El Salvador se prepara para una evaluación que le hará el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) en el primer trimestre de 2022 en el sentido de determinar si cumple o no con las 40 recomendaciones (estándares) que el referido organismo le evaluará para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Por ello, es que el fiscal general, Raúl Melara, urgió a la Asamblea Legislativa que se agilice el estudio y aprobación de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, para que cuando El Salvador sea evaluado por el Gafic, no resulte perjudicado por no tener ese nuevo instrumento legal.
“Ese es uno de los elementos que estamos impulsando de que la Asamblea pueda estudiar a la brevedad y aprobar esta nueva ley de lavado de activos, es uno de los componentes esenciales para poder obtener una calificación satisfactoria en esa evaluación mutua”, dijo Melara.
Para hacerle frente a la evaluación del Gafic es que la Fiscalía General a través de su Unidad de Investigación Financiera (UIF) coordina la creación de un grupo interinstitucional que trabajará en el cumplimiento de las recomendaciones que haga el referido organismo internacional a El Salvador en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales.
En este equipo se integrarán funcionarios del Banco Central de Reserva, Superintendencia del Sistema Financiero, Corte Suprema de Justicia (CSJ), la UIF, y la Fiscalía.
“Es importante la coordinación entre las instituciones que tienen que ver con la lucha y la prevención del lavado de dinero y activos”, afirmó Melara.
Agregó que la apuesta del país es “cumplir con todos los requisitos y estándares internacionales que debe de tener un país de primer mundo para poder prevenir de mejor manera y combatir de manera efectiva el lavado de activos”.
El ente fiscal señaló que los países miembros del Gafic son evaluados por medio de tecnologías que permiten valorar el cumplimiento técnico de 40 recomendaciones del organismo internacional; así como, medir la efectividad de los sistemas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.
El 3 de julio pasado, El Salvador reingresó al grupo Egmont con el que se comparten investigaciones por lavado de dinero y otros delitos financieros con 150 naciones del mundo, luego de que la Sala de lo Constitucional declarara legal la reforma legislativa que daba independencia operativa a la UIF, incluso hasta del Fiscal General.
El país fue suspendido en octubre de 2018 porque el expresidente Salvador Sánchez Cerén vetó esa reforma a la Ley antilavado.