Los abogados defensores del exministro de Salud Pública, Guillermo Maza, y de las otras diez personas que son acusados de actos de corrupción en la reconstrucción de dos hospitales, cuestionaron a un perito financiero contable de la Fiscalía General y pidieron al Tribunal Tercero de Sentencia que lo procese por falso testimonio.
Lo anterior ocurrió en el juicio que se le sigue a Maza, a un abogado, a varios contratistas y empresarios de la construcción por los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y uso de documentos falsos.
Ernesto García Merino, uno de los defensores, dijo que uno de los peritos que elaboraron la auditoría contable financiera con la que la Fiscalía sustenta la acusación en contra del exministro de Salud y el resto de procesados, incurrió en contradicciones en su declaración en el juicio.
“Lo que le había respondido a la Fiscalía era totalmente falso, por cuanto no coincidían los montos, no había tenido a la vista la cantidad de documentos que dijo, no tenía respaldo, no tenía sustento documental y no tenía forma, en el interrogatorio, de dar explicaciones objetivas, razonables, verosímiles de lo que había afirmado. Tanto es así que defensa solicitó al tribunal que se le decretara la detención provisional y se detuviera en la sala por haber cometido delito de falso testimonio en audiencia”, informó García.
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Sin embargo, los jueces acordaron que será hasta el final del juicio que emitirán una resolución al respecto.
García aseguró que “al quedar desacreditada esa auditoría, la Fiscalía ha quedado imposibilitada de establecer el perjuicio patrimonial sufrido por el Ministerio de Salud y correlativamente los beneficios económicos que habrían obtenido las personas que están siendo procesadas”, dijo el defensor.
Uno de los fiscales aseguró que “la lógica de la defensa, de la estrategia de la defensa, siempre es cuestionar la validez de la prueba que ofrece la parte fiscal, pero la parte fiscal está consciente, está clara y defiende los elementos probatorios que ha aportado en este proceso y de ahí que al final, quien va a definir la validez o no de un elemento probatorio es el tribunal, a partir de los criterios que ellos sigan al analizar la prueba”.
García Merino aseguró por otra aparte que otras personas deberían de estar acusadas y no los once imputados.
“Fiscalía debió haber orientado su acusación penal a otras personas que fueron los que directamente aprobaron los pagos de las estimaciones a favor de las empresas constructoras y esos eran los gerentes de obra y de la dirección ejecutiva del proyecto Rhessa. Inexplicablemente la Fiscalía dejó fuera de su acusación y persecución penal a estas personas ignoramos por qué”, denunció García Merino.
Los fiscales aseguraron que la estrategia de la defensa es cuestionar las investigaciones fiscales a efecto de fortalecer los argumentos que ellos tienen como defensa.
Agregó que “la Fiscalía realizó esta investigación por años, el proyecto no solo abarca los dos casos que se están viendo en este momento sino otros que ya fueron diligenciados y recibieron sus respectivas condenas en otras sedes judiciales”.