En abandono, marginación, descartados, en una situación deplorable. Así describe Emilio Espin la vida en el país de la mayoría de la población que tiene 60 años o más de edad.
Espin es miembro de la Mesa del Adulto Mayor, desde donde se ha impulsado una ley para esta población; también forma parte de la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), en la cual se busca dignificar la vida de las personas de la tercera edad.
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Al ser parte de la mesa del Adulto Mayor, Espin participaba en el Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores (Conaipam), el cual era regido por la Secretaría de Inclusión Social (desintegrada al entrar el nuevo Gobierno). Sin embargo, el consejo estuvo sin funcionar durante 16 meses (junio 2019 a octubre 2020) y ahora fue adscrito al Ministerio de Desarrollo Local.
La pandemia por COVID-19 también ha abonado al deterioro de las condiciones de este segmento de población.
¿Cómo está la situación de los derechos humanos del adulto mayor en el país? Tomando en cuenta que estamos en pandemia y esta población es la que tiene mayor mortalidad a causa del nuevo virus.
Es la población más vulnerable y la que más ha sufrido la pandemia. Esta población ha sido marginada porque se han enfocado en el COVID-19 y han cerrado los ojos para los demás problemas de salud. Por ejemplo, a las personas con enfermedades crónicas diversas no se les ha dado la atención adecuada, no han tenido acceso a la salud. A los que mejor les ha ido han tenido acceso a la medicina, pero no a la atención integral y por eso en muchas de las personas con enfermedades crónicas su estado ha empeorado y complicado.
Además, no las han ingresado a hospitales porque no eran prioridad. Es una clara realidad, y que hasta el ministro de Salud (Francisco) Alabí lo llegó a reconocer públicamente, pero no hace falta solo reconocer, sino cambiar la actitud.
¿Cómo es la situación de los adultos mayores frente al cambio de Gobierno, y ante la desarticulación de la Secretaría de Inclusión, que era el ente encargado de velar por los derechos de esta población?
En la institucionalidad hemos avanzado, pero muy lentamente. El anterior FISDL (Fondo de Inversión para el Desarrollo Local) se convierte en MINDL (Ministerio de Desarrollo Local), que es el ente rector que va atender a la persona adulta mayor. Entonces tuvimos que estar haciendo un lobby (cabildeo o negociación) formando a la gente, informándoles para trasladar la pita al MINDL con el tema del adulto mayor y después de 16 meses volvió abrir la institución del CONAIPAM, que es el órgano encargado de ver al adulto mayor desde el Estado. Pero camina muy lentamente, muy lejos de la perspectiva que tenemos nosotros y de la necesidad que tienen las personas mayores. Eso es triste por un lado, pero bueno por otro porque se abrió el CONAIPAM.
Tenemos una noticia buena y esperamos que esta semana sea aprobada la nueva Ley del Adulto Mayor. Esta es una actualización, una mejora y una sincronización con el lineamiento que marca la Convención Internacional de Derechos de la OEA (Organización de Estados Americanos), después de los aportes desde la sociedad civil y los partidos miembros de la comisión de la familia, estamos prácticamente en la recta final de la aprobación, que esperamos sea unánime e interpartidaria.
¿Qué beneficios trae esta nueva ley para los adultos mayores? ¿Cuáles son las nuevas actualizaciones con respecto a la que está vigente?
Está mucho más desarrollada en cuanto a institucionalidad, le da un carácter al CONAIPAM, más autónomo, con manejo de presupuesto, con personal, más competencias, es decir una institución adecuada a la realidad de vida del adulto mayor. El enfoque es de derechos y no de caridad ni de lástima, ese es un eje en toda la ley.
Otro de los elementos es que el Estado y la familia son los principales responsables, en su proporción, pero ya no como antes, en el que a la familia se le cargaba la principal responsabilidad. Ahora la principal responsabilidad la tiene el Estado, la familia tiene su nivel. Por otro lado se desarrolla el tema de salud, derechos, asistencia al adulto mayor, cuidados, el tema jurídico de las denuncias y las medidas sancionatorias a los maltratos que pueda sufrir el adulto mayor. Es decir, mejora sustancialmente y nos coloca en una posición de vanguardia en Centroamérica, porque está en sintonía con la Convención Americana de los Derechos del Adulto Mayor.
Usted habla que esta nueva ley viene a empoderar a los adultos mayores en la cultura de denuncia de vulneración de sus derechos. ¿Cómo se va garantizar que esta se cumpla?
Hay que hacer un proceso de socialización de la ley, que nos permita empoderar al adulto mayor; vamos a fortalecer la organización del adulto mayor, la acción y una incidencia en la política social, efectiva, inteligente, que permitirá que se cumpla.
¿Por qué es importante que se ratifique y se cumpla pronto esta ley?
No es que el adulto mayor sea intransigente, es que es la vida, y la gente se está muriendo. Y entonces creemos en que los derechos integrales, salud, económicos, políticos y sociales se recogen y se apliquen. Estamos en una coyuntura con la pandemia y la crisis económica, y conseguir que haya presupuesto para esta ley va a ser una lucha. Habrá que movernos para motivar, convencerlas e iniciar a que se apliquen de forma gradual.
Los adultos mayores dieron toda su vida en guerra y en paz, comunidad, municipio y país; y ahora están abandonados, excluidos, descartados.
Usted habla que los adultos mayores son descartados. ¿Por qué razón?
Es la palabra que utilizó el Papa Francisco en un encuentro mundial de adultos mayores, entonces él en la encíclica que presentó dijo claramente que el actual orden mundial abandona, olvida y descarta al adulto mayor, después de haber dado toda su vida por el bienestar del país. Entonces pensamos que es una buena expresión, porque emplaza a los políticos, los avergüenza y los obliga a tomar decisiones.
¿Cómo se percibe la situación de abandono de los adultos mayores en El Salavdor?
1,200,000 adultos mayores tiene el país, según el Tribunal Supremo Electoral. Un millón no tiene ninguna protección social, los 200,000 tienen pensión de hambre.
En el tema de salud hay un dato trágico: hay 1,200,000 adultos mayores y solo hay 10 especialistas en geriatría. De esos 10, solo dos están en el ámbito público y el resto en el servicio médico privado, que nadie puede llegar. Nuestra gente sigue muriendo por enfermedades que sí tienen solución.
¿Cómo se describe a un país, a una sociedad, en cuanto al tipo de trato que se le da a un adulto mayor?
Una sociedad democrática que abandona a sus adultos mayores es una sociedad frágil, insensible. Nosotros le decimos a la juventud que lo que no percibimos, no vemos junto, lo van a sufrir las nuevas generaciones.
Al adulto mayor le decimos, hay que levantarse, tenemos que caminar aún con todas las limitaciones físicas porque hay que hacer visible que existimos, que no estamos muertos y que merecemos ser atendidos con dignidad. No de privilegios, sino de la dignidad básica de un ser humano, de acuerdo a las cartas internacionales de Derechos Humanos y de la Convención.
¿Cuál es la importancia que el Estado, la familia, la sociedad le de una vida digna a un adulto mayor?
Es fundamental que las familias tengan la responsabilidad, muchos temas de maltrato diversos se producen en la familia, pero el Estado es el responsable principal.
Cuando es un estado social y responsable a su población, es este el que hace una vida digna. Es fundamental crear la cultura de derecho incluso en la sociedad.
Si analizamos la experiencia de Japón es increíble, Japón es el país con mayor envejecimiento en el mundo. Y es increíble los programas que tienen. Y también es increíble que la niñez le tenga un gran respeto y admiración a los adultos mayores, pero es la cultura.