Corte de Cuentas planea gastar $200,000 en asamblea de 4 días

El evento está planificado para un aproximado de 350 personas de los 22 países miembros de una entidad a la que pertenece la Corte.

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Sede de la Corte de Cuentas de la República en San Salvador. Foto EDH / Archivo

Por Katlen Urquilla

2019-07-29 4:45:48

En momentos en los que el país carece de fondos para invertirlos en áreas vitales como salud, educación y seguridad, la Corte de Cuentas de la República (CCR) planea hacer un gasto de alrededor de $200,000 en una asamblea que durará cuatro días y en la que atenderá a unas 350 personas.

Se trata de la XXIX Asamblea general ordinaria de la Olacefs (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) que se realizará del 15 al 18 de octubre de 2019 en San Salvador, aunque habrá actividades previas desde el 13 de octubre y posteriores el 19 de ese mes.

El dinero para realizar dicho evento será tomado del Fondo General de El Salvador, es decir de los impuestos que pagan los contribuyentes.

La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, justifica que la realización de dicha asamblea es un “compromiso” previamente adquirido que deben “honrar”.

Según la convocatoria de licitación pública, publicada el pasado 24 de junio de 2019 en el sitio oficial de Comprasal (Compras Públicas de El Salvador), la Corte de Cuentas, entidad que debe velar por el buen uso de los recursos del Estado, busca contratar bienes y servicios para la “organización, coordinación y ejecución” de la asamblea a la que acudirán delegaciones de 22 países miembros, representantes de organismos internacionales e invitados especiales.

La Corte aún no ha adjudicado la organización del evento, pero la empresa que sea contratada se encargará de emplear a un organizador de dicha asamblea, quien deberá velar por el “éxito” del cónclave.

Lo que busca la Corte

La Corte detalla en las bases de licitación que el ofertante deberá presentar una terna de hoteles ubicados en San Salvador para elegir el que será sede del evento y proponer otros cercanos para alojar a los visitantes.

En el documento se aclara que el costo de alojamiento en los días que dure la asamblea será por cuenta de cada delegación que asista.

De acuerdo al documento, el hotel deberá tener capacidad para atender a más de 350 personas, contar con equipos audiovisuales, internet inalámbrico, restaurantes “que brinden servicios de desayuno y almuerzos (a la carta y buffet) y cenas en restaurantes de especialidades”; además deberá contar con estaciones de bebidas ilimitadas.

La Corte tiene planeado otorgar servicios de transporte desde el aeropuerto internacional hasta el hotel el 13 y 14 de octubre a las delegaciones participantes, a las cuales les entregará un “kit de bienvenida”.

Según las bases de licitación, la CCRrequiere que la empresa contratada se encargue de que el primer día de la asamblea a los invitados les ofrezcan un refrigerio en la mañana, luego un almuerzo buffet y después un coctel con puntos artísticos y música en vivo.

El segundo y tercer día de asamblea les ofrecerán dos refrigerios (uno en la mañana y otro en la tarde) y almuerzo buffet ambos días. Pero el segundo día les darán una “cena de cortesía” a todas las delegaciones, la cual se realizará en Suchitoto, Cuscatlán, e incluye el transporte para los invitados.

Y para despedir con broche de oro a los asistentes, la Corte tiene planeado trasladar la clausura de la asamblea a la zona de La Libertad, en carretera al litoral.

El traslado de las delegaciones hacia el aeropuerto será entre el 18 y el 20 de octubre.

Debe demostrar experiencia

En las bases de licitación, la Corte de Cuentas exige a la empresa que resulte seleccionada que posea “experiencia y capacidad necesarias para organizar, coordinar y desarrollar eventos”, como el caso de la asamblea a la que asistirán delegaciones internacionales.

Según el documento, el ofertante debe tener ese tipo de experiencia en organizar y desarrollar eventos para instituciones gubernamentales, financieras y empresas privadas en los últimos tres años.

Para ello, la institución contralora le pide que le presente como mínimo tres constancias que acrediten la experticia y que indiquen si cumplió con los contratos, además de incluir una calificación del servicio prestado. “El oferente deberá garantizar que el servicio sea prestado por personal idóneo y con la experiencia necesaria (…)”, se indica en el documento.

La Corte también advierte que si el ofertante no cumple con el contrato, tomará medidas legales.