Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció “una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212 (a) (3) (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la emisión de visas al gobierno actual o anterior de Guatemala, Honduras o El Salvador”.
Esta aplicará, según lo explicó el jefe de la diplomacia estadounidense, a “funcionarios y otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el Estado de derecho”. Blinken añadió que “esto puede incluir actos de corrupción u obstrucción de procesos o instituciones democráticos, tales como atentar contra la integridad e independencia del sector judicial y los fiscales anticorrupción”.
Este anuncio llega poco más de un mes después de que el Ejecutivo estadounidense remitiera al Congreso de este país la Lista Engel, que incluye a personas del Triángulo Norte de Centroamérica que estén vinculados a corrupción o golpes a la democracia.
En El Salvador, siete personas del círculo del presidente Nayib Bukele salieron en el listado: Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia; Carolina Recinos, la jefa de gabinete; Rolando Castro, ministro de Trabajo; Osiris Luna, director de Centros Penales; así como Rogelio Rivas, exministro de Seguridad; Pablo Anliker, exministro de Agricultura; y Walter Araujo, influenciador de Nuevas Ideas. Además, hay otros siete nombres entre políticos y empresarios.
Estos aparecen ya sea por haber participado en “corrupción significativa” o por socavar los procesos democráticos, como amenaza a rivales políticos (Araujo y Rolando Castro) o golpear el balance de los poderes (Araujo y Conan Castro).
Lista Engel: Funcionarios de Bukele entre los designados por corrupción por EE.UU.
Con esta medida, anunciada por Blinken, se institucionaliza una nueva serie de razones por las que Estados Unidos podrá denegar visas a ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
“A las personas designadas bajo esta política, incluidos los miembros de su familia, se les puede negar una visa. Con estas restricciones, estamos enviando un mensaje claro de que aquellos que socavan la democracia o el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en los Estados Unidos”, añadió el secretario de Estado.
Además, afirmó que buscan apoyar “a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos de la región que están comprometidos con generar esperanza y oportunidades entre las personas de Centroamérica mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el estado de derecho y la transparencia”.
Recientemente, en el Congreso estadounidense se aprobó el presupuesto de Operaciones Extranjeras que incluye, entre otras cosas, establecer nueve requisitos para seguir dando cooperación a estos países. Entre estos, está combatir la corrupción, promover la transparencia y el Estado de derecho, respetar a periodistas y defensores de derechos humanos, combatir la inseguridad, entre otros.
Mientras el Legislativo hace su parte para condicionar la cooperación a una verdadera lucha contra la corrupción, el Ejecutivo establece que quienes no cumplan y debiliten estos pilares no podrán ingresar a su territorio.
Según Blinken, cualquier intento de mejorar la situación de los ciudadanos en estos países y evitar que migren irregularmente tropieza “con los obstáculos de la corrupción y la impunidad”.
El funcionario estadounidense considera que “la mala gobernanza socava los talentos y recursos de los guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, socavando su capacidad para construir un futuro y motivando a algunos a abandonar sus hogares y embarcarse en el peligroso camino de la migración irregular hacia la frontera de Estados Unidos”.
Y es precisamente atender las causas detrás de la migración irregular uno de los pilares fundamentales de la relación bilateral de Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica. Esto implica luchar contra la corrupción, la criminalidad, la pobreza y la debilidad democrática, según el diagnóstico de Washington.