local pagó $50, que se traduce en ocho dólares más del precio máximo.
VER: Ministerio de Desarrollo pagó sobreprecio de $176,000 en compras de maíz, arroz y frijoles
Salud compra botas a familia de Alabí
El ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó una compra de botas de hule por $225,000, pero lo hizo a la empresa Autodo, propiedad de un hermano de su madre. El Ministro no lo negó a la revista Gato Encerrado, la responsable de esa publicación, cuando fue consultado sobre si no veía conflicto de interés. Alabí declaró que ese caso está en manos de la Corte de Cuentas, según la publicación.
La compra consistió en 26,000 pares de botas de hule marca “Tornado” a un precio unitario de $7.50 cada par sin incluir IVA, según detalla la orden de compra que aparece en el sistema electrónico de compras del Estado llamada Comprasal.
La investigación de Gato Encerrado revela que el Ministro firmó la orden de compra 133/2020 y en ella también está estampada la firma de Celina Quiñónez, en su calidad de representante de la empresa Autodo S.A de C.V., pero el detalle es que la señora Quiñónez es la esposa del tío del Ministro.
Según la investigación periodística, la tía política del ministro Alabí, Celina Quiñónez, es la presidenta y representante legal de Autodo, una empresa que se dedica a la venta de repuestos para vehículos. Mientras que los hijos de esta y primos de Alabí, José Ángel, Gonzalo y Violeta, todos de apellido Montoya Quiñónez, aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el centro Nacional de Registros.
11 julio: Ministro Alabí compró $225 mil en botas para médicos a empresa de su familia
Gobierno compra insumos a españoles
Javi Performance Parts SL, o JR Parts, promociona en su página web la venta en España de repuestos y accesorios para autos. En un pequeño apartado del sitio también anuncia en oferta mascarillas KN95 y alcohol desinfectante.
Y así, en un trato cerrado el 13 de abril pasado, el Ministerio de Salud acordó comprarle a esta pequeña empresa española 1,500,000 mascarillas, 150,000 gabachones médicos no estériles y 300,000 caretas no estériles. Todo por un monto de $5,085,000.
Sin embargo, las compras ascienden a $11,927,050, según documentación entregada a la Asamblea Legislativa.
La orden de compra 148/2020 de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de Salud establece la compra de 1,500,000 mascarillas tipo KN95 a un costo de $2.04 cada una; 150,000 gabachones médicos no estériles a un precio de $8.00 cada uno; y 300,000 caretas acrílicas a $2.75 cada una. Lo que suma $5,085,000.
El documento establece que el dinero provendría de los “Fondos Fopromid Donaciones”. Por parte del Gobierno firmó Francisco José Alabí, ministro de Salud, y Javier Sánchez Brunete Herraiz, como administrador de Javi Performance Parts SL.
Investigaciones en España indican que Javi Performance Parts SL no ha reportado sus cuentas al Fisco desde 2012, el primer año de sus operaciones formales.
Anliker y sus negativas a rendir cuentas
El ministro de Agricultura y Ganadería Pablo Anliker se ha negado en dos ocasiones asistir a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar el uso de los $23 millones solicitados para reponer dinero de la compra de granos básicos durante la emergencia por el coronavirus.
Y esta semana, cuando por fin llegó, tampoco supo explicarles de qué manera se ha gastado la millonaria cantidad de dinero.
Los diputados buscaban conocer de boca de Anliker qué ha hecho con más de $250 millones que ha ocupado de fondos del presupuesto de Agricultura para la compra de alimentos a un precio mayor del mercado local a proveedores de Sinaloa, en México, así como el desvío de $7 millones de salarios de empleados del MAG para otros fines.
El ministro dijo que no estaba preparado para responder luego de que el diputado Rodolfo Parker del PDC le pidiera que detallara como se habían distribuido los fondos usados en la compra de los granos.
Los diputados intentan conocer el uso de los fondos, porque Hacienda está solicitando $250 millones de un préstamo con el BID, y a Agricultura se le destinarán $40 millones más para apoyar al sector agrícola.
15 de julio: Agricultura desvió fondos de salarios para comprar granos de Sinaloa
15 agosto: Osiris Luna usó ilegalmente $8.5 millones de las tiendas penitenciarias