Debido a que las personas involucradas en la malversación de fondos aún son empleados del Ministerio de Educación, la titular de esa cartera de Estado, Carla de Valera, evitó dar detalles de los 27 casos que pidió a la Fiscalía investigue y cuya sumatoria de fondos es por 2 millones de dólares.
La funcionaria explicó que los delitos a investigar están relacionados con malversación de fondos, abusos de cargos e irregularidades en diferentes programas y proyectos del ministerio, incluyendo el de los paquetes escolares, que fue uno de los programas insignia del anterior gobierno.
Los hallazgo hechos por la actual administración de Educación son resultado de auditorias e investigaciones hechas durante dos meses.
La ministra dijo que las personas responsables de estos “actos delictivos aún están ahí” y provienen de la administración anterior, por lo que evitó dar nombres, cargos, programas o cualquier información que entorpezca el proceso de investigación.
“No le puedo dar detalles de eso porque estamos hablando de presuntos delitos que la Fiscalía va a investigar. Si doy detalles voy a entorpecer la investigación”, explicó la ministra.
La opinión del secretario general de Bases Magisteriales, Paz Zetino, es que la administración pasada “no era muy transparente”.
Añadió que como organización advirtieron a los anteriores funcionarios que el manejo de los paquetes escolares “había caído en un tipo de desorden”.
Zetino explicó que parte del desorden fue que crearon una especie de banco de proveedores cerrado, excluyendo artesanos que querían participar en la feria de contratación para los paquetes escolares.
“En los últimos dos o tres años fueron los más recurrentes (en que ellos recibieron este tipo de denuncias) en los que ya había una especie de monopolio, en donde ya estaban establecidas las personas a las que había que darles los contratos”, dijo Zetino.
La secretaria general del Sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación (Atramec), Marta Campos, declaró que como sindicato han recibido denuncias sobre casos de corrupción a nivel de centros escolares, algunos ligados al mal uso de fondos, directores que no han liquidado el presupuesto que tenían para los proyectos sociales o de mantenimiento, materiales para uniformes y alimentos que se han echado a perder.
Campos declaró que, debido a su puesto sindical ha podido observar irregularidades en los centros escolares. Ella estima que desde 2015 a 2018 no se han liquidado 70 millones de dólares de los programas sociales del ministerio.
“Creo que un error es que si un CDE (Consejo Directivo Escolar) no liquida el primer desembolso no se debe entregar el segundo, mucho menos otros procesos de contratación como los programas sociales”, opinó la sindicalista.
A criterio de Campos, los casos de malversación son más que los 27 que solicitó la ministra que investigará la Fiscalía.
El secretario general de Simeduco, Daniel Rodríguez, opinó que las personas que hacen mal uso de los bienes del Estado deben “de pagar lo que hacen” y está de acuerdo con la acción que ejecutó la ministra.
“Confiamos en que la ministra denuncie a cualquier funcionario del MINED que ande haciendo actos contrarios a lo que la ley establece”, expresó el secretario general de Simeduco.
El Ministerio de Educación, a partir del próximo año, modificará la forma como se ejecutará la contratación de los paquetes escolares, de acuerdo a la ministra De Varela.
La funcionaria explicó que las contrataciones para el próximo año estarán en coordinación entre Educación, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), para garantizar la calidad de los productos .