El Salvador se encontró entre los 35 países que presentaron las crisis alimentarias más graves durante 2019, de acuerdo al informe mundial sobre las crisis alimentarias realizado por la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza internacional de organismos de la ONU, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a escala mundial.
Lo que llevó al país a incorporarse a este listado es el nivel de inseguridad alimentaria en el que vive la población de la zona oriental del país, es decir los departamentos de Usulután, Morazán, San Miguel y La Unión.
Según el informe, entre 2018 y 2019 “el número de personas con inseguridad alimentaria aumentó en gran medida debido a los efectos de sequías y lluvias excesivas, cosechas perdidas y reservas de grano bajo del año anterior”.
Entre las entidades que elaboraron el informe está la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Para determinar la situación de las personas, el informe usa la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) que se divide en cinco fases. La Fase 1 cuando hay un acceso adecuado a los alimentos. La Fase 2 es de Seguridad Alimentaria Límite, en esta se considera que ya hay una situación de “estrés”, una antesala del hambre aguda. La Fase 3 es de “crisis”, en esta existe una seria falta de acceso a los alimentos con elevados niveles de malnutrición. Las fases 4 y 5 ya se refieren a una emergencia humanitaria y a una hambruna o catástrofe humanitaria.
El informe detectó que durante 2019, hubo más de 302,000 personas que se encontraban en un estado de crisis o peores condiciones. De estas, 63,000 estaban en situación de emergencia (Fase 4 de la CIF) y 239,000 en crisis (Fase 3 de la CIF).
Las 63,000 personas en fase de emergencia vivieron con una grave carencia de acceso a alimentos, con altos niveles de desnutrición y una pérdida de sus medios de subsistencia.
El número de personas con inseguridad alimentaria aguda en crisis o peor (Fase 3 o superior) aumentó en más de 88,000 entre 2018 y 2019 en la zona oriental del país. No obstante, el informe advertía que el aumento pudo ser mayor en la zona norte del país, donde hubo una reducción en la producción, pero no se pudo realizar un estudio allí.
El informe también detallaba que la situación más crítica sería en el departamento de Usulután, donde existe una proporción más alta de la población afectada por la inseguridad alimentaria aguda. El informe estimaba que en este departamento había alrededor de 134,000 personas en situación de crisis o peor (Fase 3 o superior de la CIF).
El devastador golpe por COVID-19
Para El Salvador, uno de sus principales retos es la insuficiente producción de alimentos y dependencia de las importaciones, señala el documento. Además, su territorio está totalmente dentro de la corredor seco, que es muy vulnerable al cambio climático impactos, como una mayor frecuencia de inundaciones, sequías y tormentas tropicales.
Las entidades de Naciones Unidas señalaron, en el inicio del informe, que los pronósticos realizados para este año se hicieron previos a la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
Para El Salvador, el informe advertía que en 2020 la falta persistente de reservas de cereales, la sequía de 2019 y bajos ingresos familiares, en particular para los cultivadores de café, seguirán conduciendo a una grave inseguridad alimentaria.
El informe también pronosticaba que los agricultores y trabajadores con salario mínimo de El Salvador serían los más vulnerables a la inseguridad alimentaria, sobre todo en los hogares encabezados por mujeres. Advertía que alrededor de 100,000 personas se podrían enfrenar a una crisis o peores condiciones de hambre (Fase 3 o superior de la CIF) entre mayo y agosto de 2020.
Pero ante el impacto sin precedentes en todo el mundo del coronavirus, en los países donde ya existían personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda, los niveles de vulnerabilidad se agravarán aún más.
El informe señala el impacto en la disponibilidad de alimentos a escala mundial. La restricción de movimientos puede golpear la cadena de procesamiento y transporte de alimentos. Los hogares que dependen de la producción de alimentos, a través de cultivos o ganadería, se verán afectados.
En cuanto al impacto al acceso de los alimentos, es posible que se reduzca el poder adquisitivo de las personas ante el aumento del desempleo y subempleo. “Quienes dependen de las remesas para satisfacer sus necesidades básicas y los que cruzan las fronteras de forma regular para las actividades de subsistencia perderán sus fuentes de ingresos”, expone el reporte.
Los distintos organismos de Naciones Unidas y otras dependencias expusieron cuáles serían las principales prioridades ante los impactos socioeconómicos de COVID-19.
“Hay que tomar medidas de anticipación ahora para salvaguardar los medios de subsistencia de las personas más vulnerables y la agroalimentación conexa para proteger la cadena crítica de suministro de alimentos”, exponía.
Además se debe poner atención en la asistencia de los grupos más vulnerables.
“Ampliar la vigilancia remota de la seguridad alimentaria en tiempo casi real para proporcionar información actualizada sobre los impactos del brote en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia, la salud, el acceso a los servicios, mercados y cadenas de suministro, entre otros, para acción y mitigación”, señalaron.