Un tribunal escocés dio ayer miércoles otro golpe a los planes del primer ministro Boris Johnson sobre el Brexit, al fallar que la decisión de suspender el Parlamento menos de dos meses antes de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea era un intento ilegal de evitar el escrutinio democrático.
El gobierno afirmó inmediatamente que apelaría, justo cuando la oposición política le exige a Johnson que revoque la suspensión y permita a los legisladores regresar al Parlamento.
El fallo de la corte agravó el estancamiento político que vive Gran Bretaña cuando faltan apenas 50 días para el Brexit. Johnson insiste en que el país debe abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin un acuerdo que suavice su salida, pero muchos legisladores temen que esa partida sin acuerdo, llamada Brexit “duro”, tenga un efecto devastador para la economía británica y están decididos a detener al primer ministro.
Los legisladores recibieron un nuevo impulso en su posición el miércoles en la tarde cuando el gobierno cedió a su exigencia y publicó un documento secreto que esboza el posible impacto de dejar la UE sin un acuerdo de divorcio. Entre las consecuencias esperadas hay retrasos de fletes, escasez de algunos alimentos frescos, fuertes alteraciones en los viajes y posibles disturbios.
Horas antes, los jueces del Alto Tribunal de Escocia, en Edimburgo, emitieron un fallo sorpresivo en el que dijeron que la medida del gobierno era ilegal “porque tenía el propósito de bloquear al Parlamento”.
Johnson alega que su iniciativa le permitirá empezar de nuevo con su agenda interna en una nueva sesión del Parlamento el próximo mes, pero la suspensión de cinco semanas le da también un respiro a él de los legisladores que se oponen a su proyecto mientras planea su próxima medida para desatorar el estancamiento político y sacar a Londres de la Unión Europea el 31 de octubre.
Sin embargo, un panel de tres jueces del Tribunal de Sesiones de Edimburgo dijo que “la única conclusión a la que se podría llegar era que el gobierno y el primer ministro de Gran Bretaña querían restringir al Parlamento”.
Uno de los jueces, Philip Brodie, dijo que parecía que el objetivo de la suspensión era “permitir que el ejecutivo procure una política para un Brexit sin acuerdo sin más interferencia parlamentaria”.
Los jueces declararon la suspensión “nula y sin efecto”, pero refirieron la cuestión al Tribunal Supremo de Gran Bretaña, donde hay una audiencia prevista para el martes.
Johnson niega que esté siendo antidemocrático.
“Si los miembros de la oposición del Parlamento están en desacuerdo con nuestra estrategia, siempre pueden aceptar la oferta que les he hecho hasta ahora dos veces ¡dos! de que deberíamos tener una elección”, dijo en una sesión de preguntas y respuestas en línea.
Sin embargo, los políticos de la oposición insistieron que el gobierno debe reabrir al Parlamento. Los legisladores fueron enviados a casa esta semana a pesar de las objeciones del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, y de los legisladores de la oposición, quienes sostuvieron pancartas en la cámara que decían: “Silenciados”.
El proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sido tortuoso en los últimos años.