Apenas una enfermera a cargo de brindar atención a 56 personas de la tercera edad en el pabellón de dependientes, y más de 50 decesos en el asilo, son parte de los hallazgos que describe la Resolución Firmada del caso Sara Zaldívar SS-0228-2020, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDHH).
En junio de 2020, durante el confinamiento, la denuncia del personal del Asilo Sara Zaldívar sacó a la luz un contagio masivo en el lugar, lo cual desencadenó en una crisis sanitaria en el centro de resguardo para personas adultas mayores.
El personal de la institución se encontraba fatigado por la sobrecarga laboral y el cansancio originado por el contagio masivo de COVID-19.
Mientras, las autoridades de Gobierno, a través del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), el ente encargado de administrar la residencia, así como la instancia rectora de este como es elMinisterio de Salud, trataron de minorizar la noticia, indicando que en junio solo había reporte de 3 decesos a causa del virus.
Sobre las muertes de los adultos mayores, las autoridades competentes aún no han entregado un informe a detalle de los contagios que hubo en el lugar. Y ante la falta de respuesta de los funcionarios, la Fiscalía General de la República tiene investigación abierta desde septiembre de 2020, por posible negligencia.
LA PDDHH realizó seis diligencias a las diferentes entidades de Gobierno para obtener información sobre la situación del asilo Sara Zaldívar, pero en ninguna obtuvo respuesta.
1. DPAM yDH N° 012/2020, con fecha de 8 de junio, dirigido al Ministro de Salud, Francisco Alabí, para que verificara la condición de salud de los residentes y empleados. Además de conocer el diagnóstico de personas positivas al virus, condiciones y tratamiento. El informe debió ser rendido en 72 horas y no hubo respuesta.
2. DPAM-DH N° 013/2020, con fecha 25 junio, en el cual se daba un plazo de 24 horas al Ministerio de Salud para que informara. El requerimiento tampoco fue atendido.
3. El 24 de agosto , se hizo una nueva dilligencia PADH-0119/2020. En ella, el procurador solicitó a la directora del asilio Sara Zaldívar, Claudia Susana Barahona de Melara, informar sobre los hechos. Tampoco hubo respuesta.
4. PADH-012/ 2020 Se notificó a la presidenta del ISRI, Ligia Gallardo Alvarado, para que informara sobre lo acontecido en el asilo. Hasta la fecha no se ha obtenido información.
5. PADH-0123/2020 con solicitud para la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, en cual se pedía la información sobre los hechos y detallara las acciones adoptadas para garantizar la protección de la personas adultas mayores. El MINDL envió una prórroga porque las demás instituciones no tenían información.
6. PDAM-DH N°1520, con fecha 8 de septiembre, la PDDHH concedió un nuevo plazo por 5 días. Hasta la fecha no se ha recibido información.
Margarita Méndez, jefa del departamento del Adulto Mayor de la PDDHH, señala que no tiene duda que en otros centros de cuido de adultos mayores también hay decesos a causa de la pandemia, pero el del Sara Zaldívar ha tomado notoriedad por el alto contagio que se dio y que las autoridades ocultaron.
“Como Procuraduría tenemos registro en libros que llevaron internamente en el centro, de personas fallecidas. Hasta la fecha, donde tenemos la denuncia había unas 56 personas adultas mayores (fallecidas). Pudiesen haber sido más, pero son los registros que podríamos decir”, manifiesta Méndez.
El escrito anecdatorio al cual la PDDHH tuvo acceso es un libro de registro sobre las muertes en el asilo asociadas a COVID-19, y en el cual detallan, con sus respectivos nombres, los decesos de 42 adultos mayores, según el informe que se dio a conocer el 18 de septiembre.
Dentro de las diligencias que realizó la PDDHH, a través de llamadas telefónicas al asilo, el personal denunció que en días anteriores en el centro no se contaba con mascarillas ni más equipo de protección.
“Tenían pocos días de haber recibido las mascarillas KN95, antes de estas (elaboraron mascarillas) con retazos de tela que tenían en el área de costurería, de ropas de adultos mayores”, detalla el documento.
Agrega que los pabellones estaban en condición de precariedad debido a que no había ropa de cama, pues el servicio de lavandería se vio obstaculizado por desperfectos mecánicos de la lavadora.
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Además describe que dentro de la institución se asignaron tres zonas de aislamiento para personas contagiadas, entre estas el pabellón psiquiátrico, el centro de marcha y movimiento y la tercera las instalaciones del ISRI.
