Seis casos de presunta corrupción salen a la luz en primer año de gobierno

En un año, al menos cinco altos funcionarios y una ex ministra se han visto envueltos en casos de presunta corrupción. Unos han sido denunciados en el Tribunal de Ética Gubernamental y otros son investigados por la Fiscalía General de la República.

Jorge Aguilar fue destituido de su cargo como presidente de Fonaes, luego de que un medio de comunicación diera a conocer que su empresa había vendido máscaras protectoras a Salud. Foto EDH

Por El Diario de Hoy

Jun 29, 2020- 06:00

En tan solo un año de gobierno de Nayib Bukele, por lo menos cinco altos funcionarios que conforman su gabinete de gobierno han sido mencionados en posibles casos de corrupción, expuestos por medios de comunicación y luego denunciados ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el viernes que abrió investigaciones en torno a los señalamientos hechos hacia algunos funcionarios, a raíz de publicaciones periodísticas.

Entre tanto, el Gobierno solo ha separado a Jorge Aguilar Zarco, quien fungía como presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), luego de que el 17 de junio, una publicación del periódico Salud con Lupa, revelara que la empresa Insema, S.A. de C.V., propiedad de la familia de Aguilar Zarco, había vendido 100,000 protectores faciales por un monto de 250,000 dólares al ministerio de Salud.

VER: Simpatizantes del presidente Bukele son presuntamente beneficiados

Koky Aguilar, Carolina Recinos y Gustavo Escalante vinculados a compras al Gobierno. Foto Archivo

En los casos del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, el viceministro de Ingresos, José Alejandro Zelaya Villalobo y la comisionada Presidencial, Carolina Recinos Montes, el presidente Bukele se ha limitado a insinuar que es una campaña mediática de cara a las próximas elecciones municipales y legislativas, a pesar de que las publicaciones periodísticas están bien fundamentadas.

Al principio de la cuarentena, Bukele dijo en cadena nacional que en el combate a la pandemia de COVID-19 iba a fluir mucho dinero en compras o contratos de servicios y que él mismo se iba a encargar de meter preso a algún funcionario que fuera pillado en algún caso de corrupción.

La “campaña perversa”

El caso de Carolina Recinos Montes, comisionada Presidencial para Operaciones, es uno de los últimos denunciados por el periódico El Faro, señalándole de que tres de sus hermanos fueron contratados en diversas instituciones del Órgano Ejecutivo y que otra hermana fue beneficiada con crédito de más de 22,000 dólares a pesar de que no tenía capacidad de pago y que había una recomendación para que no se le otorgara el préstamo.

No obstante, el Banco de Desarrollo Salvadoreño (Bandesal), del cual Herbert Orlando Recinos Montes es gerente de fondeo y cooperación, otorgó el préstamo.

Además, el Ministerio de Hacienda le otorgó un contrato para operar una de las cafeterías, a pesar de que Susana Elizabeth Recinos Montes no tenía la capacidad operacional para proveer alimentación a los empleados de dicho ministerio.

Una hermana de la comisionada también tiene una plaza en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como cónsul en una ciudad de Carolina del Norte en Estados Unidos, en tanto que un hermano, subinspector de la Policía Nacional Civil, ocupa el cargo de jefe de seguridad del Centro Nacional de Registros, CNR. Este sábado, durante una conferencia de prensa, la comisionada Recinos se atrevió a hablar de las supuestas prácticas de nepotismo por parte de ella.

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“Es notable una agenda perversa, mentirosa, que tiene a su base el interés partidario electoral de querer figurar en las elecciones del 2021. No les importa la salud; les importa estar buscando datos y estar tejiendo mentiras”, dijo Recinos Montes, a pesar de que el medio digital El Faro documentó con todo rigor periodístico, los señalamientos hacia ella.

Uno de los más denunciados

Otro de los funcionarios que más denuncias acumula por supuestos casos de corrupción es el viceministro de Seguridad, Osiris Luna Meza, quien ha sido cuestionado por no revelar quién le pagó el vuelo en un jet privado durante un viaje oficial a México, acompañado de una persona con quien supuestamente tiene una relación de pareja y que a la vez, a la fecha que realizó el viaje, era también empleada de la Dirección General de Centros Penales.

