El Fiscal General de la República, quien representa al Estado en los procesos de compra y contratación de bienes estatales podría perder una facultad importante que le otorga la Constitución.
Según un pliego de reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) propuesto por el gobierno, mediante el Ministerio de Hacienda, a la Asamblea antes de la vacación de agosto el Fiscal General ya no podrá representar al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles, es decir propiedades.
“El Fiscal General representará al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes muebles sujetos a licitación, asimismo velerá porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado… En el resto de los contratos que no sean de bienes muebles será competente para su firma el titular o la persona a quien éste delegue con las formalidades legales…”, dice el texto propuesto para reformar el artículo 18 de la LACAP.
El texto original establece que: “El Fiscal General de la República representará al Estado en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación…”.
Y de acuerdo al artículo 193 de la Constitución, le corresponde al Fiscal General “defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley”.
El Diario de Hoy ha conocido que dentro de las discusiones entre los diputados de la subcomisión de la Asamblea que analiza estas modificaciones a la ley ha habido voces de oposición a puntos clave de la propuesta del gobierno.
El grupo de legisladores se ha reunido en dos ocasiones, el pasado 12 de agosto que se instaló la subcomisión, y el pasado 19 de agosto que siguió el debate de las reformas. Este lunes está previsto que vuelvan a reunirse para continuar el estudio del pliego de reformas.
Además de las enmiendas a la LACAP, los diputados estudiarán reformas a la Ley Orgánica de Administración Financiera, conocida como Ley AFI.