El personal que fue consultado expresó que en la institución había trabajadores contagiados y adultos mayores que fallecieron, atribuyendo los decesos al contagio por COVID-19, pero también esta no era la única causa.
Mientras que en conferencia de prensa del 12 de junio, la directora del ISRI, Ligia Gallardo, informaba que el primer contagio que se dio en la institución fue de un empleado y fue hasta el 18 de mayo que se registró el primer contagio en un residente del centro de cuido.
En la conferencia también detalló que hasta esa fecha (junio) se realizaron 800 pruebas de detección del virus, al personal de la institución y a adultos mayores.
Días antes, el 9 de junio, Francisco Alabí, como ministro de Salud, había confirmado que en la institución habían 80 adultos mayores contagiados y 3 fallecidos a causa de COVID-19.
Según el informe de Labores del ISRI 2019-2020, en el Sara Zaldívar había 218 residentes a los cuales se había realizado en cuatro meses 450 pruebas de tamizaje para la población que es atendida en este centro de resguardo.
Para el 11 de junio, la PDDHH realizó llamadas nuevamente para conocer la condición de los residentes del Sara Zaldívar. Una delegada por la Unidad de Derecho a la Salud indicó que la situación era crítica, sin especificar motivos. El personal entrevistado señaló que ese día se contabilizaron 45 nuevos casos y solo 18 estaban libres de COVID-19. “Es decir que, del total de residentes, el 91 % de los residentes era positivo al virus”, según el informe.
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En septiembre de 2020, la denuncia del personal del asilo sobre falta de medidas de prevención y nuevos contagios volvió a ser noticia, pero las autoridades seguían sin dar información a la PDDHH.
Adultos mayores despuees de la celebración del Día del Padre en el Hogar Sara Zaldívar donde se encuentran albergados cientos de adultos mayores tanto hombres como mujeres. Ubicado en Colonia. Costa Rica de San Salvador. Foto EDH. Lissette Monterrosa
Asilos sin acceso a pruebas de detección del virus
El Informe de la PDDHH detalla que hay un estimado de 30 centros de atención a población adulta mayor a nivel nacional, los cuales dan atención a 964 personas de la tercera edad. Del total de hogares, solo tres centros de cuido habían tenido acceso a pruebas de tamizaje para detección de COVID-19. Los hogares pertenecen al Área Metropolitana de San Salvador.
Y en los tres hogares reportaron un contagio de más de 70 % de las personas mayores, así como del personal de enfermería. En uno de esos hogares, de 26 personas de enfermería, 17 fueron positivas al virus.
La mayoría fue asintomática, razón por la cual el personal se vio obligado a presentarse a trabajar, tomando las medidas, por la necesidad de cuido, detalla el informe.
Aunque en todos los hogares se limitó las visitas, el virus ingresó a los centros de cuido.
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Según detalla Méndez, en cuanto a los decesos en los centros de cuido de adulto mayor, es el Gobierno y la institución que rige estos centros de resguardo quienes tienen que correr con los gastos fúnebres de los residentes.
“Toda la población que ahí se encuentra es población en estado de abandono y que no tiene ni un familiar por ellos. Y ante un fallecimiento de adultos mayores, en este contexto es el Estado el que se encarga de los gastos fúnebres”, explicó.
En junio, el ministro de Salud, Francisco Alabí, justificó la adquisición de más de 200 nichos en un cementerio privado, exponiendo que “son para el salvadoreño que no tiene para el servicio funerario”. También explicó que con dicha compra buscaba disminuir las complicaciones de contagios.
Desde junio hasta la fecha las intituciones encargadas de administrar el Sara Zaldívar se han negado a informar sobre la crisis sanitaria en el centro de resguardo, por lo tanto se desconoce si estos servicios funerarios fueron ocupados para los residentes del Sara Zaldívar.
Margarita Méndez indicó que ha habido vulneración de los derechos humanos de las personas adultas mayores, ante la omisión y negligencia de la directora del centro asistencial; la presidenta del ISRI, Ligia Gallardo; del Ministro de Salud, Francisco Alabí; de la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete; y de la jefa de la Unidad por Derecho a la Salud, Jenny Patricia López.
Todos habrían violado los derechos a la vida, integridad personal, salud, igualdad y atención preferente, a un sistema integral de cuidados en perjuicio de las personas adultas mayores residentes y empleados del asilo Sara Zaldívar.