Fiscalía propone 45 años de cárcel por delito de desaparición

El Fiscal General solicitará a diputados incluir dos nuevos delitos en el Código Penal y Procesal Penal: desaparición forzada y desaparición forzada agravada

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En las fosas clandestinas de Vista Lago de Ilopango, se han localizado unos 15 cadáveres de personas desaparecidas, entre éstas cuatro soldados. Foto EDH/ Archivo

Por Óscar Iraheta

2019-07-23 6:15:48

El Fiscal General de la República (FGR), Raúl Melara, presentará hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa, dos reformas al Código Procesal Penal y Código Penal para incorporar dos nuevos delitos para los delincuentes que participen en la desaparición de personas.

Melara detalló que pedirá que se incorpore el delito de desaparición forzada cometido por un particular, el cual tendrá una condena de 20 a 30 años de cárcel.

El nuevo ilícito se cometerá cuando la persona rapte a un ciudadano seguido del ocultamiento de su cuerpo. En este caso, se procesará por el delito de privación de libertad, el cual ya existe en la ley y se le sumará el de desaparición forzada.

La otra reforma es para el delito de desaparición forzada de personas agravada, el cual tendrá una pena de 35 a 45 años de prisión. En este casos se aplicará cuando exista acciones destinadas a destruir el cadáver de mujeres embarazadas, testigos, víctimas, niños, funcionarios, empleados, autoridad pública, agente de seguridad, entre otras personas.

Esta es la segunda iniciativa de parte de Melara en menos de dos semanas en el tema de personas desparecidas, las cuales suman más de 1,811 casos denunciados en lo que va del año.

El primer esfuerzo es la creación de la Unidad Especializada para Personas Desaparecidas, la cual está compuesta de nueve fiscales para recibir las denuncias. Los fiscales tendrán comunicación directa con otros que se encuentran en las diferentes oficinas del ministerio Público en todo el país.

Melara explicó que tras la denuncia, se investigará de inmediato durante 72 horas para determinar qué ocurrió con esa persona. Luego pasará a la nueva unidad que estudiará el caso durante 30 días y luego buscarán el apoyo de otras unidades especializadas si así lo requiere el proceso.

El Fiscal General detalló que hará una propuesta al Ministerio de Hacienda para buscar más dinero en el presupuesto de la nación e invertirlo en equipo tecnológico y científico.

“Nuestra prioridad es rescatar con vida a una persona que ha sido reportada como desaparecida. Todas las personas son iguales para nosotros y a todas las vamos atender por igual. Tenemos fiscales con experiencia en el tema, no estamos comenzando de cero para investigar”, expresó Melara.

La petición del funcionario se realiza luego de una ola de denuncias de familiares de personas desaparecidas, como la de tres obreros raptados en la calle al volcán de San Salvador hace tres meses y la de varios estudiantes universitarios.

El Diario de Hoy publicó el drama humano de una de las víctimas desaparecidas en El Boquerón junto a dos obreros más. La familia de la víctima se hunde en la pobreza, ya que él era la única persona que mantenía económicamente a sus hijas gemelas.

“En cada caso hay un drama humano que duele mucho, hay un padre, un hijo, una madre. Debe existir una obligación en unir esfuerzos con otras instituciones para encontrar a las personas desaparecidas. De nuestra parte vamos a poner todo el esfuerzo para encontrarlas”, sentenció el funcionario.
Registros de cámaras y testigos como pruebas ante jueces

En muchos procesos judiciales, los jueces no condenan a los imputados si no tienen como evidencia el cadáver de la víctima.

Sin embargo, Melara señaló que los fiscales harán todos los esfuerzos para tener toda la evidencia para demostrarle a los jueces que el imputado participó en la desaparición de una persona.

“Con las evidencias como registros de cámaras, declaraciones de testigos y otras, vamos a demostrar a los jueces que un imputado estuvo involucrado en una desaparición de una persona y aún cuando no se encuentre el cadáver de la víctima. Debemos adaptar los criterios a la realidad que vive el país y el Órgano Judicial no puede ser ajeno a esta realidad”, explicó Melara.