Tras casi 20 años de la creación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), dos abogados y un exdiputado expertos en esa normativa hacen una retrospectiva de los cambios que significaron para el país mediante esa ley.
Jorge Villacorta, exdiputado y uno de los promotores de la Lacap; Francisco Bertrand Galindo, exministro de Seguridad y abogado constitucionalista; y Javier Castro, abogado y director del Departamento de Estudios Jurídicos de Fusades, hacen una análisis sobre la norma que sustituyó a la Ley de Suministros de 1940.
Los tres convergen en que la Lacap, que entró en vigencia en junio del 2000, modernizó y transparentó el sistema de compras del Estado, además de que lo descentralizó.
“Lo que la ley Lacap hizo fue que existiera un sistema eficiente, transparente y ordenado en las contrataciones de bienes y servicios del Estado. Teníamos un sistema que venía de 1940 que era ineficiente, inoperante, borroso, opaco; era un sistema altamente cuestionado por la opacidad que permitía corrupción”, opinó Castro.
Bertrand Galindo también afirmó que la ley permitió modernizar el sistema de compras.
“Esa ley lo que buscaba era hacer un cambio ordenado para que cada una de las instituciones pudiera hacer sus propias compras; y buscar mecanismos de transparencia para evitar decisiones maliciosas en favor de unos y en perjuicio de otros”, recordó el abogado.
Asimismo, Villacorta coincidió en que la ley modernizó el sistema de compras, lo volvió eficiente y sin favorecer a nadie.
Castro comentó que bajo la normativa antigua existía la instancia llamada Proveeduría General de la República, la cual dependía del Ministerio de Hacienda, que centralizaba las compras de bienes y servicios del Estado; esto fue sustituido por la Lacap mediante oficinas en cada institución que ahora se conocen como las UACI (Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional).
Pero Bertrand Galindo apuntó que el Proveedor General “concentraba mucho poder y mucha capacidad discrecional”.
De allí que Villacorta indicó que hace casi dos décadas se buscó que con la Lacap se eliminara la figura del Proveedor General, porque “eso generaba corrupción”.
Bertrand Galindo añadió que “el punto de la corrupción siempre ha estado allí como un fantasma en el tema de las compras y por eso es que la Lacap trata de poner requisitos y procesos que busca dar condiciones de igualdad para los ofertantes y transparencia para los funcionarios”.
Castro coincidió con él. “Buscaba tener una nueva estructura de compras de bienes que diera más orden. Lo que buscaba era modernizar y transparentar las compras, y dar un salto de calidad al rededor de las adquisiciones del Estado”.
Castro agregó que con la Lacap se generó un cambio que permitió “el uso racional de los recursos”, ya que el esquema que estaba “no privilegiaba el ahorro, ni la eficiencia ni la transparencia”.
Villacorta remarcó que la nueva ley llegó para “eliminar esos abusos” que existían en aquella época.
A juicio de Castro, luego de casi 20 años la ley que regula las compras del Estado ha funcionado bien. “Fue notorio el cambio a favor de la eficiencia y la transparencia”, dijo Castro.
También Bertrand Galindo opinó que el objetivo de la eficacia se logró con la ley, aunque consideró que hubo retrocesos pero que no tienen que ver con la ley sino con el manejo financiero del Estado.
No se debe retroceder
Los abogados consideran que si se pensara en hacerle reformas a la Lacap deben ser para mejorarla, no para retroceder en los avances que ha tenido el país con esa normativa.
“Si se hicieran reformas tendría que ser para dotarla de mayor transparencia, no para retroceder ni para cambiar el esquema descentralizado, donde cada institución pública tiene una oficina que se dedica a eso”, destacó Castro.
Bertrand Galindo consideró que hay correcciones que se le pueden hacer a la Lacap como, por ejemplo, tener un banco de datos nacional de proveedores, para no obligar a los ofertantes a estar presentando la misma documentación en cada proceso que participen.
“A esta altura vale la pena hacerle una revisión (a la ley), pero que no sea para regresar si no para avanzar, que tome ventaja de la realidad digital en este momento…”, dijo.
Castro añadió que si hay ajustes a la ley que sean en favor de la modernidad, como avances en la digitalización.
“Lo que hay que tener cuidado es que no vayan a haber reformas orientadas a vaciar de contenido la ley. Lo que no puede pasar es que quieran aprobar reformas orientadas a debilitar la institucionalidad que tiene la Lacap”, acotó.
Bertrand Galindo expresó que si, por ejemplo, se buscara cambiar el esquema descentralizado de compras, sería un retroceso.
“La decisión de en qué momento comprar y qué comprar debe estar en las entidades operativas. Lo que hay que activar es que el ente controlador del sistema de compras debe tener una eficiente base de datos y de seguimiento a lo que está pasando, pero no necesariamente que sobre ella caiga todas las compras”, consideró.
El abogado se refiere al control que debe llevar la Unidad Normativa Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), entidad del Ministerio de Hacienda que se encarga de velar por la política de compras estatales.
Villacorta recordó que el propósito de crear la UNAC fue para conducir las compras estatales, pero se estableció que cada institución tendría una dependencia de esa entidad regidora.
Millones en juego
Castro dice que el cálculo que en el presupuesto del Estado son más de $1,659 millones en gasto de bienes y servicios, además de los $400 millones que gastan las alcaldías en esos rubros.
Además de las instituciones gubernamentales, las 262 municipalidades del país están regidas desde enero del 2001 por la Lacap para hacer sus compras de bienes y servicios.
“Cambiar a un esquema centralizado nos expone a regresar al pasado a un esquema que no abonaba a la transparencia y que permitía gastos irracionales en el Estado”, remarcó.
También Villacorta, como uno de los impulsores de la Lacap hace casi 20 años, si bien está de acuerdo en que se pueda revisar la ley y hacerle cambios, consideró que hacerle reformas que puedan regresar a un sistema centralizado de compras “es peligroso”. “Me preocupa porque es volver al pasado”, opinó.
Para el exdiputado, si en algún momento se le piensan hacer modificaciones a la Lacap deben ir encaminadas a fortalecer la competencia entre los ofertantes y uno de esos mecanismos que él avala es el de compras a través de la bolsa, pues consideró que “es más eficiente” que las licitaciones.
En el país, la única entidad que da ese servicio al Estado es la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).