El juicio contra el exministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, y diez personas más por supuesta corrupción en la construcción y equipamiento de los hospitales de Usulután y San Vicente; fue reprogramado para el viernes próximo a raíz de que la defensa de uno de los procesados pidió que se extinguiera la acción penal porque los delitos ya prescribieron.
Los tres jueces del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decidieron darle tres días a la Fiscalía General, tal como lo ordena la ley, para que exponga por escrito sus argumentos por los cuales no está de acuerdo con la petición del defensor.
"Como Fiscalía General tenemos que analizar los argumentos que plantea la parte defensora y en base a esos argumentos más los elementos de prueba y de investigación que se llevan en el caso pueden pronunciarse, pero al final va a ser el tribunal el que va a decidir ha lugar o no ha lugar lo que plantea el defensor", dijo uno de los fiscales.
La decisión del tribunal sobre esa petición de la defensa será conocida el viernes próximo y luego se comenzaría con el juicio contra el exministro Maza Brizuela y los otros diez procesados, según informó la jueza presidenta del tribunal.
Lisandro Quintanilla, defensor del abogado Rolando García, dijo que "nosotros presentamos la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción".
Aseguró que "si este tribunal resuelve no ha lugar a la revocatoria (petición de extinción) se va inmediatamente a la Cámara (de lo Penal) y eso implica un efecto suspensivo. Si el tribunal acoge el recurso de revocatoria nos estaría dando la razón y aquí terminaría el tema en relación a nuestro cliente (García)", dijo Quintanilla.
García, quien fue Subdirector General de la Policía, era el representante legal de la empresa constructora CPK que habría incurrido en esas irregularidades en las construcciones de los dos hospitales, las que habrían causado pérdidas al Estado en el orden de $5.1 millones, según la oficina de prensa del centro judicial Isidro Menéndez.
Mario Machado, defensor de Maza Brizuela, explicó que independientemente de lo que resuelva el tribunal con respecto a la petición de extinción de la acción penal, si es a favor o desfavorable; y lo sería enviado a conocimiento de la Cámara de la Ponela.
"El término para contestar vence el jueves y si el tribunal resuelve el viernes, lo tendría que mandar a la Cámara el mismo viernes y entonces tendrían que volver a suspender la vista pública porque va a estar en la Cámara", dijo Machado.
Maza Brizuela, García y los otros nueve procesados fueron exonerados de cargos por el juzgado Primero de Instrucción de San Salvador en abril de 2017.
En noviembre de ese mismo año, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador les anuló el sobreseimiento definitivo a los once imputados y ordenó que los procesados pasaran a juicio.
Ante esa situación, la defensa de los procesados acudió a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un intento porque anulara la decisión de la Cámara.
Sin embargo, los magistrados de la referida Sala declararon sin lugar el recurso de amparo.
El exministro Maza, y las otras diez personas son acusados de negociaciones ilícitas, estafa agravada, falsedad ideológica, entre otros.
La Fiscalía General asegura que los procesados habrían cometido los delitos que se les atribuye en irregularidades detectadas en la construcción del hospital de San Vicente por un monto de $1,052,043.77 y otros $4,090,052.80 en la construcción del hospital de Usulután para un total de $5.1 millones.