A falta de un Reglamento, la Ley de Firma Electrónica no se ha implementado desde 2015 que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. La ausencia de su aplicación no ha permitido avanzar en la modernización de los trámites para importaciones, exportaciones, eliminar la burocracia y agilizar los procesos de producción e inversión, mismos que fueron el incentivo que llevó a los diputados a crear la normativa, cuya discusión duró muchos años.
El objetivo de la Asamblea fue cumplir con lo que dicta el artículo 101 de la Constitución de la República, que “establece que el Estado debe promover el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. En consecuencia, debe crear los instrumentos legales que propicien el uso de tecnologías de información y comunicaciones”.
Sin embargo, han pasado cuatro años desde que la Asamblea Legislativa aprobó con 76 votos de todos los partidos la Ley de Firma Electrónica pero nunca se ejecutó, a pesar de que fue una iniciativa del anterior gobierno del FMLN.
Con dicha normativa se busca que la firma que se hace de forma manual tenga el mismo valor como si fuera emitida por medios electrónicos.
Para esto, los salvadoreños que así lo deseen, deberán certificar su firma a través de las empresas especializadas para efectuar el mecanismo, pero debido a que no hubo Reglamento ni el Ministerio de Economía creó la unidad especial dentro de esa institución para dar el aval a las empresas para que brindaran el servicio de certificación y almacenamiento tecnológico, la ley nunca pudo arrancar.
“Han pasado cuatro años de que la aprobamos y El Salvador no tiene ley. La humanidad ya llegó a Marte, hay satélites orbitando. Llegamos a la luna, China ya aterrizó en el lado oscuro de la misma, hay robótica e inteligencia artificial y no tenemos ley de firma electrónica”, lamentó la diputada de ARENA, Margarita Escobar.
Agregó que el Ministerio de Economía debía desarrollar el Reglamento o formar una unidad de firma electrónica, asociarse con otras compañías internacionales para que le dieran garantía a los certificados de firma electrónica salvadoreña “y no hicieron nada”, soslayó.
Efectivamente, El Diario de Hoy consultó al Ministerio de Hacienda y en esa entidad respondieron que aplicar la ley era responsabilidad del Ministerio de Economía.
Desde esa institución pública la respuesta se dio por medio de correo electrónico y respondieron a El Diario de Hoy que la Ley de Firma Electrónica entró en vigencia el 23 de abril de 2016 y que es el Ministerio de Economía el ente rector.
Sin embargo, aunque no lo dicen abiertamente admiten que ha sido hasta que entró el nuevo gobierno de Nayib Bukele que han comenzado a agilizar su aplicación.
“Desde que entró en vigencia la Ley, no ha existido un avance tan relevante como el alcanzado en este último trimestre bajo la nueva administración”, reza parte del informe enviado a El Diario de Hoy. (Ver más detalles en nota aparte).
¿Qué dice el FMLN?
Según el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal, además de agilizar la tramitología e incentivar las inversiones y la cadena productiva, el objetivo más importante de la ley de Firma Electrónica era combatir la elusión y la evasión fiscal, una de las banderas que alardeó el FMLN durante sus 10 años de gobierno.
“La firma electrónica necesita una actualización de software, tener control, no es simplemente que cada quién decide, porque eso está unido a un control fiscal, eso ayudará a aumentar el tema de la recaudación, vía eliminar la elusión y la evasión, es un combate a esos dos males, por eso se aprobó en 2015 como una herramienta para eliminar burocracias, pero sobre todo ayudar al combate para la elusión y evasión, que es una de las grandes cosas”, argumentó Hándal.
Pero al insistirle del por qué nunca la aplicaron relegó la culpa a los Ministerios de Hacienda y de Economía. “Quién debería de dar un informe de sobre cuál es el estado de la ley es Hacienda, ellos deberían de decir: ‘así está’, lo mismo Economía, porque entiendo que es un trabajo conjunto”, justificó el diputado efemelenista.
Cabe recordar que el actual titular de Hacienda, Nelson Fuentes, es uno de los funcionarios que han sido reelegidos en el cargo y que viene desde el anterior gobierno del FMLN, pero desde la unidad de Comunicaciones refirieron que es competencia del Ministerio de Economía la aplicación de la ley en mención.
Pero Hándal insistió que los diputados les dieron la herramienta necesaria a Hacienda para cumplir con la ley de Firma Electrónica.
“Lo que tienen que buscar allí es hacerla funcionar, para eso tienen la institucionalidad necesaria para ver todo eso, ese argumento que están dando hoy es simplemente para evadir su responsabilidad”, explicó Hándal.
Francisco Zablah, diputado de GANA, expuso que lo mismo ha pasado con distintos cuerpos de ley, no sólo con el de la Firma Electrónica, que ha sido siempre la falta de un Reglamento que ha impedido su ejecución, lo cual lamentó.
“No sólo en esa ley, el FMLN hizo lo mismo en otra ley que nadie le da importancia, el Reglamento de la Siget (Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones) tardaron cinco años en hacerlo y fue por la Ley de Telefonía que yo saqué (que se aplicó); en la Ley de Animales Domésticos no existe Reglamento, la ley de Firma Electrónica no tiene Reglamento tampoco. El país está lleno de leyes pero no las cumple en la parte que le toca hacer el Reglamento, igual con la firma electrónica no la han echado a andar”, reflexionó Zablah.
Tener la ley, pero sin su efectiva aplicación resulta en efectos adversos para el país, por ejemplo, Zablah citó que perjudica “al comercio, a las importaciones, exportaciones y en todos los aspectos afecta, y fueron meses de trabajo, años en la Asamblea para que todo se caiga por ineptitud. Fueron un montón de discusiones”, recordó Zablah.
Se intentó conocer la posición del PCN, para lo cual se le llamó por teléfono y se le escribió mensajes a su red social de watsap al diputado Francisco Merino, del PCN, ya que fue él quien participó de las discusiones previas a la aprobación de la ley, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Cuando la ley fue aprobada en 2015, los diputados celebraron que habían creado el marco jurídico para un proceso que ya se estaba llevando a cabo, pero que adolecía de una ley que brindara protección legal a los ciudadanos.
Foto EDH por Mauricio Cáceres
Efectos adversos por inaplicar ley
Dentro de los beneficios que la población ha dejado de percibir por la inaplicación de la ley de Firma Electrónica es bastante sensible y tiene que ver con los expedientes médicos que manejan los hospitales de la red pública.
El exdiputado del FMLN, Calixto Mejía, alardeaba en 2015 en el Salón Azul cuando avalaron la normativa, de que los hospitales públicos tendrían los expedientes clínicos en línea de los pacientes y se evitaría tener que hacer uno cada vez que un paciente llegara a un centro de atención distinto.
Los diputados aseguraron que con la firma electrónica se tendría acceso a la información de sus estados médicos en cualquier centro hospitalario mediante la firma que tenga cada salvadoreño.
Al respecto, la ley establece que existe una firma electrónica simple y una firma electrónica certificada. (Ver más detalles en recuadros).
Es en este punto de legalización y cuido de los datos personales de los ciudadanos que radica la creación de la Unidad de Firma Electrónica dentro del Ministerio de Educación, como “Autoridad Acreditadora Raíz de Proveedores de Servicios de Certificación y Almacenamiento de Documentos Electrónicos”.