Termopuerto Sociedad Anónima de CV, la empresa que esta semana pasó a ser la contragarantía del partido FMLN, para saldar una deuda de 2.6 millones de dólares con el Fisco tras haber sido derrotado en las pasadas elecciones, surgió en 2003 como Termopuerto Ltda. de C.V. con un capital de $11,542, mientras que el año pasado registró un capital de $ 18.7 millones ante el CNR.
Esa empresa, con domicilio registrado en la colonia San Benito, anunció en 2014 que habían invertido $100 millones en una planta de energía eléctrica. Para ese entonces, ya habían hecho varios cambios en sus escrituras de constitución que daban fe de préstamos provenientes del entramado económico vinculado al partido de izquierda.
El pasado martes y tras el cobro público que hizo el presidente Nayib Bukele y que fue tramitado ante la Fiscalía General de la República, la empresa Seguros del Pacífico llegó al ministerio de Hacienda para, en calidad de fiadora, honrar la deuda política adquirida por el FMLN en las ultimas elecciones por valor de $2.671,945.26.
Si bien ha habido una relación de esta empresa con el grupo Alba (conformada por unas 30 alcaldías de izquierda, entre otros), no se ha encontrado ningún vínculo directo con el FMLN o sus dirigentes.
Los orígenes
Según registros periodísticos, la empresa Termopuerto anunció en 2004 que construirían una planta de generación de energía eléctrica a base de búnker en la zona industrial de Acajutla.
En abril de 2013, se anunció que la planta había efectuado operaciones de prueba y que ese ambicioso proyecto se concretaría con una inversión guatemalteca por $100 millones, según publicó el diario El Periódico. En esa misma fecha, Luis Reyes, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Nacional de Energía, CNE, afirmó que Termopuerto comenzaría a inyectar energía a la red eléctrica salvadoreña desde junio de ese año.
Actualmente, de acuerdo con el Mercado Eléctrico de El Salvador, Termopuerto aporta entre el 4 y el 5 por ciento a la red eléctrica, generando en promedio 70 Megawatts (MW).
Según investigaciones periodísticas, esa compañía fue dirigida en un período por Sigfredo Israel Merino Cabrera, hermano de José Luis Merino, dirigente del FMLN. Merino Cabrera ha sido directivo de Termopuerto y suplente de gerente, de acuerdo a datos del Centro Nacional de Registros (CNR) del 25 de enero de 2012.
Deudas
Para 2013, Termopuerto tenía una deuda de 20.5 millones de dólares con el conglomerado Alba, según los balances disponibles en el CNR. A esa fecha, no le había abonado ni un centavo. De acuerdo a una investigación regional coordinada por connectas.org, Albapes le aportó 70 millones de dólares en créditos a Termopuerto.
“Termopuerto es propietaria del 80 por ciento de las acciones de Renova Energy, otra compañía manejada por un hermano de José Luis Merino. La primera empresa financió a la segunda con 25 mil dólares, un monto bajo pero que ilustra una práctica común entre las sociedades que reciben dinero de Albapes: la de convertirse a su vez en prestamistas de sus firmas relacionadas”, dice el amplio informe de connectas.org, disponible en internet.
Los informes contables de Alba Petróleos revelaban que, de 2013 a 2014, habían crecido considerablemente las cuentas por cobrar a deudores, empresas propias del sistema y terceros. Así, para 2014 las cuentas por cobrar ascendían a $451.6 millones, mientras que en 2013 el reclamo era por $280 millones (una diferencia de $171.1 millones).
En el año 2016, aparece José Mauricio Cortez Arévalo, en el Diario Oficial, como director presidente y representante legal de la sociedad Termopuerto.
Bajo la dirección de Cortez Arévalo, el 24 de noviembre de ese mismo año constituyeron una asociación “sin fines de lucro” denominada Asociación Nacional de Empresas del Sector Eléctrico, AELEC, la cual tenía como propósito: Fortalecer el sector eléctrico de El Salvador.
El entramado
Hasta 2018, Termopuerto pertenecía a la panameña Inversiones para el Desarrollo Internacional (IDI), fundada en 2011 con -el abogado José Mauricio- Cortez Avelar como tesorero y apoderado de esa empresa.
Según la investigación de connectas.org, el 99% de las acciones fueron vendidas a un ex accionista de Renova Energy, el empleado Daniel Ernesto Rodríguez Mena, por 18 millones de dólares. Esta persona reportaba, entonces, ganancias de 125,000 por año en sus declaraciones de renta, reseñó esa investigación.
Cortez Avelar fue quien fundó Subes Uruguay que luego se vinculó con el Sitramss en San Salvador, el 24 de marzo de 2011, ha sido cercano de José Luis Merino, principal asesor de Grupo Alba, y a quien Estados Unidos ha vinculado en varias ocasiones con lavado de dinero.
En mayo, Merino fue incluido en la “lista negra” de EE.UU., que lo veta de cualquier solicitud de visado para ingresar a ese país y para realizar algún tipo de negocios en ese territorio.
El 22 de marzo de 2018, fue modificada la cláusula del pacto social relativa a la administración de Termopuerto. También se realizó ante el CNR una “transformación de la sociedad, cambio de administración y aumento de capital”: En ese entonces, el capital era de $18,782,000.
El 5 de junio del 2018, El CNR recibió una solicitud para cambio del nombre de la sociedad y de la empresa. Fue presentada por Daniel Ernesto Rodríguez Mena, en calidad de representante legal de Termopuerto. Pasó de Termopuerto Limitada de CV a Termopuerto Sociedad Anónima de CV.
En junio pasado, agentes especializados de la Fiscalía General de la República (FGR) allanaron las instalaciones de Termopuerto (y de 25 sociedades más vinculadas a este entramado), en una compleja investigación por sospechas de haber lavado $3,242,000,000 entre enero de 2010 y marzo de este año.
Esta semana, cuando se supo de la deuda política del FMLN y del inédito cobro por el presidente tras un evento con la Policía, el mandatario dijo: “Ese dinero lo tienen, si gobernaron diez años, tienen a Albapetróleos… el problema es uno de dos; no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos… o, no quieren declarar de donde viene el dinero”.
Y Bukele, tras decir que ya habían solicitado el concurso de la Fiscalía para acelerar el cobro, agregó que “si de repente vienen con un cheque de $2.7 milllones… lo primero que les vamos a preguntar es: ajá y este cheque de dónde viene, nos van a tener que decir si viene de Venezuela”.