El IAIP también ha abierto procesos sancionatorios contra Osiris Luna por no revelar información del viaje. Foto EDH/ Archivo

De acuerdo con una denuncia de Juan Valiente, del partido Nuestro Tiempo, en el TEG, Luna Meza habría violado los artículos 6 y 8 de la Ley de Ética Gubernamental por viajar durante una misión oficial, en un avión cuyo costo habría sido financiado por una empresa mexicana.

Luna también ha sido señalado de haber contratado en un puesto clave de la Dirección General de Centros Penales, a una persona que mintió al decir que tenía un título de abogado, tal como lo reveló la Revista Fáctum, el pasado 24 de enero, por ambos casos, el TEG abrió una investigación de la cual aún no se saben los resultados.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) también abrió un proceso sancionador contra el funcionario por no revelar quién le pagó el viaje en cuestión.

El negocio del socio del viceministro de Ingresos

El martes y miércoles anterior, El Diario de Hoy publicó una investigación que reveló el vínculo entre el propietario de una empresa que vendió 300,000 protectores faciales a Salud, y el viceministro de Ingresos, del ministerio de Hacienda.

José Alejandro Zelaya Villalobo, viceministro de Ingresos, del Ministerio de Hacienda, es director de la empresa en que trabajan los socios de la firma que vendió mascaras faciales por $750,000. a Salud. Foto EDH / archivo

La empresa SYGM Asesores hizo un negocio de 750,000 dólares, además de que también vendió los protectores faciales con sobre precio.

Documentos notariales revelan que entre Rogelio Cabrera, administrador propietario de SYGM Asesores y el viceministro existe un nexo empresarial; ambos son socios en la firma SCI Audit Tax Advisory.

Empleados de viceministro de Ingresos vendieron a gobierno $750,000 en protectores faciales

De acuerdo con fuentes de El Diario de Hoy, ambas empresas compartían la misma oficina en la casa 7A de la calle Arturo Ambrogi, colonia Escalón. Pero en noviembre de 2019 se mudaron sin dejar rastro.

Zelaya Villalobo no ha querido pronunciarse al respecto a pesar de que El Diario de Hoy ha insistido en gestionar una entrevista con él.

El viernes anterior, la ex ministra de Salud Ana Orellana Bendek fue denunciada por ALAC-Funde ante el Tribunal de Ética Gubernamental por haber facilitado una compra de mascarillas a una empresa del diputado Gustavo Escalante, por $344,000. Escalante fue electo por Arena, del cual renunció y ahora es defensor de las políticas de Bukele.

Conan, el doble plaza

Hasta el 18 de mayo anterior, la mayoría de salvadoreños sabía que el Secretario Jurídico de la Presidencia no recibía salario del Gobierno, pues se decía que ese cargo lo ejercía ad honorem.

Conan Castro admitió que cobra salario de otra plaza en el Gobierno. Foto EDH / Cortesía

Sin embargo, durante la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto López, el secretario jurídico admitió que el Estado le pagaba por otra plaza que tenía.

TAMBIÉN: Conan Castro, secretario “ad honorem” de Presidencia, admite que recibe salario por otro cargo

El 20 de mayo, Castro Ramírez fue denunciado por un ciudadano ante el TEG por la supuesta violación al artículo 6, litera d, que prohíbe a un funcionario tener dos o más cargos en el sector público.

El presidente de la República, ante las diversos señalamientos hacia sus funcionarios ha asumido una actitud de desacreditar las publicaciones periodísticas a las que, en cambio, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, ha prestado atención al punto de que el viernes informó que se han abierto investigaciones.

“Hemos abierto investigaciones en torno a noticias de negociaciones entre funcionarios y el Estado; es nuestra obligación legal hacerla. No se va a permitir un uso indebido de los fondos públicos”, sentenció.

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