El Juzgado de Extinción de Dominio admitió pruebas presentadas por Fiscalía para demostrar que 22 propiedades incautadas al exdiputado William Eliú Martínez, quien purga una pena de 29 años en los Estados Unidos, tiene origen ilícito y deben pasar a manos del Estado.
En la audiencia preparatoria y luego de analizar el análisis de toda las pruebas en la que Fiscalía establece que las propiedades valoradas en $1,383,799, provienen del narcotráfico, el Juzgado resolvió que el proceso pase a la audiencia de sentencia para determinar el destino de los inmuebles.
La fiscal del caso explicó que han demostrado que las propiedades en litigio fueron obtenidas de manera ilícita por Martínez, mucho antes de que él se desempeñara como diputado suplente, ya que “no tenía fuentes lícitas conocidas”.
William Eliú Martínez fue diputado suplente en el desaparecido Partido de Acción Nacional (PAN), entre 2000 y 2003.
En 2003, en visita a Panamá, Martínez fue capturado por agentes Antinarcóticos de la DEA de Estados Unidos y llevado a ese país para iniciarle un proceso judicial en su contra por narcotráfico y en el que fue hallado culpable.
Fiscales estadounidenses atribuyeron al exdiputado salvadoreño el haber trasladado cinco toneladas de cocaína desde 1998 a ese país por medio de la organización dedicada al tráfico de drogas del guatemalteco Otto Herrera.
Martínez fue condenado el 18 de enero de 2006 por un tribunal de Estados Unidos a 29 años de cárcel por ayudar a traficar toneladas de cocaína a este país, mientras fungía como diputado suplente.
En el juicio testificó uno de sus extrabajadores, Sabas David Arias, en el que aseguró que él participó junto a Martínez en el tráfico de drogas en alta mar, frente a las costas de El Salvador.
El exlegislador vivió por mucho tiempo en Estados Unidos y regresó a El Salvador. En el juicio, William Eliú dijo que era inocente y que fue perseguido por oponentes políticos.
Entre los inmuebles intervenidos y que podrían pasar a manos del Estado está el hotel Royal, situado en la Avenida Bernal de San Salvador, dos locales en un centro comercial de Ciudad Arce, una quinta, residencias y varios apartamentos en San Salvador y La Libertad. Además, una ladrillera en el cantón Las Isletas de San Pedro Masahuat, La Paz.
La audiencia de sentencia, donde el Tribunal de Extinción de Dominio definirá si las 22 propiedades del exdiputado pasan al Estado, está programada para el próximo 12 de marzo, informó la Fiscalía.