Una coalición de cuatro estados presentó ayer una demanda contra la nueva norma del Gobierno de Donald Trump que busca limitar el acceso a la “green card” o residencia permanente a inmigrantes legales que reciben en EE. UU. ciertos beneficios públicos.
La querella legal, presentada en una corte del Distrito Norte de California, alega que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento.
Maine, Pensilvania y Oregón se unieron a California y al Distrito de Columbia en la acción legal contra Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés).
La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tienen la intención de hacerse ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.
Esta medida afectará a los niños californianos, los trabajos y por ende la economía del estado, advierten los demandantes.
“Este último movimiento de la Administración federal para demonizar a los inmigrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre inmigrante”, dijo Gavin Newsom, gobernador de California.
“Estamos haciendo frente a la Administración Trump en los tribunales para proteger nuestra economía, nuestras familias y nuestros valores más sagrados”, agregó.
El fiscal Becerra explicó que la demanda urge al tribunal a emitir una orden que frene la implementación de la medida que entraría en vigencia el 15 de octubre.
La regla afectaría a aquellos inmigrantes que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional en California) y ayudas para vivienda (Sección 8), entre otros, precisó el fiscal.