Por segunda ocasión el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, evadió llegar a la Asamblea a explicar el uso de fondos para la emergencia, entre ellos, varios millones de dólares destinados a la compra de cestas alimenticias y $23.5 millones que solicita a los diputados le avalen que se le transfieran para suplir gastos efectuados por la pandemia, una acción que los parlamentarios califican de “ilegal”, por haber tomado $7 millones de la partida de salarios del MAG.
Anliker envió una nota a la comisión de Hacienda justificando que está a la espera del resultado de su prueba de COVID-19 para descartar que sea un caso positivo. El funcionario fue uno de los que no llegó al Salón Azul la semana pasada a presentar su informe de labores anual.
Mario Durán, ministro de Gobernación; y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, son algunos de los ministros que han publicado ser positivos al virus justamente cuando tienen que ir a rendir cuentas a la Asamblea de su gestión.
A Anliker le esperaban varios cuestionamientos, no sólo por la petición de reintegro de $23 millones de un dinero que ya se gastó y ahora pide le den los fondos para compensarlo. La diputada Yanci Urbina, del FMLN, publicó en su Twitter erogaciones por más de $250 millones que ha hecho Agricultura respaldándose en la emergencia.
En un cuadro que Urbina colgó en su red social se detalla que el MAG ha hecho contrataciones directas para el paquete alimentario promovido por la Presidencia de la República por $151.9 millones; más otros $42 millones, siempre por contrato directo para la “adquisición de cestas solidarias y canastas de abarrotes”.
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Según ese documento, también ha realizado contrataciones directas para la reserva “estratégica de granos básicos” por $37.6 millones; mientras que las contrataciones directas por la emergencia sin especificar el destino ascienden a más de $19 millones.
Urbina también recordó que el FMLN no apoyará la transferencia que el MAG quiere de $23 millones, pues el dinero ya fue gastado sin contar antes con la aprobación de la Asamblea.
“Hemos sido claros que la asignación de recursos deben cumplir con el principio de legalidad y de transferencia y no de manera arbitraria o potencialmente ilegal como en algunos casos hemos visto hoy que hemos vuelto sobre el tema de los $23 millones del MAG, que efectivamente queda claro y establecido que fue un uso que excede las capacidades y competencias del MAG y de Hacienda y que hoy están queriendo validar con esa operación de traer un expediente de incorporar presupuestariamente $23 millones”, aseveró Urbina.
Para el diputado Rodolfo Parker, del PDC, haber usado $7 millones de salarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la emergencia sin aval de la Asamblea es “un fraude de ley” y pretender que la Asamblea apruebe esa “ilegalidad” retribuyendo los fondos al MAG para subsanar esa situación no será posible, dijo Parker.
Anteriormente, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, explicó que la acción del titular del MAG cae dentro del delito de “malversación de fondos”. Al respecto, los diputados dijeron que le daban 15 días a Anliker para explicar todas las inquietudes sobre el dinero, caso contrario acudirán a la Fiscalía. El FMLN ya puso un aviso la semana pasada con ese objetivo.
A Anliker le esperaban varios cuestionamientos de los diputados, quienes objetaron que en su lugar llegara el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien también insistió a los legisladores ratificar cuanto antes $550 millones de tres créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados para varios programas de atención sanitaria y económica debido a la pandemia.
Estos fondos son parte del financiamiento de los $2,000 millones que la Asamblea autorizó desde abril al Gobierno negociar en créditos para combatir la pandemia y reactivar la economía.
Sobre esto último, los parlamentarios dijeron que evaluarán el presupuesto extraordinario que hasta el miércoles de la semana pasada les hizo llegar Hacienda, para decidir si ratifican o no los préstamos, ya que se necesitan 56 votos, sin embargo, Fuentes les exhortó a agilizar el trámite, debido a que El Salvador podría perder uno de los créditos.
“El BID cierra la evaluación macroeconómica que está vigente para que a los países se les pueda aprobar los recursos. La evaluación macroeconómica termina su vigencia e inicia otra que puede durar hasta 4 meses”, argumentó Fuentes.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, motivó a sus colegas a ratificar los préstamos. Según dijo, el país perdería la oportunidad de acceder a deuda de bajo interés. Ponce dice que el BID ha facilitado el préstamo a una tasa del 2.11%, lo cual sería menos oneroso que tener que emitir bonos, ya que estos cobran el 9.5% de interés.
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